El pasado jueves 5 hubo un incidente grave en la capital colombiana: De acuerdo con una denuncia penal formal, ejecutivos de Televisa irrumpieron con gente armada en la compañía C&P, propiedad en partes iguales de la de Emilio Azcárraga Jean y del consorcio local RCN. Según la demanda, los directivos de la televisora intentaron dirimir así un problema con sus socios, sobre todo en lo referente a un supuesto adeudo millonario de los mexicanos.
Por Rafael Croda/ Proceso
Bogotá—Ejecutivos de Televisa, entre ellos el vicepresidente internacional de la división editorial del grupo, Porfirio Sánchez Galindo, están en la mira de la justicia penal de Colombia por haber allanado con guardias armados las oficinas de una empresa cuyo control le disputa a Radio Cadena Nacional (RCN), consorcio colombiano de las comunicaciones.
El episodio, ocurrido el jueves 5 en esta ciudad, en la sede de Caras & Poder (C&P), propiedad por partes iguales de RCN y Televisa, es investigado por la Fiscalía de Colombia y la institución prepara los citatorios para que los ejecutivos de la televisora mexicana implicados en esos hechos acudan a declarar.
“Estos funcionarios de Televisa invadieron con guardias la oficina de C&P, sacaron los libros contables, facturas y correspondencia privada, y pusieron sellos como si fueran autoridades judiciales. Uno de ellos golpeó a una secretaria. Eso fue un acto de fuerza ilegal, un abuso”, dice a Proceso el abogado de RCN, Jaime Lombana.
El litigante presentó el viernes 6 y el lunes 9 dos demandas penales ante la Fiscalía contra Sánchez Galindo y el gerente jurídico de Televisa, Hugo Ríos –ambos mexicanos–, así como contra la gerente general de la Editorial Televisa en Colombia, la colombiana Beatriz Pizano.
Los tres están acusados de allanamiento de un lugar de trabajo, violación de correspondencia privada y presunto fraude contra C&P, empresa que edita en Colombia la revista de sociales y farándula Caras.
“Nosotros esperamos que la fiscalía encuentre méritos para una imputación y los llame a un juicio criminal”, dice Lombana, quien prevé que la próxima semana sean citados a declarar los tres ejecutivos ante esa institución judicial.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación)
