El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, denunció este lunes ante la justicia el envío de material bélico a Bolivia, mientras se desarrollaba el golpe de Estado en noviembre de 2019, lo que se reveló recientemente en una carta archivada en la embajada argentina en ese país, acusando al gobierno derechista de su antecesor Mauricio Macri , y a varios ex funcionarios involucrados en el gravísimo hecho, entre ellos la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex canciller Jorge Faurié, el ex embajador, Normando Álvarez García y otros cuyos nombres surgen de las investigaciones realizadas en los últimos días.
Fernández habló a una radio local, horas después de que la demanda fue presentada por los titulares de los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y de la Agencia Federal de Impuestos Públicos (AFIP) que denunciaron “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
De acuerdo a la denuncia, el objetivo fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”, lo que configuraría los posibles delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra”.
A esto se añade la malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos “que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Fernández confirmó que está certificado por documentación argentina que desde este país salieron 70 mil balas de goma para Bolivia y también cartuchos de gases lacrimógenos y granadas de gas entre otros materiales.
Reveló que estando el golpe en curso contra Evo Morales habló con Macri para que se le diera refugio al ex mandatario boliviano, cuya vida corría peligro en un escenario de extremada violencia y le contestó que esto traería problemas de Bolivia a Argentina, y sintió vergüenza de escuchar que el ex presidente le pidiera que reconociera el mandato de Jeanine Añez, justamente aquí, en un país que había sido víctimas tantas dictaduras.
Negó asimismo que hubiera persecución política contra Macri y que antes de que asumiera el cargo el ex presidente le comentó que “estaba preocupado por las causas en su contra. Le dije que hablara con su abogado sobre los temas judiciales. Él sabe muy bien, porque se lo dije, que yo nunca voy a mover ni un dedo para hacer algo judicial en su contra o a su favor”, manifestó.
Otra de las acusaciones en la denuncia contra Macri y varios de sus ex funcionarios es haber puesto en riesgo la paz de la región. Entre los funcionarios también figuran ex jefes de la Aduana y ex directores de la gendarmería nacional Argentina.
Martín Soria, ministro de Justicia, afirmó que a los ex funcionarios les corresponde tanto la acusación por contrabando agravado como la de incumplimiento de los deberes de funcionario público. De la misma manera advirtió que son inaceptables versiones como la que trata de explicar la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostiene que el material bélico era para que los gendarmes defendieran la embajada argentina, lo que de ninguna manera se condice con la cantidad de integrantes de gendarmería enviados.
“Para que cada uno de los 11 integrantes (del Grupo Alacrán) que custodió la embajada gastara esa cantidad de municiones antitumulto, debería haber tirado al menos 30 escopetazos por día adentro de la embajada”, dijo en una entrevista el ministro, quien advirtió que “nos están tomando el pelo no sólo a los argentinos sino también a los bolivianos”.
Fuente: La Jornada
