La Auditoria Superior de la Federación (ASF) recuperó 13 mil 674 millones de pesos que malgastó el gobierno de Felipe Calderón durante el último año de su gestión, anunció ayer el titular del órgano fiscalizador, Juan M. Portal, al entregar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 en la Cámara de Diputados. Las recuperaciones superaron 13.6% a las de 2011, reportó Portal.
La ASF, junto con Entidades de Fiscalización Superior Locales, realizaron mil 163 auditorías, a raíz de las cuales presentaron 147 denuncias de hechos, mil 738 pliegos de observaciones y mil 768 promociones de responsabilidad sancionatoria.
Portal destacó que la fiscalización se llevó a cabo en 127 dependencias y entidades correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las 31 estados y el Distrito Federal; en 4 organismos constitucionalmente autónomos; en19 universidades públicas, así como en 190 gobiernos municipales y siete delegaciones del Distrito Federal.
Entre los malos manejos de recursos públicos, Portal evidenció los sobrecostos al erario que provocan los retrasos en la entrada en operación de las obras públicas. El órgano fiscalizador observó “de manera constante que los proyectos de infraestructura de diferentes entes presentaron modificaciones y diferimientos en los procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha, así como incrementos sustanciales en sus costos”.
El fiscal lamentó que los regímenes de beneficio definido en el Sistema Nacional de Pensiones generaron pasivos laborales que ascienden a 40.6% del Producto Interno Bruto (PIB). El tema de las pensiones “constituye uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas”, subrayó.
Asimismo, deploró que “la transferencia de recursos y funcionales a las entidades federativas y municipios no se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales”, ni que estos recursos fomentaron transparencia en las autoridades locales.
Tomó como ejemplo la no aplicación del principio de anualidad a todos los fondos y programas. En otras palabras, los entes deben de gastar los fondos hacia los programas previstos por el gobierno con apego al año calendario. Al no hacerlo, generan “subejercicios y desviaciones de dinero”, explicó Portal.
Sostuvo que los mandatarios locales y estatales desvían los recursos de los fondos federales hacia otro destino a causa de la debilidad de las finanzas de sus entidades.
“El margen de maniobra financiero de las entidades federativas puede verse limitado con los nuevos controles en los niveles de endeudamiento de los gobiernos locales, así como por la futura centralización en la Federación del pago de la nómina educativa”, agregó.
“Precarios equilibrios” locales
Portal insistió en que el modelo de fiscalización mexicano está concebido con una orientación primordialmente resarcitoria ya que sólo puede promover sanciones en el ámbito penal y administrativo ante las autoridades competentes.
Además, ante “los precarios equilibrios que existentes a nivel estatal, o el nivel de libertad y diversificación de los medios de comunicación locales”, prevalece el riesgo de que los entes fiscalizadores locales falten de independencia así como de autonomía, añadió Portal.
Así, destacó que en la cuenta pública la ASF logró recuperar 10 mil 915 millones de pesos a través de 399 auditorías. Las Entidades de Fiscalización locales, por su parte, sólo recuperaron 509 millones de pesos a través de mil 985 auditorías.
Estas cifras indican que, a pesar de un número de auditorías cuatro veces superior al de la ASF, los entes locales recuperaron un monto 21 veces inferior.
Por lo tanto propuso a los legisladores crear un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas y construir una política “más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México”.
Esa política, abundo, deberá interconectar “a nivel nacional las actividades de fiscalización, con el acceso a información gubernamental, el manejo de archivos, la evaluación, el esquema de sanciones y la asignación presupuestal de recursos públicos”.
“Los beneficios de nuestro trabajo se reflejan en la disuasión del mal uso de los recursos públicos, en la adopción de mejores prácticas por parte de los entes auditados, y la promoción de mecanismos de control efectivos que signifiquen un menor riesgo de corrupción”, dijo el funcionario.
Fuente: Proceso
