El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Manuel Vivanco, emplazó a Arely Gómez, titular de la PGR, a dar a conocer los nombres de las “30 mil personas cuyo paradero se desconocía y han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las procuradurías de justicia”.
En vísperas de que Gómez cumpla dos meses al frente de la PGR, el defensor urgió también a la funcionaria federal a concluir las investigaciones de las ejecuciones en Tlatlaya y la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, “dos gravísimas atrocidades que ocuparon los titulares de los medios de comunicación en el mundo”.
Asimismo, José Miguel Vivanco hizo un llamado a Arely Gómez a “impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los casos de presuntas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, y asegurar que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a los avances en esas investigaciones, y garantizar que los perpetradores de abusos sean llevados a la justicia”.
En una carta dirigida a Gómez González fechada en la sede de HRW en Washington, Vivanco hace un recuento de algunos de los tropiezos de la PGR para abordar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, como los mencionados, que “no se trata de incidentes aislados sino que reflejan un patrón mucho más generalizado de abusos” documentados por la propia HRW y otras organizaciones en los últimos años.
En la misiva recuerda que en sus primeras declaraciones como procuradora Arely Gómez “se comprometió a trabajar en protocolos de investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como en continuar investigando la desaparición de los estudiantes en Iguala y el caso de Tlatlaya”, además de hacer “hincapié en el problema de la tortura del país”.
Tras advertir a la funcionaria que “para que México pueda superar la crisis de derechos humanos que atraviesa actualmente es indispensable que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas”, el director de HRW para las Américas apunta que “la inadecuada respuesta de la PGR ante casos de desapariciones se hizo evidente con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala”.
El activista cuestiona que hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya informado cuántas de las 22 mil personas desaparecidas o extraviadas desde 2006, reconocidas en agosto de 2014, sean casos de presuntas desapariciones forzadas.
Al resaltar que en 2013 HRW presentó un informe que documenta 250 casos de desapariciones, 149 de ellos identificados como desapariciones forzadas, Vivanco retoma que la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) ha emitido 13 recomendaciones sobre desapariciones forzadas y que tiene “evidencias de la probable participación de agentes del Estado en otros 600 casos” registrados desde 2006.
De los “resultados sumamente limitados” del gobierno federal para abordar las desapariciones, Vivanco hace referencia al acuerdo de la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) con el Comité Internacional de la Cruz Ruja (CICR) para crear una base de datos de personas desaparecidas y no identificadas, sistema que hasta agosto de 2014 “no estaba funcionando bien”.
El defensor también destaca en la carta los resultados de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que hasta enero de 2015 tenía 435 expedientes de búsqueda, que equivalen a 621 personas, de las que “solamente había encontrado a 102 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas”, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas.
De la actuación de la Unidad, Vivanco critica que desde su creación en junio de 2013 “no había logrado ninguna condena por desapariciones desde 2007”.
En cuanto al tratamiento que la PGR ha dado a casos de ejecuciones extrajudiciales, como el de Tlatlaya y el de Apatzingán, Michoacán, agrega que “no ha sido mejor” que en el de los desaparecidos de Iguala.
Del primer caso, Vivanco resalta que mientras la recomendación de la CNDH identificó que de las 22 personas que murieron en el operativo militar sólo 12 habían sido ejecutadas por soldados, por este caso únicamente fueron consignados ante la PGR siete elementos y un teniente por la muerte de ocho personas, en tanto que “la investigación aún no ha identificado a todos los militares implicados en el encubrimiento”.
Sobre la presunta ejecución en enero de este año de 16 personas en Apatzingán, operativo atribuido a agentes de la Policía Federal (PF), el defensor lamenta que haya sido hasta el 18 de abril que la Comisión Nacional de Seguridad haya dado parte a la PGR del “uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad” de sus subalternos, y que hasta el lunes 20 el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, haya solicitado a la procuradora Gómez que abriera la investigación.
En su carta, Vivanco retoma las conclusiones del relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, y señala que al igual que en los casos de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, “la regla es que las torturas queden impunes. El gobierno ha informado sobre apenas cinco condenas por tortura entre 2005 y 2013”.
El activista añade en la misiva que el caso Tlatlaya es también un ejemplo de la generalización de esa práctica, tal como lo indica Méndez, ya que las tres sobrevivientes de la matanza fueron víctimas de tortura por parte de policías del Estado de México “para obligarlas a que confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsable de las muertes”.
Luego reprueba que hasta ahora “la Procuraduría General del Estado de México no ha consignado a ninguno de los funcionarios involucrados en las torturas inflingidas a las testigos, y ninguna de las víctimas ni sus familiares ha recibido un resarcimiento por lo abusos sufridos”, según información recibida por HRW.
Frente a ese escenario, Vivanco recomienda a Arely Gómez dar a conocer los nombres de las “30 mil personas cuyo paradero se desconocía y han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las procuradurías de Justicia”.
Asimismo, que garantice que la Unidad Especial de la PGR y que otros agentes del MP “tengan los recursos y el personal que necesitan, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de todas las instituciones federales y de los estados”, así como acelerar la implementación de bases de datos “ante mortem/post mortem que podrían aportar información clave para que los agentes del Ministerio Público impulsen investigaciones penales”,
El director de HRW también pide a Gómez González “permitir que expertos independientes involucrados en la investigación de las desapariciones en Iguala, y en cualquier otro caso en el que se requiera su intervención, realicen su labor sin interferencias indebidas”.
Después de exhortar a que la dependencia a su cargo colabore con organismos internacionales de derechos humanos, de manera particular solicita que brinde apoyo a los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para evaluar las políticas públicas con las que México espera abordar la desapariciones forzadas y en especial la solidez de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Fuente: Apro
