El presidente argentino, Alberto Fernández, derogó mediante decreto las privatizaciones sobre empresas de energía y centrales térmicas realizadas por el gobierno de su antecesor Mauricio Macri (2015-2019), que posibilitaron entre otros casos, ceder dos centrales térmicas mientras pretendía transferir los activos del sector energético del Estado y de sus empresas al sector privado.
El decreto firmado el 16 de junio por gran parte del gabinete, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores y Economía, Felipe Solá y Martín Guzmán, anuló varios artículos del firmado por Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren y revierte la orden de privatización de empresas como Dioxitek, Transener y las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín (Timbúes).
Esta decisión es trascendental políticamente para el país, que intenta salir del estancamiento y la gravísima situación de una virtual cesación de pagos de la millonaria deuda adquirida (unos 200 mil millones de dólares) en sólo cuatro años de gobierno de Macri, de la alianza derechista Cambiemos.
Recupera, asimismo, la gestión de Integración Energética Argentina (ILEASA y ENARSA) sobre la importación de gas de Bolivia. De la misma manera asigna a estas empresas los permisos exploratorios correspondientes a las áreas costa afuera denominadas MLO 115 y MLO116, de la Cuenca Malvinas Oeste del Mar Argentino.
El decreto de Macri ordenaba la “venta, cesión o transferencia de las acciones estatales de CITELEC (que controla Transener) donde el Estado comparte participación con Pampa Energía”.
También se instruía a la posibilidad de enajenación de Central Dique, Central Térmica Guemes, Centrales Térmicas Patagónicas, las acciones de Central Puerto, las Centrales Térmicas Patagónica, la transportista eléctrica Transpa. Además de la Patagonia, las termoeléctricas Manuel Balgrano I y II; José de San Martín (Timbúes), Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. El procedimiento de enajenación de Belgrano y Timbúes se encuentra bajo investigación judicial.
Había más aún entre las empresas que pasarían a privatización como Diokxitek, productora de suministros medicinales y energía nuclear (uranio y cobalto 60) y la ex Enarsa controlará ahora 65 por ciento de la termoeléctrica Manuel Belgrano (ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires) y el 68 por ciento de Tumbués en la provincia de Santa Fe.
Ambas plantas fueron construidas bajo el gobierno del ex presidente (ya fallecido) Néstor Kirchner desde 2005, mediante el Fondo de Inversiones Necesarias que ayudarán a aumentar la oferta eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem).
De acuerdo al diario Cronista Comercial entre las Centrales Manuel Belgrano y Timbúes generan ingresos por más de 850 millones de pesos (unos dos millones 98 mil 976 dólares) por mes, de los que unos 350 millones son en concepto de energía, para pagar costos de operación de las centrales, y otros 500 millones remuneran la potencia. El gobierno invertiría estos fondos en construir otra termoeléctrica.
El decreto de Fernández determinó que las obras públicas del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz retomarán sus denominaciones de Presidente Néstor Kirchner, la ubicada en Cóndor Cliff, y de Gobernador Jorge Cepernic, ubicada en Barrancosa que el gobierno de Macri renombró.
Otro tema importantísimo del decreto es el disponer otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de 200 millones de dólares. Macri lo suspendió en un intento de afectar al gobierno del ex presidente Evo Morales.
El Ejecutivo aclaró que para garantizar “el normal abastecimiento de gas natural” en Argentina durante el invierno, se hace necesario importar el gas desde Bolivia.
Por otra parte, a través del mismo decreto el gobierno dejó sin efecto el cambio de denominación de las obras públicas del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz que fue dispuesto en 2017.
Estas medidas avalan la decisión del gobierno actual de recuperar la soberanía nacional.
En estos días se espera una decisión sobre otro tema de soberanía que es demando por diversos sectores de la sociedad de no renovar la concesión de la llamada Hidrovía para recuperar definitivamente la soberanía sobre nuestros ríos, entregada desde los tiempos en que gobernó el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) .
Se han formado tanto en esta capital como en la zona del litoral fuertes movimientos y se han presentado al gobierno proyectos muy trabajados sobre las posibilidades de de recuperación del transporte fluvial, que es explotado por empresas extranjeras, que permiten el contrabando en ese tránsito en desmedro del Estado nacional.
Fuente: La Jornada
