La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer los nombres de los expertos en derechos humanos que se sumarán a las investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como parte del grupo interdisciplinario.
Se trata de Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores precisaron que el grupo de expertos independientes en materia de derechos humanos se integró después de que el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los normalistas signaron el Acuerdo de Asistencia Técnica, el pasado 12 de noviembre.
En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con ambas partes, la encargada de definir la integración del grupo de especialistas, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Dicho grupo se encargará de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y realizar el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.
A través del acuerdo, el Estado también reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Según el acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, para lo cual depósito un millón de dólares, dinero que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
Fuente: Proceso
