Los gobiernos de Chihuahua, incluido el de César Duarte, se preocuparon más por negar el grave problemas de las desapariciones de personas que por asumir estrategias y protocolos de búsqueda, o al menos apoyar a los familiares en sus denuncias e investigaciones. Como resultado, el municipio de Cuauhtémoc ocupa el primer lugar nacional en incidencia de ese delito y una de las pocas esperanzas de las familias para encontrar a sus ausentes es la labor de Equipo Argentino de Antropología Forense.
Por Gloria Leticia Díaz
Cuauhtémoc, Chihuahua. Guillermina Aguilar y Jesús Roberto Chávez tuvieron que esperar cinco años para reunirse con su hijo, Julián Iván, quien se “comunicaba” en sueños con su madre para que no desfalleciera en su búsqueda e informarle que estaba “en los primeros tres montones de Tamaulipas”.
Julián Iván Chávez Aguilar desapareció el 8 de marzo de 2012, luego de ser detenido por policías municipales de Cuauhtémoc cuando manejaba ebrio. El auto, un Grand Marquis 86, apareció en el corralón municipal, pero los agentes no dejaron rastro del ingreso o la salida del joven de los separos.
Después de 20 días de búsqueda y de interponer una denuncia, Guillermina recibió una llamada de su hijo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para pedirle que retirara la denuncia. Por llamadas sucesivas muy cortas, la mujer supo que Iván fue llevado a mil kilómetros de Cuauhtémoc junto con otros 20 jóvenes y que a todos se les obligó a deshacerse de sus identificaciones.
Gracias a los abogados del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Guillermina y su esposo, Jesús Roberto, lograron reactivar la denuncia que ya se había archivado en la delegación de Fiscalía General en Cuauhtémoc. Además, en 2013 se integró un expediente de búsqueda en Tamaulipas y a la pareja se le tomaron muestras de ADN que supuestamente fueron cotejadas con otros estados.
En 2014 personal de la Fiscalía en Chihuahua les sugirió que ya no lo buscaran, pues creían que “se había integrado a Los Zetas”. Entonces empezaron los sueños: “Iván me insistía en sueños que buscara en los montones. Yo vivía con la angustia de no saber de qué se trataba”, relata Guillermina en entrevista.
TRABAJO DE ANTROPÓLOGOS
En enero pasado, tras la firma de un contrato entre el gobierno de Javier Corral y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Guillermina supo dónde quedó su hijo, gracias a un diente que se le cayó a Iván cuando era pequeño y que ella guardó celosamente.
Con trabajo previo de identificación de restos en Tamaulipas, la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti, tomó el caso de Guillermina tras advertirle que usaría el diente de Iván.
Guillermina relata: “Cuando me dijeron que probablemente el cuerpo estaría en una de tres fosas comunes en Nuevo Laredo, donde se depositaron cuerpos no identificados de la época en que desapareció mi hijo, pensé: ‘¡Híjole, esos eran los montones!’ No daba crédito.
“Luego nos enteramos de que el cuerpo de mi hijo estaba en una tumba aparte. Mimi (Doretti) lo encontró porque insistió en cotejar el ADN del diente con la base de datos de la PGR. Se tardaron un mes en encontrarlo y, de acuerdo con el expediente en Tamaulipas, mi hijo falleció en mayo de 2012. Desde entonces tenían su perfil genético y por lo visto nunca lo cotejaron con el nuestro, tuvo que venir el EAAF a hacer ese trabajo.”
No es la primera vez que el EAAF colabora con el gobierno de Chihuahua. Entre 2004 y 2010, el equipo de antropólogos intervino en el proyecto de identificación de cuerpos de mujeres no identificadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, la capital del estado.
De una base inicial de 24 restos en Ciudad Juárez y 12 en Chihuahua, en 2005 el EAAF terminó por revisar 107, de los cuales pudo identificar plenamente a 26 de la ciudad fronteriza y siete de la capital. El resto, 74, siguen esperando a ser identificados.
El nuevo convenio fue parte de los compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el ex gobernador César Duarte mantenía sin cumplir desde 2014, luego de que se localizaron restos óseos en municipios cercanos a la sierra.
De acuerdo con el fiscal general César Augusto Peniche, en una primera fase el EAAF deberá procesar 60 muestras óseas en su laboratorio de ADN de Córdoba, Argentina, y las muestras sanguíneas de los familiares en un laboratorio de Estados Unidos, con la expectativa de que en 11 meses se cumpla con las fases establecidas.
La gran mayoría de las familias que esperan resultados son originarias de Cuauhtémoc, municipio que ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas, lo que reconoce el fiscal general.
EL CRIMEN EMPODERADO
En respuesta al cuestionario que se le envió por correo electrónico, el fiscal general del estado informó que, con 406 denuncias por desaparición de un total de mil 790, de 2010 a la fecha “la región occidente del estado en la que se encuentra Cuauhtémoc tiene una tasa de 110 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, pero si se considera sólo la población masculina, la tasa asciende a 202.76 personas por cada 100 mil habitantes”.
Esta localidad supera en incidencia de desapariciones incluso a la zona norte del estado, donde están los municipios fronterizos como Ciudad Juárez, donde hasta hoy la Fiscalía General tiene reportes de 741 desapariciones, 110 de ellas de mujeres, con una tasa de 46 víctimas por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el diagnóstico de desapariciones realizado por la Fiscalía, en términos generales la mayor parte de las víctimas mujeres son “jóvenes entre 12 y 17 años de edad, de ocupación estudiantes, solteras”, y como causas de su ausencia se registran “problemas familiares y ausencia por diversión con amigos y/o amigas y/o con la pareja sentimental”, aunque hay casos que apuntan a trata de personas, como indican los hallazgos de restos en el Arroyo del Navajo, comenta Peniche.
En el caso de los hombres, oscilan entre los 30 y 44 años y la gran mayoría de las desapariciones —a decir del fiscal general— “se encuentra vinculada a las diferentes modalidades de la delincuencia organizada. Tiene que ver con problemas entre rivales de bandas delictivas por el control de la droga o por los territorios para el narcomenudeo”.
Sin embargo, para Ruth Fierro, coordinadora del Cedehm —organización que ha documentado alrededor de 170 casos de desaparición en la entidad—, si bien es cierto que la disputa de las bandas por el control del territorio es un detonante, “la ausencia de búsqueda o de investigación” ha sido sin duda un incentivo de este delito, sobre todo durante el sexenio de César Duarte, quien en público y en privado negaba la existencia del problema.
Tras analizar los casos, la defensora considera que a final de cuentas el problema se resume en que “hay un excesivo empoderamiento del crimen organizado, que tiene un fuerte control sobre todo en municipios con población rural cercanos a la sierra, mantiene una estrecha colusión con policías municipales y desaparece (a las personas) simplemente porque puede”.
Esa situación se refleja, en una localidad tan pequeña como Cuauhtémoc, en los casos de Alejandra Olaya Chanez Dozal, de 16 años, desaparecida en julio de 2009, así como de Alfredo Quezada Arana, de 36, y Luis Carlos Hernández Sánchez, desaparecidos en 2010, además de Jesús Alfredo Delgado Vázquez, de 21 años, desaparecido en septiembre de 2013, o uno de los más recientes, Leonel Raúl Nájera Frescas, visto por última vez el pasado 17 de junio.
Ninguna de las víctimas tenía conexión con el crimen organizado, fueron familias quienes de inmediato iniciaron la búsqueda e investigación y —con excepción del caso de Nájera Frescas—, al obtener copias de los expedientes por intervención del Cedehm, detectaron que estaban engrosados, entre otras cosas, con solicitudes de cotejo de perfiles genéticos en otras entidades del país a las que de forma sistemática se les dio respuesta negativa, como ocurrió con el caso del hijo de Guillermina.
El Cedehm tiene otros registros en los que el crimen organizado ha hecho alarde de su poder en casos de desaparición masiva. Aunque las víctimas son trabajadores de empresas, éstas se negaron a colaborar con las familias en las búsquedas y las dejaron en abandono.
Y ha documentado un caso paradigmático de la colusión del crimen organizado con la policía municipal: ocho integrantes de la familia Muñoz Veleta, de la colonia Anáhuac, fueron sacados de sus casas por hombres armados que portaban chalecos con las insignias de la Policía Federal y se transportaban en camionetas particulares. Esta investigación forma parte de la serie sobre las desapariciones forzadas en el país, que se inició en la edición 2114 con el reportaje sobre Coahuila.
Fuente: Proceso
