Los convenios originales con Universidades en la llamada Estafa Maestra y 7 de 9 oficios de pago usados para desviar más de 185 mdp de la Secretaría desaparecieron de archivos oficiales, según una investigación del periódico Reforma
Dos convenios originales utilizados para estafar en Sedatu con triangulación de recursos en universidades y empresas fantasma desaparecieron de los archivos oficiales.
Dichos convenios contenían firmas falsificadas de dos funcionarios de la dependencia y eran reclamados por ellos para poder comprobar el ilícito de la alteración de rúbrica y deslindar sus responsabilidades de la estafa.
Reforma informó este jueves que fueron falsificadas firmas de cinco funcionarios de Sedatu para desviar al menos 600 millones de pesos con distintos convenios con universidades.
Los documentos originales hurtados son el convenio general firmado el 4 de enero de 2016 y el específico firmado el 2 de febrero del mismo año.
En el primero, la firma le fue falsificada al entonces subsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, y en el segundo, a su subordinado Armando Saldaña.
Además desaparecieron siete de nueve oficios de pago de los servicios contratados con firmas falsificadas a Saldaña.
Con esos convenios Sedatu daría 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo.
El pasado 12 de noviembre Héctor José De la O Chi, director General de Programación y Presupuesto de la Sedatu, declaró a la Fiscalía General de la República que dichos documentos no están en los archivos, al igual que siete oficios con los que se justificaron los pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos por servicios que nunca se entregaron.
Y aseguró que su antecesor en el cargo, Francisco Javier Báez Álvarez, no le hizo entrega de dicha documentación en original.
“Como lo he venido manifestando en las anteriores diligencias, los documentos originales no obran en los archivos de la Dirección General de Programación y Presupuestación a mi cargo, que éstos fueron certificados por el suscrito, de las copias que fueron certificadas por mi antecesor el licenciado Francisco Javier Báez Álvarez en fecha 6 de abril de 2017”, dijo el funcionario.
“Yo nunca recibí documentos originales relacionados con el Convenio General SEDATU-UOFIM/SOT/05/2016 con fecha 4 de enero de 2016, primer convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, con fecha 2 de febrero de 2016, primer anexo de ejecución del primer convenio específico, con fecha 2 de febrero de 2016”.
Personal de la Fiscalía, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial indagaron en Sedatu el 31 de diciembre el paradero de los documentos y corroboraron que en los acervos de la Secretaría no están los oficios de pago relacionados con dichos convenios.
En esa diligencia, tanto el personal judicial como ministerial corroboraron lo declarado por De la O: los acervos de la Secretaría no tienen siete de los nueve oficios, y los dos que hallaron eran ajenos a los pagos investigados. Es decir, usaron sus números de registro.
La entonces directora de Tesorería de la Sedatu, Martha Lidia Montoya Santos, subordinada de Báez, explicó a la FGR que para autorizar los pagos siempre era necesario contar con la solicitud del área requirente, la factura original y el instrumento jurídico.
“Contábamos con una cédula, que era a manera de control interno, en ella se vaciaban datos como si los expedientes contenían copia del convenio y/o contrato, con la explicación de que la unidad de que se tratara lo tenía bajo su resguardo; se anotaba algo que se considerara importante o verificaba en qué Cuenta Líquida Certificada se encontraba el convenio original”, detalló en su testimonio del 9 de marzo de 2018.
A pesar de la explicación de Montoya, los documentos no fueron localizados, lo que en un principio significó un inconveniente para los ex funcionarios que denunciaron la falsificación de sus firmas, pues no tenían manera de corroborarlo sin tener a disposición los originales.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los únicos originales que pudieron recuperarse son los que tenía la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, cuyo ex Rector Juan de Dios Nochebuena también ya fue procesado por ese caso.
Gracias a estos documentos, la FGR pudo realizar los dictámenes forenses de grafoscopía, solicitados por los ex servidores públicos que denunciaron la falsificación de su rúbrica.
Juan Francisco Martínez Lavín, coordinador de asesores de Emilio Zebadúa, el entonces Oficial Mayor de Sedatu, entregó en su momento los convenios y los oficios a las autoridades investigadoras, pero no en originales, sino en copias certificadas por Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto.
Báez Álvarez, brazo derecho de Zebadúa, fue consignado por la Fiscalía por la desaparición de los documentos. Conforme datos en poder de REFORMA, Báez operó desde el domicilio de Tennyson 125 la falsificación de las firmas de distintos funcionarios de Sedatu.
Confirman proceso a exrector
Un tribunal federal determinó que el exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena, debe continuar procesado por el presunto desvío de más de 185 millones de pesos de la Sedatu en la “estafa maestra”.
Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario, confirmó la vinculación a proceso del ex Rector por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de darle una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.
A Nochebuena se le imputa la subcontratación presuntamente ilegal, por la suma antes referida, de diversos servicios como el diseño de software para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que dichos servicios no fueron entregados o, en su defecto, sus entregables fueron fraudulentos, como es el caso del software y el registro.
Según el órgano fiscalizador, este padrón prácticamente es el mismo que integró el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en Tabasco, también contratado por la Sedatu, pues sus registros coincidían en más de un 98 por ciento.
La FGR presume que los servicios contratados a través de esa universidad en su mayoría no fueron entregados o, en su defecto, sus entregables fueron fraudulentos como el ya señalado.
De acuerdo con la información de las indagatorias, en este caso se utilizaron empresas de papel para simular los contratos y desviar los recursos triangulados desde la Sedatu.
El exrector Nochebuena compareció el pasado 28 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, para la audiencia de imputación.
A diferencia de otros ex funcionarios que han sido imputados, durante su comparecencia admitió haber firmado los contratos con empresas tras los convenios suscritos con la dependencia.
Estafan 167 mdp con escuela en Tabasco
Con la falsificación de firmas y el incumplimiento de lo pactado, funcionarios de la Sedatu estafaron al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSCO) por 167 millones de pesos.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2017, dada a conocer por la ASF, se confirmó que la Sedatu pactó el 16 de octubre de 2015 un convenio con esta institución por 25 millones de pesos, pero el dinero no llegó a la escuela.
Además, al funcionario de la dependencia federal presuntamente responsable del convenio le falsificaron su firma.
La Sedatu quiso comprobar el cumplimiento de servicios con un diagnóstico financiado por un banco, ajeno al propósito del convenio con la escuela. Además que acreditó presuntos trabajos hechos para la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo.
“Aunado a que se omitió supervisar la legalidad del convenio señalado, ya que el servidor público de la Sedatu, al cual pretende atribuírsele la firma, aseguró que no celebró en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el convenio señalado, presumiendo un daño de 25.52 millones de pesos”, dice la Auditoría.
En mayo de 2016, la Sedatu llevó a cabo otro convenio por 42 millones de pesos con el ITSCO, pero no fueron acreditados los trabajos pactados.
Además de que también fue falsificada la firma de un funcionario de la Sedatu para tratar de comprobar a la Auditoría el gasto, la dependencia presentó plagio de páginas de internet.
Un tercer convenio, firmado el 11 de mayo de 2016 entre la Sedatu y el ITSCO por un monto de 100 millones de pesos, tampoco pudo ser acreditado en cuanto a sus resultados por ninguna de las dos entidades.
El ITSCO subcontrató a seis proveedores para ejecutar los trabajos, transfiriéndole los recursos recibidos de la dependencia federal.
Ninguno de los subcontratados comprobó la ejecución de servicios. También en este caso fue falsificada la firma de un funcionario que no tenía facultades legales para celebrar el convenio.
Fuente: Reforma
