Por Luis Javier Valero Flores
La polémica acerca del próximo período gubernamental ha adquirido otra connotación, al aportarle el hobernador César Duarte -verdadero promotor de la propuesta de dos años- un nuevo elemento: Se propone para que Chihuahua pueda tener presidente de la república, “para que dé seguimiento a los programas efectivos que estén implementándose en la entidad”, pues, dijo, “abre las posibilidades a que un mandatario estatal de Chihuahua en seis, 12 ó 18 años aspire a ser jefe del Ejecutivo federal”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 8/V/15).
Ni más ni menos que la defensa para que el gobernador chihuahuense -cualquiera que éste sea- deje el gobierno antes del término de su período a fin de que busque la “primera magistratura”.
Al contrario de una de las más extendidas posturas ciudadanas -la del rechazo al “chapulinazo”- el ballezano casi la propone oficialmente.
En caso que se aprobara empatar la elección del gobernador de Chihuahua con la elección presidencial -que es la esencia de la propuesta- el mandatario local debería separarse del cargo por allá del mes de septiembre -un año antes del término del mandato para el que fue elegido- si deseara buscar la candidatura de su partido.
¡Chapulinazo!
El otro argumento usado por el oficialismo para defender el miniperíodo es el de que los mandatarios, estatal y nacional, iniciarían juntos la administración y así no habría “desfase” en los programas.
¿Y no sería mejor, tal como está en estos momentos la ley, que se aprovechara el hecho de que el nuevo presidente de la república pudiese ser “convencido” por el gobernador chihuahuense, de la bondad de los programas y planes en marcha, y no esperar a que la nueva administración federal supere el período de “aprendizaje”, que todo mundo ubica en un año?
El gobernador Duarte cambió su postura con relación a la sucesión gubernamental. ¿Por qué? ¿Qué cambió en su percepción para proponer cosas tan diferentes a las que hizo aprobar en el pasado reciente?
Dos años y medio atrás todo era diferente. Por unanimidad, el Congreso del Estado -liderado por el hoy alcalde juarense, Enrique Serrano, ya desde entonces uno de los más serios aspirantes- aprobó una reforma política que proponía empatar las elecciones de alcaldes y diputados, de mitad de sexenio estatal, con la elección presidencial -para ello acortaba, por única vez, el mandato de aquellos a dos años- y la elección de gobernador con la de mitad de sexenio federal, para lo cual ordenaba que, por única vez, el mandato del siguiente gobernador sería de cinco años.
Pero a inicios de febrero de 2012, cuando Duarte la presentó al Congreso del Estado, propuso que el mandato de alcaldes y diputados se alargara ¡a 4 años!
Ante el rechazo del blanquiazul, y en el ánimo de una aprobación unánime, el gobernador retiró su propuesta y se aprobó tal como la conocemos.
¿Por qué entonces no propuso el acortamiento a 2 años?
¿Aún no se apreciaba el término de su gestión y -en febrero- aún no se tenía la certeza (existía una cierta confianza en el triunfo del PRI, pero se advertía el lento pero firme crecimiento de la candidatura de López Obrador y el PAN aparecía descartado de la contienda presidencial) que hubiese un presidente de la república y que, por tanto, en la designación de candidato del PRI a la gubernatura tenía “mano” el mandatario local?
Bueno, pues el presidente es el priista Enrique Peña Nieto y no fácilmente se superan las formas del pasado.
¿Acaso ha habido otra forma para designar a los candidatos del PRI en Chihuahua, a todos los puestos de elección popular? ¿No ha sido el gobernador, “primer priista del estado”, el que los ha palomeado?
¡Ah, es que “el partido” resolvió las candidaturas!
¿Se pretende empatar la elección de gobernador con la presidencial? Pues dejen recordarles que en esas elecciones, salvo la del 2012, de las recientes, las de la plena competencia electoral, bajo la conducción de órganos electorales sin la hegemonía (por lo menos oficialmente) del priismo, el PRI local ha obtenido las más bajas votaciones?
¿Están apostándole a que la elección presidencial arrastre el voto para el candidato priista del 2018? Pueden estar haciendo mal las cuentas. Si los procesos políticos, y los electorales continúan así, es probable que la contienda presidencial del 2018 se resuelva entre el PAN y la izquierda, con el agravante que esa elección arrastrará a las otras y quien gane la presidencia estará en mejores condiciones de llevarse más gubernaturas, diputaciones federales, locales, alcaldías y legislaturas locales, salvo fenómenos locales, aislados y esporádicos.
Usar todas las argumentaciones anteriores tiene una sola explicación: No hay justificación, más allá de lo estrictamente político-partidario, para disminuir aún más el siguiente período gubernamental.
Vamos, el mismísimo Gobernador Duarte no lo tenía en el pasado, de ahí su propuesta de alargar los períodos de los alcaldes.
Y el argumento del ahorro en número de procesos electorales y por consiguiente económico, no resiste el menor análisis. De aquí al 2021, si se aprueba el miniperíodo, tendríamos una elección más de gobernador que si se mantiene el período de 5 años. Aprobarlo implicaría un costo de 800 millones de pesos más. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 8/V/).
En ambos casos ya estarían empatados los procesos electorales estatales con los federales.
¿Entonces, cuál es la explicación?
No nos dejan más opciones que la especulación y al dar margen a ello quienes salen más mal librados son los actuales gobernantes de Chihuahua. Es de tal magnitud la desinformación que una buena parte de la población cree que en el fondo subyace la pretensión de prolongar el mandato del Gobernador Duarte dos años más.
Ha calado tanto que hasta la columna GPS, de El Diario de Chihuahua (8/V/15) lanzó la idea de que podrían realizar una modificación constitucional para darle cauce a tan desmesurada hipótesis.
No se puede, por el momento; para hacerlo debería modificarse la Constitución federal.
Pero otros, más informados, sostienen que se pretende pavimentar el camino para que alguien del grupo gobernante -por supuesto ligado a Duarte- pudiera convertirse en el gobernador del miniperíodo, en lo que sería la continuación, de facto, del actual gobierno estatal, para lo cual deberían obtener la aprobación del Presidente Peña, a fin de que éste declinara de uno de sus principales privilegios no escritos, el de designar los candidatos de su partido a las gubernaturas, bajo la promesa de Duarte de operar eficientemente los procesos electorales.
Para tener abierta esa posibilidad su partido tendría que obtener, por lo menos, 8 triunfos en el actual proceso electoral, de ahí que desde Palacio de Gobierno se confíe tanto en que el PRI obtendrá ¡9 de 9 distritos!
El problema es que aún si así fuera, se antoja lejano que Peña decline a la posibilidad de contar con un gobernador, en Chihuahua, más cercano a él, o a alguno del gabinete que se haya inscrito en la lucha presidencial.
No la tienen fácil. La extendida percepción ciudadana que la pretensión es del Gobernador Duarte es un elemento más de rechazo a los candidatos del PRI.
Y encima de ello, la abierta oposición (como en el caso de los diputados Teporaca Romero y Eloy García Tarín) o en la probable de Daniel Murguía y Arturo Licón (hermano y concuño del ex alcalde Héctor Murguía, serio aspirante a la gubernatura) y hasta del diputado Jesús Díaz Monárrez, también cercano a Murguía, querría decir que la propuesta de Duarte-Aragón no tiene viabilidad, ya que no tendrían 22 votos, la cuota necesaria para aprobar la reforma constitucional propuesta.
Estaríamos frente a una seria división en el PRI. Porque nadie puede desestimar las declaraciones de Romero y Tarín, pertenecen a grupos políticos importantes del priismo local, más en el caso del segundo, y tal y como se aprecia la actual contienda, el PRI está urgido de la participación de todos sus actores para obtener más de 5 triunfos.
A diferencia de las visiones optimistas al interior del grupo gobernante, pareciera consolidarse la percepción que el PAN podrá ganar en los distritos 03 de Juárez, 05 de Delicias y 06 de Chihuahua, pero las campañas del PRI no prenden en el 04 de Juárez y el 08 de Chihuahua.
La preocupación en los mandos medios de la campaña del PRI está al rojo vivo, reportan que han encontrado gran rechazo de la base priista a participar en la campaña, a grado tal que hasta para obtener representantes de casillas han batallado, pero en el distrito 08, que tradicionalmente el PRI ha tenido la ventaja, magra, pero ventaja al fin y al cabo, pareciera que las distancias se han acortado y en estos momentos, dicen protagonistas de uno y otro bando, se acortaron y existe un empate.
Bueno, pues si es un empate a cuatro semanas de las elecciones, con las curvas de las preferencias encontradas, querría decir que la panista Rosy Baray terminaría ganando ese distrito. Si así ocurriera, los resultados serían extremadamente favorables para el panismo, 4 de 9 distritos.
Y si la catástrofe del PRI llegara al distrito 04, la noche del 7 de junio sería extremadamente larga para el grupo gobernante.
Son muchos los errores, que se aprecian hasta en los detalles más nimios. En la iniciativa presentada por Hortensia Aragón y Rodrigo de la Rosa proponen la modificación “por única vez” de la duración del mandato del gobernador a dos años.
A renglón seguido exponen las fechas de inicio y término del siguiente período, que adelantan en un mes a las que hasta ahora son vigentes, pero no proponen la modificación de los artículos constitucionales que precisan la duración del mandato del gobernador, así como la fecha de toma de posesión y fin del mandato, para todos los períodos gubernamentales.
Pequeña cosa, en el supuesto que así se aprobara, y no se modificaran los artículos constitucionales, el siguiente gobernador terminaría el 3 de septiembre de 2016 y el sucesor iniciaría ¡el 4 de octubre de 2016! ¡Un mes sin gobernador!
Y les pagamos 100 mil pesos mensuales, más los arrimadijos.
Son de una incompetencia que da terror.
