Después de surgir en cortes de Justicia de España y Texas, el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, salió de nuevo en una denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Santana Armando Guadiana Tijerina, aspirante a la candidatura para gobernador independiente de esa entidad.
El también empresario acusó al gobierno de Moreira de “participar de manera activa en los crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante las masacres de Allende y del Penal de Piedras Negras en marzo de 2011.
En la denuncia contra funcionarios del gobierno de Coahuila, dirigida al fiscal de la CPI el pasado 12 de julio, el empresario minero aseveró que el gobierno estatal no actuó para detener la masacre y desaparición de cerca de 300 personas cometida por integrantes de Los Zetas en Allende durante más de una semana “a plena luz del día”.
Asimismo, Guadiana Tijerina aseguró que muchas de las víctimas de Los Zetas fueron trasladadas al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras –una institución controlada por el gobierno estatal–, donde fueron torturadas y masacradas.
Ese penal “servía de matadero para desaparecer, torturar y asesinar a las víctimas de Los Zetas”, denunció el empresario.
Agregó que “el gobierno facilitó el ingreso de las víctimas a un centro penitenciario a su cargo, no obstante de que no había orden de aprehensión en contra de los reos, así mismo permitió la tortura de las víctimas, su asesinato y la calcinación de sus cuerpos, después que los metieron al penal no se volvió a saber nada de ellos”.
Como elementos de prueba, el empresario se basó en 77 reportajes periodísticos publicados en medios nacionales y locales.
El 18 de marzo de 2011, una cuarentena de camionetas con hombres fuertemente armados cerraron el acceso al municipio de Allende y empezaron la masacre de cerca de 300 personas así como la destrucción de 70 casas de la población, mismas que “posteriormente fueron baleadas, saqueadas y destruidas con buldozers”, planteó Guadiana.
En su denuncia, el coahuilense mencionó el testimonio que rindió el empresario Humberto Uribe Tapia –vinculado con Los Zetas– en una Corte de Justicia de Texas, en el que aseveró que Humberto Moreira recibió cuatro millones de dólares de ese cártel a cambio de su protección, afirmación que el exgobernador desmintió el mismo día.
Ayer, una fuente judicial de Texas confirmó a proceso.com.mx que la Corte Federal de Distrito Oeste División San Antonio investiga a Moreira por lavado de dinero que el servidor público habría desviado del erario estatal.
Si bien la acusación se limita a señalar la actuación de autoridades estatales, la denuncia de hechos también involucra a varias dependencias federales, desde el gobierno federal hasta los militares.
“Se ha revelado que las autoridades tanto municipales como estatales estaban enteradas de los sucesos criminales señalados y no actuaron para defender a las víctimas y nada informaron a la ciudadanía”, denunció.
“A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del ejército mexicano, mismo que no se explica la razón por la cual no intervino”, añadió.
Según la argumentación jurídica de Guadiana, la CPI debe tomar el caso ya que “el Estado de Coahuila y el Gobierno de la República Mexicana no están dispuestos a llevar a cabo una investigación imparcial y mucho menos el enjuiciamiento en perjuicio de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y de Piedras Negras”.
El texto continúa: “El gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes de la masacre, sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad”.
Y recuerda que “en México no se le persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica está investigado y acusado por delitos graves y en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas”.
Asimismo, planteó que “en la matanza de Allende no se respetó a los niños, mismos que fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte de Derecho Penal”.
El empresario también señaló que, con el apoyo de su hermano Rubén Moreira –actual gobernador de la entidad, entonces presidente del PRI estatal–, Humberto Moreira tomó medidas para controlar la seguridad y las finanzas del estado después de su abandonar el cargo de gobernador.
Para ello, creó una Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), a los que dotó de autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.
Fuente: Proceso
