El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció la ejecución extrajudicial de ocho personas, hechos en los que habrían participado efectivos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y agentes de la Policía Estatal, en complicidad con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En una carta, la organización no gubernamental desmintió la versión oficial del gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que en un comunicado del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, informó que la mañana del jueves 5, policías estatales y militares que circulaban por la colonia Valles de Anáhuac, fueron atacados por hombres armados que portaban uniformes similares a los usados por los miembros de la Secretaría de Marina, pero con logotipos del Cártel del Noreste (CDN).
Según la comunicación oficial, los presuntos delincuentes atacaron al convoy integrado por policías estatales y militares, resultando ocho personas muertas, entre ellos tres mujeres, algunos de ellos caídos al interior del domicilio ubicado en el número 902 de la calle 7 de dicha colonia.
A cinco días de los acontecimientos, el CDHNL divulgó información obtenida de familiares de las víctimas y vecinos del lugar donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, que apunta a que “se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya”, y que las imágenes de los fallecidos con vestimenta tipo militar y armas de grueso calibre corresponde a “un verdadero montaje”.
El CDHNL informó que, de acuerdo a sus investigaciones y los testimonios recabados, en el domicilio en el que supuestamente murieron presuntos delincuentes, vivía Severiano Treviño Hernández, con su hija de nombre Kassandra y su nieta de dos años.
Dicho domicilio habría sido allanado por policías estatales, quienes torturaron a Severiano y más tarde llevarían a otras siete personas. Todas ellas habrían sido ejecutadas por los agentes estatales, mientras la operación era resguardada por efectivos militares.
De acuerdo con el testimonio de Kassandra, quien fue sacada del domicilio con su hija, su padre fue obligado a vestir ropas militares.
Asimismo, por referencias de vecinos y videos de seguridad de domicilios aledaños, la organización advirtió que el vehículo en el que supuestamente viajaban las personas que fueron abatidas, fue arrastrado hasta el lugar por una grúa de la oficina de Tránsito municipal.
Aunado a ello, testimonios de vecinos acreditaron que la mañana del 5 de septiembre, el área fue acordonada por miembros del Ejército Mexicano, y que lo que se escuchó no fue un intercambio de balazos, como suelen ocurrir en Nuevo Laredo, sino impactos de bala espaciados.
Por el recorrido realizado por personal del CDHNL, se confirmó que en los domicilios que colindan con el número 902 de la calle 7, “no presentan un solo disparo en sus fachadas, y tampoco hubo personas lastimadas o heridas, ni de la Policía Estatal ni de Ejército ni tampoco civiles”.
En la narrativa de hechos, que la organización no gubernamental hizo llegar a las autoridades federales, se destacó que, hasta el momento, las autoridades de Tamaulipas “no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido en esas seis horas en que tuvieron presencia en Valles de Anáhuac”.
Agregó que “se desconoce, por ejemplo, el tiempo de duración de dicha persecución y enfrentamiento, la hora del fallecimiento de las víctimas, el número de disparos que supuestamente hicieron los ‘agresores’, los casquillos percutidos y recolectado, la posición victimario-tirador, la distancia entre ambos y finalmente, las videograbaciones que deberían existir de estos hechos, tomando en cuenta que las corporaciones policiacas y militares traen cámaras de video grabación en sus vehículos o entre su personal operativo”.
Entre los testimonios que consideró el CDHNL está el de Kassandra Treviño, quien también fue agredida por los agentes policiacos, así como de algunos de sus familiares que acudieron a su llamado, y junto con ella escucharon las detonaciones de armas, mientras militares y policías les impedían el paso al domicilio donde quedaron algunas de las víctimas.
La organización destacó que familiares de las víctimas “ya presentaron querella formal por estas ejecuciones extrajudiciales y están solicitando a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso ante la desconfianza que existe en la Fiscalía General del estado de Tamaulipas por fabricar culpables y mentir a la población”.
La carta fue dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los secretarios de Gobernación y Defensa Nacional, Olga Sánchez Cordero y Cresencio Sandoval González, así como al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.
Fuente: Proceso
