Consuelo Morales Elizondo, presidenta de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), denunció el hostigamiento del que ha sido objeto el obispo de Saltillo, Raúl Vera, de parte del gobierno de Coahuila.
El organismo establecido en Monterrey expuso que el sacerdote y activista ha padecido una campaña difamatoria de parte de la gestión del priista Rubén Moreira.
“Los ataques en contra del obispo, incluida una campaña orquestada para dañar su credibilidad, parecen tener como única causa su defensa de los derechos humanos y su convicción de que los perpetradores de atrocidades en Coahuila deben comparecer ante la justicia”, dijo Morales Elizondo.
Junto a Vera también reciben presión en forma de persecución política otros defensores de derechos humanos que han presentado, en conjunto, una denuncia ante la Corte Penal Internacional, por delitos cometidos en Coahuila, que pueden ser perseguidos por el Tribunal de La Haya.
“El pasado 5 de julio, un grupo de prominentes defensores de derechos humanos de Coahuila, acompañados de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, presentaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una pormenorizada denuncia respecto a una serie de delitos cometidos en Coahuila que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, expuso la hermana Consuelo en un comunicado difundido el miércoles.
En lugar de emprender actos de represalia contra los activistas, la administración de Moreira debería actuar para impedir que se cometan más delitos en el estado y remediar la situación de violencia que ahí se vive, dijo la fundadora de Cadhac.
“Pedimos al gobierno de Coahuila que cese de inmediato su hostigamiento y cualquier otra forma de presión o represalia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y que concentre sus esfuerzos en resolver la crisis de seguridad y derechos que se vive en la entidad”, añadió.
En meses pasados, Vera López denunció que las áreas de seguridad y procuración de justicia de esa entidad norteña de México han provocado una sensación generalizada de terror para mantener controlada a la población.
Posteriormente, el mismo activista fue citado por las autoridades coahuilenses para que declarara sobre algunos casos de curas pederastas que, afirmó la autoridad, Vera había denunciado públicamente.
Apoyo de la sociedad civil
Por su parte, en una carta pública integrantes de la sociedad civil también expresaron su repudio a las declaraciones del gobernador de Coahuila sobre a tardanza del obispo Raúl Vera López, en denunciar a sacerdotes por el delito de pederastia, lo que ocasionó que se sustrajeran de la justicia.
En la carta que incluye 216 firmas de apoyo al prelado, los inconformes señalan que las declaraciones de Moreira se dieron en el marco de una persecución legal y de criminalización mediática contra el obispo, derivada de la comunicación que presentó, en conjunto con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad ocurridos en Coahuila durante los últimos ocho años.
“Entendemos que ante la incapacidad de investigación que caracteriza a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, el señor Moreira Valdez se encuentre molesto porque con esa incapacidad será muy difícil dar con los presuntos responsables y esto puede afectar más sus estadísticas en materia de justicia y frente a ello, espera que monseñor Vera López haga su trabajo, como en el caso de las familias de personas desaparecidas, y se los entregue, sin embargo, ojalá recuerde que investigar los delitos, encontrar, procesar y sancionara los responsables es la responsabilidad del Estado y de nadie más”, afirman los firmantes.
El lunes pasado Moreira Valdez, señaló que la tardanza del obispo Raúl Vera López en denunciar a un grupo de pederastas, ayudó a que estos escaparan de la justicia.
“Es un caso muy terrible que fue denunciado por las víctimas que se hizo la investigación y se entregó porque había una orden de aprehensión y había una solicitud de recompensa para atender información sobre él” señaló el gobernador en referencia al caso de Juan Manuel Riojas Martínez el padre “Meño”, acusado de violar sexualmente a seminaristas en Piedras Negras.
En su carta los inconformes recalcan que las declaraciones de Moreira contra Raúl Vera López, muestran una estrategia “ruin” muy conocida: El uso político y represivo que hace de la procuración de justicia más un aparato que debería de estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad que impera en Coahuila, “que no es un tema menor”.
La denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por parte de familiares de personas desaparecidas, evidencia esa impunidad “escandalosamente”, subrayan.
Además le recuerdan a Moreira Valdez que una investigación connúmero 075/2014, iniciada por el mismo gobierno de Coahuila, fue abierta desde 2014 y “es vergonzoso” que tres años después, lejos de haberse esclarecido los hechos, “se pretenda culpar a un testigo por un trabajo que no realizó el Ministerio Público, que deja ver, además, que el caso sigue en la impunidad, como todo en Coahuila”.
Finamente, los firmantes hacen un llamado al mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a estar atento de la situación que se vive en Coahuila “con el hostigamiento por parte de Rubén Moreira Valdez contra de quienes exhiben la realidad que vive el estado”.
Fuente: Apro
