Por Violeta Vázquez Rojas
Precisamente por ser parte del sentido común, estas demandas sensatas se vuelven bandera fácil de grupos de intereses que buscan preservar el statu quo económico y político a la vez que conceden un conjunto limitado y selecto de libertades a los ciudadanos.
El viernes pasado, en su conferencia matutina desde Campeche, el presidente caviló, como es su costumbre, al responder la pregunta de una reportera:
“¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal?, ¿qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales…”.
El extracto de menos de un minuto circuló por las redes sociales y noticieros, generando los comentarios predecibles de los críticos: desde quienes leían las declaraciones como una confesión involuntaria de conservadurismo, hasta quienes -como hizo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas- acusaron que el presidente estaba “totalmente desquiciado”.
Vimos, pues, la misma historia de cada semana: el presidente dice algo que va en contra del canon bienpensante, ya sea por su contenido o por su fraseo, los medios lo difunden sin proporcionar el contexto y la oposición se da vuelo confirmando lo que siempre ha querido creer. Es difícil imaginar una vía más segura y más trillada para fracasar en cualquier análisis de la realidad política.
Para empezar, los comentaristas omiten la continuación: “Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.
Este fragmento es importante porque revela que, contrario a lo que leen sus críticos (que al parecer sólo tienen una ventana de atención de 56 segundos), AMLO no desprecia los derechos defendidos por los movimientos que enlista. El comentario es sobre el uso oportunista de causas justas para omitir del debate público el tema más amplio y más crucial de la desigualdad económica generada por el sistema neoliberal, caracterizado por convertir lo público en privado, por normalizar la corrupción en las esferas altas y por perpetuar un régimen de opresión basado en el racismo y en la explotación de los trabajadores.
Un éxito de las democracias liberales es que la defensa de ciertas causas y derechos se ha vuelto parte del sentido común, y en eso llevan crédito activistas y proponentes de la lucha por los derechos civiles en todos los rincones del mundo. La igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos, la necesidad de acción ante la emergencia ambiental y el rechazo a cualquier forma de maltrato animal ya son parte del deber ser cotidiano en sociedades como la nuestra. Al mismo tiempo, se reconoce que hay un trecho largo que avanzar para hacer realidad esas demandas.
Pero ese triunfo civilizatorio dispara dos reacciones paradójicas. Una de ellas es que, precisamente por ser parte del sentido común, estas demandas sensatas se vuelven bandera fácil de grupos de intereses que buscan preservar el statu quo económico y político a la vez que conceden un conjunto limitado y selecto de libertades a los ciudadanos. La segunda paradoja es que los derechos así reconocidos se vuelven incontestables, inmunes a la crítica y quienquiera que cuestione su formulación, su enfoque o su lugar relativo con respecto a otros derechos igualmente reconocibles es acallado como conservador o autoritario.
En las últimas semanas, por ejemplo, a propósito del debate público sobre la Reforma Eléctrica, se han confrontado dos posturas: una que considera que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, y en tanto tal, la energía debería considerarse un bien público administrado por el Estado, y otra que considera que la energía es un bien privado, perteneciente a quien la genera, y que por lo tanto tiene derecho de suministrarla y venderla. En estas discusiones encontramos, de parte de un sector, una defensa férrea del derecho de las empresas a la libre competencia, pero no encontramos una línea que defienda el derecho de los individuos y las comunidades a acceder a la energía eléctrica como un derecho incontestable. Nadie dice, pues, “el derecho humano a la electricidad no se cuestiona”.
Jessica Whyte, en La moral del mercado, documenta cómo los regímenes neoliberales reconocen algunos derechos ciudadanos, especialmente civiles y políticos, pero a cambio han silenciado las exigencias de que se reconozcan el derecho humano a la vivienda, a la salud y a la educación, y que en consecuencia se dote al Estado de facultades para garantizarlos.
Entender los logros y fracasos de la 4T pasa también por entender este y otros vericuetos discursivos del neoliberalismo, que es su régimen antagónico. El tema no se va a ir de la agenda simplemente porque a los detractores del gobierno ya les cansó escuchar esa palabra.
* Violeta Vázquez Rojas Maldonado es Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Profesora-investigadora en El Colegio de México. Se dedica al estudio del significado. Ha publicado investigaciones sobre la semántica del purépecha y del español y textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje y política.
Fuente: El Chamuco
