ONG afirman que no atender informe de ONU sobre tortura “nos hace parecer dictadura bananera”
No reconocer y rechazar las recomendaciones de órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema de la tortura hace parecer a México “una dictadura bananera”, plantearon especialistas durante el foro de la sociedad civil “Desaparición forzada de personas y tortura”.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), Adrián Ramírez López, informó que del 2006 a la fecha los casos de tortura han aumentado en un 700 por ciento, por lo que es imposible negar el problema.
También explicó que esta cifra se disparó cuando en el 2006, durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien sacó a las calles al Ejército y a la Marina para desempeñar labores de policía, lo que acrecentó la delincuencia organizada.
Ramírez López planteó que los casos y denuncias realizadas en el más reciente informe de la ONU sobre la tortura en México, “no son un artificio o elemento que pretenda desestabilizar al país, pues la tortura es real e inobjetable”.
Dijo que los estados donde se presentan los mayores índices de esta violación de los derechos humanos son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
Ante este panorama, destacó el activista, la tortura en México tiene un carácter generalizado, ya que se realiza a lo largo del país por los tres órdenes de gobierno y por servidores públicos como policías y militares. Sostuvo que la cadena de responsabilidades en todos los ámbitos permite que este fenómeno no se detenga.
En este sentido, mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favorece la tortura, ya que continúa considerando la figura de arraigo.
Destacó que la tortura ha tenido un cambio de patrón debido a que hoy en día se vive en un “narco-Estado policiaco militar”; en las detenciones, explicó, los funcionarios se deslindan de las lesiones a las personas, afirmando que son ajuste de cuentas, minimizando así el sometimiento y el uso de la fuerza.
Aseguró que la tortura prevalece y los métodos dirigidos a su eliminación son ineficaces e insuficientes, pues a pesar de que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual tiene como primordial función prevenir este delito, la realidad es que llega tarde a atender los hechos.
Por otro lado, dijo, especialistas como médicos y forenses no son capacitados adecuadamente para determinar los casos de tortura; en ocasiones, continuó, los clasifican como lesiones leves, por lo que es necesario implementar el protocolo de Estocolmo, para considerar los aspectos médicos y psicológicos, ya que muchas veces los daños se dan en la mente.
De igual manera, aseguró que la Ley General de Víctimas no previene ni brinda el apoyo a las personas que han sido violentadas porque no tiene capacidad de respuesta.
Para acceder al Fondo de Víctimas, explicó, no basta decir que fue torturado, sino cumplir con una serie de requisitos como la presentación de la sentencia de un juez que avale que fue torturado y una recomendación de la CNDH.
“Si hoy el titular de CNDH sale a decir que no hay una práctica generalizada de tortura, de acuerdo a sus cifras, yo le digo que no tiene razón, porque su mandato sólo tutela a los servidores públicos del ámbito federal y no tiene el conocimiento de las 32 entidades federativas y lo que pasa a nivel municipal, por lo que no puede determinar que en México no se practica la tortura”, concluyó.
CNDH DENUNCIA OBSTRUCCIÓN
Por su parte, el visitador adjunto de la CNDH, Enrique Zúñiga Vázquez, destacó que la dependencia encuentra dificultades para hacer sus inspecciones e investigaciones en materia de tortura, debido a que un buen número de estos casos se da en lugares donde impera el crimen organizado, como los penales.
Además, dijo, si bien varias autoridades atienden las recomendaciones para evitar violaciones a los derechos humanos, otras “no tienen la menor idea de los que están haciendo, o no tienen consciencia de los que está pasando”, lo que permite que se den casos involuntarios por falta de información, capacitación y organización.
La CNDH, afirmó, ha planteado que las recomendaciones que emitan sean vinculantes y deriven en obligaciones para las instancias o autoridades, ya que actualmente se depende mucho de la voluntad de los servidores públicos para actuar.
En su turno, la directora de Vinculación y Litigio Estratégico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Marisol Méndez Cruz, dijo que el reto es el compromiso de las instituciones de atender y dar cumplimiento a las recomendaciones del relator especial de la ONU, sobre todo cuando el Estado tiene la obligación de prevenir actos de tortura que sean cometidos por servidores públicos o particulares, investigarlos y sancionarlos, así como reparar los daños a las víctimas.
Comentó que las recomendaciones del relator están encaminadas a erradicar la tortura, basadas en 8 ejes: el marco normativo, las medidas de prevención, de investigación, las condiciones de detención, las medidas en agravio de las mujeres y menores de edad, de personas con discapacidad y de migrantes.
Mencionó que la CDHDF detectó que los fines por los cuales se comete tortura con mayor incidencia, son para obtener confesiones y fabricar delitos, así como para castigar a las personas.
Recomendó establecer una custodia a la persona en el momento de su detención, es decir, que los policías encargados realicen un llamado a sus superiores, a fin de tener un control en los tiempos que transcurren entre la detención y la puesta a disposición.
En cuanto al tiempo entre la detención y el traslado a un centro de reclusión, precisó, es necesario incorporar mecanismos tecnológicos en las patrullas, sistemas GPS y videocámaras, para tener vigilado el proceso; una vez que el detenido se encuentra en un centro de reclusión, abundó, es necesario transparentar la información, a fin de dar a conocer la hora a la que llegó y se le realice un examen médico para saber si hubo agresiones físicas o fue objeto de amenazas.
La información que se genere, apuntó, debe abrirse al escrutinio de organismos públicos nacionales e internacionales, como a la sociedad en general, para evitar tratos crueles y degradantes.
Informó que en diciembre del año pasado, la CDHDF emitió una propuesta que establece diversas políticas públicas para prevenir la tortura, la cual se ubica en 4 momentos: durante la detención, el traslado, la puesta a disposición y en los centros de reclusión.
Resaltó que la comisión ha emitido, desde su conformación, 25 recomendaciones en el momento de detención; 18 en traslado; 20 durante la puesta a disposición, y 14 en centros de reclusión.
Juan Romero Tenorio, de la asociación Pensamiento Incluyente, sostuvo que además de impulsar la iniciativa de ley general contra la tortura y la desaparición forzada, la Cámara de Diputados también debe asegurarse que las instancias que la hagan cumplir cuenten con el presupuesto necesario; de lo contrario, la norma no será útil para combatir estos ilícitos.
Recordó que, derivado del recorte presupuestal anunciado en febrero por la Secretaría de Hacienda, a la PGR se le restarán mil 199 millones de pesos. “De nueva cuenta nos limitamos en los recursos para la impartición de justicia, aunque si los haya para otras áreas”, comentó, y enfatizó que situaciones como esta evitan que haya personal especializado en el combate a la tortura.
Además de esto, subrayó que el Estado debe dar máxima publicidad a los procedimientos, sanciones e instituciones que se estipule en la ley en aras de la crear una sociedad más consciente e informada de sus derechos, mientras que el Poder Legislativo tiene que cumplir su función de contrapeso y vigilar las acciones de las instancias del Ejecutivo.
De la asociación Alto al Secuestro, Samuel González hizo un llamado a los diputados para que, a la par de la ley, se impulse el Instituto Nacional Pericial sobre Tortura que no dependa de la PGR u otra institución similar, y que tenga la capacidad de diferenciar entre tratos crueles o inhumanos y la tortura, pues precisó, tienen consecuencias distintas.
Enfatizó que “la actuación del Estado encuentra sus límites en los derechos humanos”. Si bien el modelo procesal acusatorio de 2008 ha avanzado, agregó, se tiene que ampliar el combate al abuso de las fuerzas de seguridad, y adecuar el sistema, ya que “estamos juzgando elementos que pasaron hace 20 años con nuevas reglas”, problema que causa contradicciones e impide que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Por otra parte, destacó, si bien es intolerable que el Estado fabrique pruebas para inculpar a inocentes, también lo es que organizaciones, individuos o empresas lo hagan para chantajear con reparación del daño a las autoridades, vacío legal que también debe repararse en las normas mexicanas.
Fuente: Sin Embargo
