El secretario de Salud estatal, Ernesto Ávila, dio a conocer que desde hace dos años hay una denuncia penal ante la PGR por el uso de medicamentos oncológicos falsos que fueron administrados a pacientes del Centro de Oncología del estado, reporta Proceso.
Sergio Piña Marshall fue el primer secretario de Salud del exgobernador César Duarte y, antes de dejar el cargo, denunció esa anomalía que ahora se robustece con nuevos elementos, mismo que ya se han presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ávila Valdez destacó que la situación es igual de crítica y grave que la denunciada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en aquella entidad.
“Por supuesto que sí (encontraron anomalías en el uso de medicamentos para tratamientos oncológicos), de esa gravedad (de Veracruz). Nomás les voy a decir que sí, es una investigación que tenemos, hay una denuncia y en su momento, cuando se den los resultados, se los daremos a conocer”, dijo en rueda de prensa.
“Era para pacientes con cáncer en el Centro de Cancerología donde se detectó ese asunto desde mediados de la administración anterior. Hay denuncia, está en la PGR. Así como en Veracruz, son medicamentos oncológicos, inyectables. Sí hay (irregularidades) y sí lo vamos a sacar”, detalló al preguntársele el estado de revisión de la dependencia.
El médico militar dijo que aunque no puede decir la afectación a las personas que dependían de ese medicamento, consideró que se trató de un crimen esa irregularidad.
“La afectación fundamental no es por el producto en sí que te haga daño, sino por el efecto que no te da. Es como si te pones tú una inyección del agua destilada, a lo mejor no te hace daño a tu salud, pero no te cura la enfermedad. Si te doy en lugar de una tableta de aspirina, una de talco, no te hace efecto. A lo mejor no te hace daño pero no te hace el bien que se busca con ese medicamento. Aparte de ser un delito por el robo del medicamento, por sobreprecio, es un delito porque está dejando sin cura al paciente que lo requiere”, explicó.
Ávila refirió que han estado trabajando en la documentación de información y evidencias que permitan presentar las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes, para que se castigue a quienes con fines de lucro jugaron con la salud de los chihuahuenses.
En el periodo de Piña Marshall, el colaborador y paisano de Duarte, Pedro Genaro Hernández Flores era director del Comité de Administración en la dependencia de salud, al mismo tiempo que era director del Seguro Popular.
Luego, a partir del 1 de noviembre de 2014, fue nombrado secretario de Salud con una serie de señalamientos en su contra por la adjudicación de licitaciones de medicamentos, productos de laboratorio, servicios subrogados, equipo y material médico, entre otros.
Entre esas revisiones, localizaron la denuncia de 2013 que presentaron también ante la FGE por la adquisición de medicamentos falsos para el tratamiento oncológico.
Sin embargo, el portavoz de la FGE Carlos Huerta dio a conocer que no cuentan con dicho expediente, ya que seguramente fue presentado sólo ante la PGR.
Entre 2014 y 2016, médicos y otro personal del sector salud presentaron por lo menos cuatro denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La primera fue interpuesta el año pasado por el conflicto de intereses entre las empresas farmacéuticas y el entonces gobernador priista César Duarte, debido a que compartían domicilio fiscal al mismo tiempo que se les favorecía con jugosas licitaciones (WEB 6613).
La segunda denuncia (WEB 86560) fue presentada en julio pasado en contra de Hernández Flores por haberse ostentado como profesionista sin serlo. Los quejosos piden que se le castigue conforme al Código Penal Federal, que establece que es delito que un funcionario se atribuya el título profesional sin tenerlo, según el artículo 250.
La denuncia indica que “el secretario de salud de Chihuahua se ostenta públicamente como profesionista, sin embargo, no existe dato alguno de su cédula y/o título profesional en el Registro Nacional de Profesiones. El viernes 24 de julio de 2015 se ostentó como doctor en la página oficial del gobierno del estado (vivechihuahua.gob.mx), mientras que cinco días después se ostenta como licenciado”.
Otra denuncia es la WEB 48631, en la que denuncian que desde el segundo semestre de 2013 la Secretaría de Salud adquirió con recursos federales un equipo de angiografía para el hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.
El angiógrafo fue entregado por la empresa General Electric en diciembre de 2013, por el que se pagaron más de 20 millones de pesos, pero el aparato fue guardado en el Hospital General de Chihuahua Salvador Zubirán, donde permanece sin ser instalado en ningún nosocomio.
La queja fue presentada contra Duarte Jáquez, Pedro Hernández y Rosa Isela Gaytán Díaz, así como Víctor Manuel López Lozano, entonces director administrativo de la Secretaría de Salud, y Antonio Navarrete Jurado, exdirector de Planeación de la Secretaría de Salud.
“Según reportes publicados por la Auditoría Superior de Chihuahua en su página de internet, la Secretaría de Salud estatal declara gastar aproximadamente 10 millones de pesos al año en subrogación de cateterismos cardiacos financiados mediante el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos manejado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
“El monto devengado por este concepto en Chihuahua de un solo año es suficiente para financiar la compra e instalación de un equipo propio en cualquiera de los hospitales acreditados para mejorar urgencias cardiovasculares”, se agrega en la denuncia.
En el perfil de Facebook de la dependencia, difunden: “Haga cuentas usted: más de 20 millones de pesos anuales gastados entre Secretaría de Salud, Pensiones Civiles del Estado e Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua; 20 millones de pesos pagados a hospitales como Christus Mugueza (donde operaron al exgobernador luego del accidente en helicóptero) cuando se mantiene en la bodega del Hospital General un equipo que costó esa cantidad y que eliminaría ese gasto durante al menos cinco años”.
La denuncia coincide con la que el año pasado hizo personal médico del Hospital General Salvador Zubirán de la ciudad de Chihuahua a Apro, en el sentido de que el aparato costó de 22 millones de pesos y lo compraron en 32 millones, porque todo lo adquieren a través de intermediarios.
Otras irregularidades son la creación de empresas que compartían domicilio fiscal con negocios de César Duarte y otro de sus colaboradores cercanos, el diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, concretamente en Periférico de la Juventud 8725.
Las empresas eran Ymmarsa Pharmacéutica SA de CV y Servicios y Atenciones Médicas K, que están ligadas a la cadena de farmacias que creció considerablemente el sexenio pasado, Economik, y que una vez que se hizo pública esa irregularidad, desaparecieron y fueron absorbidas por el empresario Eduardo Almeida Navarro, quien es otro de los favorecidos con grandes licitaciones en el gobierno de Duarte Jáquez.
Fuente: Proceso
