El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, se reunió con padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, quienes denunciaron la “grave situación de impunidad, violencia y corrupción” que se vive en Guerrero.
Previamente el funcionario de la ONU sostuvo reuniones con activistas, familiares de desaparecidos de Iguala, Chilapa, Acapulco y Chilpancingo, y periodistas. Ellos advirtieron que los niveles de incidencia delictiva registrados el año pasado superan la estadística de 2012, periodo considerado el más violento en la última década.
Michel Forst también tuvo un encuentro privado con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la sede del Poder Ejecutivo, al sur de esta capital. El funcionario estatal le presentó un informe sobre las medidas cautelares que brinda el gobierno de Héctor Astudillo a defensores de derechos humanos, sin especificar cuántos son y en qué consiste la medida de protección.
Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, consideró que los activistas y periodistas que denuncian “las corruptelas y atrocidades” de las autoridades civiles y castrenses en la entidad, han sido blanco de amenazas, campañas de desprestigio, persecución, espionaje telefónico y estigmatización, e incluso han sido asesinados.
El balance es funesto, indicó el reconocido antropólogo, luego de señalar que no hay investigaciones para determinar el origen de las agresiones y castigar a los responsables.
Por el contrario, dijo, se ha creado un ambiente adverso para el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos en Guerrero.
Barrera Hernández consideró que la impunidad “es la señal más devastadora” que confirma que la sociedad vive en una de las entidades más peligrosas del país, donde los poderes fácticos, como el crimen organizado, han asumido el control de las instituciones, impidiendo que se pueda trabajar en defensa de los derechos de la población más desprotegida.
Fuente: Apro
