La Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ordenó el fin de la representación ante esa institución del abogado Juan Pablo Morillo en la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en vista de que no se encuentra habilitado para ejercer la abogacía en Florida, publica El Diario. Morillo es el mismo abogado que lleva la defensa de Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
De acuerdo con un reporte de la periodista Sandra Rodríguez, una orden introducida el pasado 18 de septiembre en el legajo del caso judicial establece que la juez Lauren F. Louis aplicó la medida luego de que la administración del juzgado notificó que el profesionista se encuentra “inactivo” para practicar en Florida.
“Juan Pablo Morillo se encuentra en ‘estatus (…) exento-no elegible para ejercer en Florida’ con el Colegio de Abogados de Florida y, por tanto, se encuentra ‘inactivo’ en el Colegio de Abogados de este Tribunal, de conformidad con la Regla 3 de las Reglas Especiales que Presiden la Admisión y el Ejercicio de Abogados”, cita la medida.
“En consecuencia, se ordena y se declara que Juan Pablo Morillo deberá ser removido como abogado de actas de la parte demandada en este asunto hasta que regrese a la condición de ‘activo’ ante el Colegio de Abogados de este Tribunal”, resuelve la orden firmada por F. Louis.
Morillo no respondió ayer una solicitud de información enviada a través del correo electrónico registrado ante la Corte para el Distrito Sur de Florida ni respondió al número presentado en el legajo del caso 1:20-mc-22829.
El defensor aparece en la misma documentación como integrante del despacho Quinn Emanuel -con oficina en la capital de Estados Unidos-, cuyo sitio electrónico señala que entre sus clientes han estado las compañías AT&T, Deloitte y Televisa, así como el gobierno de Colombia, entre otros.
La defensa que quedó al frente –a cargo de la firma Bell Rosquete Reyes Esteban, con sede en el condado de Miami-Dade-, por su parte, pidió y obtuvo también el fin de semana una extensión del plazo para responder a la solicitud de extradición, alegando restricciones de acceso al detenido por causa de la pandemia de Covid 19 y, también, el plan de oponerse a la solicitud de envío a México.
“Primero, la moción de desestimación del señor Duarte argumentará que el plazo de prescripción ha expirado en nueve de los once cargos subyacentes a la solicitud de extradición de México, lo que impide su extradición sobre la base de esos cargos”, señala la documentación introducida por los abogados.
Con la aceptación de la Corte, la defensa del chihuahuense obtuvo una extensión del 30 de septiembre al 30 de octubre para responder a la solicitud de extradición.
Duarte fue detenido por el gobierno norteamericano el pasado 8 de julio en el exterior de una tienda de autopartes ubicada en Miami; ciudad en la que, según indican los datos de la corte, vivía desde 2017.
El arresto fue posterior a la orden de extradición solicitada por el gobierno de México en diciembre de 2019, luego de que, en octubre de ese año, un juez de Control en el estado de Chihuahua le obsequió al ministerio público una orden de arresto contra el ex mandatario, por su presunta responsabilidad en el desvío de 96.6 millones de pesos perpetrado entre 2011 y 2014.
Fuente: El Diario
