Se consolida un grupo de presión que busca articular a toda la oposición contra el presidente López Obrador
Al margen de los partidos políticos, aunque con el apoyo de dirigentes y militantes de éstos, sobre todo del PAN y de Felipe Calderón, se consolida un grupo de presión que busca articular a toda la oposición contra Andrés Manuel López Obrador, que por ahora se cohesiona contra el aeropuerto de Santa Lucía.
Los líderes de este grupo de presión, definido como el conjunto de organismos e individuos que buscan incidir en el ámbito público para defender sus intereses, son precisamente los que promueven los amparos contra Santa Lucía y la preservación del NAIM en Texcoco.
Se trata de viejos enemigos de López Obrador y aliados de Calderón, desde el Fobaproa de hace 20 años: Los Claudio X. González -ideólogo del sector privado el padre y “activista” el hijo-, quienes definen las acciones directas sobre el poder político, como los amparos, e indirectas a través de la opinión pública, con medios y ONG que controlan, tal como la sociología política define a un grupo de presión, del que forma parte la Coparmex, de Gustavo de Hoyos. Con los González como animadores, el Consejo General de la Abogacía Mexicana -creada por tres agrupaciones- ha promovido 147 amparos contra Santa Lucía y ya han obtenido al menos tres suspensiones definitivas.
Las dos más recientes las otorgó, el lunes, Miguel Ángel Burguete, juez octavo de Distrito en el Estado de México, el mismo que protegió, en 2018, a la trasnacional española OHL-Aleática para no pagar una multa de 38.3 millones de pesos por irregularidades en la operación del Viaducto Bicentenario.
La otra suspensión la concedió el magistrado Jacob Troncoso Ávila, quien fue secretario de los magistrados Alfonsina Berta Navarro y Flavio Galván en el Tribunal Electoral. Y fue en respuesta a este fallo que López Obrador amagó, el viernes 13, con revelar la identidad de los promotores de los amparos.
No es aceptable que López Obrador, ni nadie, pretenda cohibir el derecho de amparo e intimidar a los jueces para que lo nieguen, aun si las motivaciones son facciosas, como las del colectivo #NoMásDerroches, cuyas organizaciones han sido afines a Calderón. Por ejemplo, uno de los promotores de los amparos es Juan Gabriel Morera Mitre, hermano de María Elena, la activista de Causa en Común que avaló la política de guerra de Calderón y cuyo hijo, Juan Pablo Galindo Morera, fue acogido por Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.
El muchacho, sin ninguna experiencia, pasó de cobrar 17 mil a 97 mil pesos al mes en el sexenio, mientras que Morera recibió, sin tener tampoco experiencia, dos contratos por 109 mil pesos cada uno de la Cofetel de Calderón, quien ya se unió al grupo de presión de Claudio X. González.
“Es de cobardes atacar desde el poder a ciudadanos que se organizan para defender nuestros derechos”, tuiteó Calderón, sin valentía para nombrar a López Obrador y justo cuando México Libre, su partido, va al fracaso con sólo 7 de 200 asambleas y apenas 7 mil de 234 mil afiliados, un triste 3.5% de avance…
Fuente: El Heraldo de México
