Unas 250.000 personas han sido desalojadas o pueden serlo próximamente en 12 ciudades de Brasil debido a las obras de infraestructura realizadas para albergar la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, según calculan activistas.
La Articulación Nacional de Comités Populares para la Copa del Mundo, el movimiento brasileño que protesta contra el impacto negativo de los dos mayores eventos deportivos internacionales en el contexto económico y social del país, acentúa que las obras no son solo para los propios estadios, sino que también incluyen sus alrededores, los medios de transporte, instalaciones para telecomunicaciones y otros elementos de las ciudades. Puntualiza que los desalojos forzosos afectan sobre todo a los grupos socialmente excluidos, los migrantes y residentes de favelas y otros asentamientos informales.
Hay un objetivo explícito de expulsar a las claes bajas fuera de los centros de las ciudades que son sedes del Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016, comentó Nelma Gusmão de Oliveira, de la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahia (UESB), al diario digital argentino ‘Infobae’. “Se trata de una clara ‘limpieza social’. Las obras son pensadas intencionalmente para construirse exactamente sobre los terrenos ocupados por barrios pobres y favelas. Una vez que los habitantes del lugar son desalojados, no son reubicados en zonas cercanas como está previsto por la ley, sino que son expulsados a barrios alejados, hasta 60 kilómetros de distancia de sus hogares”, afirma Oliveira.
Según la experta, las intervenciones en los barrios acomodados afectados por los proyectos de infraestructura, en cambio, han sido mucho más cuidadosas. Se intentó evitar demoliciones y generar el menor trastorno posible a los moradores. Es un contraste muy fuerte frente a la mayoría de las situaciones que se han desarrollado en favelas, denuncia la Articulación Nacional. Sus residentes sufren graves violaciones de sus derechos, como la falta de notificaciones y las demoliciones nocturnas. Cuando los habitantes desalojados no aceptan ser reubicados, el Estado les ofrece una compensación monetaria que ronda los 2.200 dólares, muy por debajo del valor de mercado de su vivienda original, lo que los imposibilita a comprar otra propiedad en las favelas de las inmediaciones.
La organización Amnistía Internacional también ha reconocido la existencia de la tendencia a la ‘limpieza social’ en Brasil. Calificó los desahucios de “innecesarios” y aseguró que en el caso de Río de Janeiro, donde han tenido lugar más de 38.000 desalojos, los Juegos Olímpicos 2016 han servido simplemente de “excusa”.
Fuente: RT
