Tras un operativo militar no dan con el paradero de decenas de autodefensa ciudadanos en Guerrero, según denuncia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y anuncian protestas en Tixtla
Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Guerrero, afirmó a la prensa que 70 integrantes de esa guardia civil se encuentran desaparecidos tras el desarme que realizaron el Ejército y la Marina de México al inicio de esta semana.
El pasado 27 de agosto, los elementos de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a golpes y empujones contra los policías comunitarios en el municipio de Florencio Villarreal. Tras el breve conato de riña las fuerzas federales procedieron al desarme de los civiles.
Los pobladores protestaban en demanda de la liberación de sus compañeros detenidos y de la coordinadora en Olinalá detenida en un penal de Nayarit, Nestora Salgado, cuando los cuerpos castrenses les impidieron el paso, lo que derivó en el conflicto.
Tras los sucedido, Molina González informó que 70 de sus compañeros están desaparecidos por lo que adelantó que realizarán una marcha por las calles de Tixtla para exigir la aparición de sus compañeros, así como la libertad de los dirigentes Nestora Salgado y Bernardo García, y del resto de sus compañeros detenidos desde hace varios días.
“Mañana saldremos a las calles de Tixtla y la sociedad civil nos va a respaldar en la marcha”, anunció. Molina González exigió en una conferencia de prensa en el barrio El Fortín de la localidad de Cruz Grande “que el Gobierno nos diga dónde están nuestros compañeros y, si cometieron algún delito, que los juzguen conforme a las leyes”.
A la par de la denuncia del líder comunitario, José Villanueva Manzanares, vocero del gobierno estatal informó este día que se ha agotado el diálogo con los “grupos radicales expulsados de la CRAC”; el llamado es que encaucen sus acciones en el marco de la legalidad para poder continuar con la mesa de trabado iniciada a partir de esta semana.
El funcionario afirmó que los grupos civiles armados tienen que sujetarse forzosamente a las normas legales, si es que quieren actuar en sus territorios para garantizar seguridad en sus localidades, ello con base en la ley que permite la organización de los pueblos indígenas.
El martes pasado, cerca de 600 militares llegaron a bordo de varios vehículos oficiales, además de un helicóptero que sobrevolaba el área, justamente a la altura de la escuela secundaria técnica 13 “Benito Juárez” Arturo Campos Herrera, uno de los líderes de la CRAC, dijo en esa ocasión a la prensa que durante el desarme se golpearon a mujeres y niños.
“Durante el desarme golpearon a niños y mujeres, las mujeres venían apoyarnos, nosotros no vamos a ceder ni un paso más y vamos a tomar la carretera federal y exigimos que liberen a nuestros compañeros detenidos por la procuraduría de justicia”, denunció.
Además se informó que los soldados agredieron, incluso, a representantes de medios de comunicación para evitar que fueran videograbados.
Fuente: Sin Embargo
