La Secretaría de Gobernación informó que , a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en el intento de cruce de la frontera con Estados Unidos este domingo.
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— Nadie dice nada (@_En_Mexico) November 25, 2018
En un comunicado, la dependencia dijo que, en coordinación con autoridades de Baja California, logró contener al grupo de casi 500 migrantes que, de manera violenta, intentaron cruzar la fronter, en el paso de El Chaparral, Tijuana.
Asimismo, señaló que dichos actos, lejos de ayudar a los objetivos de los migrantes, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza.
Respecto a la reacción de las autoridades estadunidenses para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, esta dependencia afirmó que no se reportan heridos por arma de fuego.
A través de la Segob, el Gobierno de México informó que, pese a la magnitud de esta situación y conforme a su política interna de respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de la migración, nuestro país no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema.
No obstante, reforzará los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
La dependencia detalló que hasta este día, el número de personas que conforman la llamada caravana migrante es de 8 mil 247. De estas, 7 mil 417 se encuentran en el estado de Baja California, ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana.
Agregó que, de los 830 centroamericanos adicionales, 424 se encuentran ubicados en el albergue de Tláhuac, en la Ciudad de México; 253 transitan por Sinaloa hacia Sonora; y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del país.
En este contexto, cerca de 2 mil centroamericanos que integraban las distintas caravanas han obtenido el apoyo del INM para su retorno voluntario asistido.
En el documento, el gobierno reiteró su exhorto a los extranjeros en tránsito para que se acojan a los beneficios de regularizar su situación migratoria y acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como trabajo formal, acceso a servicios de salud y educación pública, entre otros.
Fuente: La Jornada