Ningún ministro de la Corte, tampoco los consejeros electorales electos después de 2010, pueden ganar más que el presidente de la República, advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.
Acompañado del diputado Pablo Gómez, aclaró que la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), no modifica la elaboración del Presupuesto de Egresos que llegará a San Lázaro el próximo sábado 15.
“La Corte lo que decide es suspender la Ley de Remuneraciones y pedir que se haga todo el tema de sueldos y salarios, de acuerdo con la Constitución, (en concreto) el (artículo) 127, el 94 y el 75 constitucional”, dijo Delgado.
En resumen, subrayó, “sí va a haber austeridad republicana para toda la administración pública federal, y en el caso del Poder Judicial se tendrá que respetar el artículo 94”, que establece:
“La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Y aclaró que se aplicará el tercero transitorio del artículo 127 de la Constitución.
Precisó: “¿Qué es la aplicación del tercero? Que todos aquellos ministros de la Corte que fueron electos durante la vigencia de la modificación constitucional al 127 deberían estar topados por el salario del presidente de la República, y estamos seguros que los ministros, que son los primeros obligados en respetar la Constitución, se van a apegar al tercero transitorio”.
Añadió: “Ningún ministro electo después de 2010 puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República, por eso vamos a acatar lo que dice el ministro Pérez Dayan, de acatar el tercero transitorio del artículo 127 constitucional aprobado en el año 2009”.
En su oportunidad, Pablo Gómez detalló que el tercero transitorio “hace alusión a la invariabilidad de las percepciones de los miembros del Poder Judicial, y eso está en la Constitución. Nosotros vamos a respetar íntegramente el transitorio, que es la referencia a los sueldos del Poder Judicial. Esa es una decisión que hemos tomado de meses atrás y no es de ahora. No estamos eludiendo el tema, estamos queriendo su aplicación exacta. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Y todos vamos a salir contentos”.
La noche del pasado viernes 7, la Corte resolvió otorgar “la suspensión provisional” a los senadores que impugnaron la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, quienes “nunca” pidieron la citada suspensión. Y este lunes, jueces y magistrados se manifestaron en contra de la baja de salarios.
Pablo Gómez aclaró que la resolución no afectará la confección del Presupuesto de Egresos.
“No nos afecta a nosotros, Pérez Dayán lo dijo: tienen que aplicar la Constitución, ¡como si no lo supiéramos! Y así lo haremos. Nosotros no hemos variado en absoluto nuestro planteamiento. Es un planeamiento que viene de las elecciones, no viene de un tribunal ni de grupos. Hay un dictado popular para disminuir los más altos sueldos de la administración pública, y los gobernadores tendrán que bajarse el sueldo porque así lo indica la Constitución. Es un mandato del artículo 127”.
Además, los morenistas advirtieron que a todos los órganos autónomos se les aplicará el artículo 127 de la Constitución aprobado en 2009, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. A los únicos que se excluirá de reducirles el salario son a aquellos ministros y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que fueron electos en 2010, porque así lo ordena el artículo tercero transitorio de la modificación al 127 constitucional.
Al preguntarle si a los órganos autónomos sí se les aplica la disminución, respondió: “Se les aplica el 127 constitucional. Sólo al Poder Judicial y al INE”.
Luego de que los integrantes del Poder Judicial argumentaron que sus salarios evitan presiones, Mario Delgado manifestó que las alta remuneraciones “no garantizan justicia”, y una muestra de ello, dijo, fue lo sucedido en el caso Puebla, “uno de los fraudes más grotescos que avalaron cuatro de los siete magistrados electorales. Fue un cochinero la elección, ellos la avalaron y ganan más de 500 mil pesos”.
El coordinador de la bancada de Morena puntualizó que la Cámara de Diputados “acatará” el fallo, pero Pablo Gómez soltó: “ni acato ni desacato”.
–¿Desacatan la resolución? –se le cuestionó.
–Pues ni acato ni desacato. ¿De qué manera lo acatamos? Él tendrá que acatar su propia resolución. Nosotros no tenemos necesidad ni de acatarla ni de desacatarla. La vemos como un acto de un ministro en un procedimiento que se va a desahogar posteriormente en la Corte”.
Los legisladores dieron lectura a un comunicado cuyo punto cuatro advierte que la resolución “carece de motivación, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni, obviamente, los posibles daños irreparables que pudiera tener en su aplicación. También carece de fundamento, pues el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional no permite suspender una norma general dentro del procedimiento de Acción de Inconstitucionalidad”.
De igual manera, criticaron que se otorgara la “suspensión”, cuando, primero, no la solicitaron, y segundo, se está suspendiendo un acto que aún no ocurre, pues aún no se aprueba el Presupuesto de Egresos.
“El ministro Pérez Dayán no concedió la suspensión solicitada por los senadores de oposición que presentaron la acción de inconstitucionalidad, pues ellos buscaban que se suspendiera por anticipado cualquier acuerdo de la Cámara de Diputados para fijar remuneraciones, y pretendían de esa forma que se mantuvieran las del presupuesto de 2018”, sostiene el acuerdo.
Añade: “La suspensión dictada por el ministro Pérez Dayán no fue en realidad solicitada en ninguna de las dos acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Suprema Corte, sino una motivada por el mismo ministro Pérez Dayán, como si él hubiera presentado a sí mismo otra acción de inconstitucionalidad, con el evidente propósito de buscar que las remuneraciones en el Poder Judicial no se modifiquen en 2019 respecto de lo señalado en el Presupuesto de 2018”.
Finalmente sostiene que la Cámara cumplirá “con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la Federación cuente con un Presupuesto de Egresos como lo señala la Carta Magna”.
Fuente: Apro
