Ciudad Cuauhtémoc, ubicada en Chihuahua, acumula un largo historial de desapariciones sin resolver, pero las familias de las víctimas no se resignan y exigen al Gobierno que permita a los peritos argentinos analizar los restos hallados en fosas clandestinas.
Por Martí Quintana/ EFE
El Gobierno estatal se comprometió en 2014 con los familiares de los desaparecidos a contratar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero la Fiscalía impuso “condiciones inaceptables” para firmar el acuerdo, dijo a Efe Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
Entre ellas, detalló, que las muestras a analizar serían seleccionadas por la dependencia y no se darían a conocer todos los resultados de los análisis.
“El interés de que no venga el EAAF es para decir que ya están resueltas todas las desapariciones en Chihuahua. […] Tratan de crear otra ‘verdad histórica’”, afirmó al aludir a la cuestionada versión oficial sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Y es que Ciudad Cuauhtémoc suma 351 casos de desaparecidos de los mil 698 contabilizados en todo el estado, y la mayoría sigue sin aclararse.
En tres lugares cercanos a Ciudad Cuauhtémoc aparecieron en años recientes fosas clandestinas con restos humanos.
“Son miles de fragmentos entre las distintas fosas. No se sabe a cuántas personas podrían corresponder”, dijo a Efe el investigador de Amnistía Internacional (AI) Carlos Zazueta, autor del informe “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México“.
Ante el hallazgo, los familiares de las víctimas pidieron la intervención del EAAF y el Gobierno de César Duarte firmó un compromiso para ello en diciembre de 2014, explicó Gómez, pero este jamás se concretó.
Zazueta indicó que “no se sabe cuándo se va a firmar”, a pesar de un pacto del Gobierno estatal y federal con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que los análisis se hagan “de forma adecuada”.
El Gobierno “pretende procesar los restos calcinados de estos tres lugares, pero hacen los procesos de forma cochina, y ello nos genera desconfianza sobre si están fabricando resultados”, afirmó Gómez.
Los motivos podrían deberse a un “evidente contubernio” entre autoridades investigadoras y policiales, en una región donde se han dado casos de presunta desaparición forzada tan alarmantes como el de la familia Muñoz.
En junio de 2011, un sujeto realizó varios disparos fuera del domicilio familiar y la Policía local no quiso intervenir, lo que generó un pequeño rifirrafe entre las autoridades y la familia.
Horas más tarde, aparecieron una decena de vehículos, sin distintivos, y un grupo de supuestos policías entró en la casa y se llevó a todos los hombres de la familia. Eran ocho y nunca más se los volvió a ver.
“Hay una total indolencia y simplemente dicen que están haciendo investigaciones, pero no las hacen”, remarcó Gómez al rememorar este suceso para el cual también se pidieron medidas cautelares.
Estas y otras historias alimentan la desconfianza hacia el poder en Ciudad Cuauhtémoc.
Marta Arana vio por última vez a su hijo, de 36 años, el 23 de febrero de 2010. Amante de los animales, le dijo que iba a recoger un perro que le habían regalado y nunca más apareció.
“Hicimos la denuncia correspondiente y la búsqueda correspondiente. No entendíamos la magnitud del caso”, dijo a Efe Arana, quien no descartó que fuera otra desaparición forzada.
De su bolsillo, pero acompañados de la Fiscalía estatal, incluso realizaron sobrevuelos por la zona con una avioneta sin obtener pista.
Pedir la acción del EAAF “no es por capricho”, recordó esta madre, pues este prestigioso equipo está especializado en reconocer restos calcinados y, según dijo, en “los expedientes” de la Fiscalía estatal “no hay muchos avances”.
Hasta el momento, la negativa ha sido clara: “Intentamos contactar al Gobierno de Chihuahua, a la oficina del Gobernador y del Fiscal, y no recibimos ninguna respuesta, no pudimos entrar en diálogos ni por carta”, aseveró Zazueta.
Para Gómez, es una muestra más de la falta de Estado de derecho en un país que acumula más de 27 mil desaparecidos en la última década.
Este jueves familiares y entidades civiles tuvieron un encuentro con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y este les prometió que se protegerían los restos a analizar hasta que no se llegue a un acuerdo entre las partes.
“Fue una buena reunión y parece que el Gobierno federal y de Chihuahua avanzan en las discusiones de incorporar el EAAF. Esperemos que esta voluntad se concrete en los próximos días o semanas”, señaló Zazueta.
Efe contactó a la Fiscalía del estado de Chihuahua para obtener su versión, pero no respondió a la solicitud de información.
Fuente: EFE
