Uno de los buques más importantes de la flota de Oceanografía, Caballo maya, que se encontraba bajo resguardo oficial, está “desaparecido”, y su ausencia pone en riesgo la reestructura financiera de la empresa.
“La embarcación Caballo Maya ha sido extraída de su lugar de resguardo, desconociendo hasta hoy su paradero, siendo que la misma es pieza clave en la estructura del convenio que permitirá reactivar a la empresa”, informó este jueves el juez federal Felipe Consuelo Soto, encargado del concurso mercantil de Oceanografía.
Caballo Maya es un moderno buque de abastecimiento y servicios petroleros que inició operaciones en abril de 2011, con 141 metros de eslora y capacidad para 300 trabajadores.
Consuelo ordenó hoy al titular de la SEIDO, Felipe Muñoz, y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que tomen “todas las medidas necesarias” para ubicar el buque y reactivar la operación de la empresa, que si bien firmó un convenio con sus acreedores, no ha logrado concretarlo por falta de capital y está prácticamente paralizada.
José Enrique Castillo Carvallo, depositario judicial de la flota, fue quien informó al juez Consuelo sobre la ausencia de Caballo Maya, construido en astilleros de Vietnam en 2010 para la empresa Marfield LTD, a la que Oceanografía debe más de 125 millones de pesos.
Según el portal Maritime Traffic, el pasado 21 de julio Caballo Maya navegaba en el Golfo de México, aparentemente con destino al complejo Akal de Pemex.
Varias referencias señalan que tanto Caballo Maya como Caballo Marango son propiedad y están siendo operados por Coastline Maritime, una empresa de Singapur.
Castillo reportó que ni siquiera ha podido acceder a las instalaciones de Oceanografía en Campeche, que están tomadas por trabajadores a los que no se les han pagado salarios desde la primera quincena de julio.
Consuelo pidió hace varias semanas a la SEIDO levantar el aseguramiento ministerial sobre los bienes de Oceanografía, ejecutado desde marzo de 2014 por un presunto fraude de más de 6 mil millones de pesos contra Banamex, pero la medida sigue vigente.
“Se está afectando no sólo a la comerciante, sino a todo el entorno social y económico que rige en la geografía de la ubicación de la empresa concursada, es decir, las consecuencias que trae aparejado el hecho de no dar celeridad y poner en marcha el convenio concursal, y continuar con un aseguramiento que a la fecha afecta a más de 14 mil trabajadores”, afirmó hoy el juez.
El convenio con acreedores aprobado por Consuelo en mayo pasado requiere un “financiamiento de emergencia” de al menos 76 millones de dólares, que no ha ocurrido.
Según los administradores del SAE, están pendientes algunos pagos por servicios prestados a Pemex, por lo que el juez ordenó que, de recibirse los fondos, se usen para pagar liquidaciones de trabajadores despedidos, y salarios de los que siguen activos.
Fuente: Reforma
