El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos humanos.
Por J. Jesús Esquivel
“No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.
“Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH”, subraya Cavallaro, quien durante una larga entrevista telefónica con Proceso denuncia la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México contra los integrantes del GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión.
El martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa.
“Estamos dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista radiofónica.
Con un aplomo que refleja seguridad en lo que dice, el estadounidense Cavallaro enfatiza que, como lo establece el acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos, el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa es un punto que nada tiene que ver con lo que quiera o no quiera el gobierno de Peña Nieto.
“El acuerdo dice que la Comisión puede decidir si renueva o no la prórroga de participación. Es lamentable esta maniobra del gobierno de decir que no se va a renovar, cuando no le corresponde hacerlo”, insiste Cavallaro.
Llamado “Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región”, el documento firmado el 18 de noviembre de 2014 asienta en su décimo punto:
“El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos sería de seis meses, y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes.”
Cavallaro, respaldado por lo que determina el acuerdo, insiste en que el gobierno de Peña Nieto puede decir que no renovará la prórroga de asistencia del GIEI, inclusive que el mismo Grupo de Expertos diga que ya no quiere seguir coadyuvando, pero a final de cuentas, dice, la CIDH tendrá la última palabra.
“Es casi como decir que el Estado mexicano no se responsabiliza del caso Atenco. Al Estado no le corresponde decir eso. Es su opinión; vamos a recibirlo y la Comisión va a decidir”, insiste el presidente del órgano jurídico de la OEA.
BUSCAN LA PRÓRROGA
Este lunes 4 se inician en Washington las sesiones de la CIDH, que terminarán el viernes 15. En ese plazo la Comisión decidirá el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa, en consulta con las partes involucradas.
Abogado graduado en la Universidad de Harvard y con un posgrado en derecho por la Universidad de California en Berkeley, Cavallaro se muestra optimista de que el GIEI seguirá investigando el caso de los 43 normalistas desaparecidos hasta que sea necesario.
Pero aclara: “Si el Estado adopta una actitud intransigente, de falta de asistencia y falta de colaboración con el GIEI, ahí se podría imposibilitar de hecho la renovación. Sería algo terrible y esperamos que no sea así”.
Sin adelantarse a los hechos, el especialista en asuntos de la defensa de los derechos humanos dice que la CIDH consultará al gobierno de México y a los representantes de las víctimas sobre el tema, por lo que la decisión última se tomaría a finales de este mes.
“Desgraciadamente parece que los medios de comunicación de México están engañados y han aceptado ese discurso (la declaración de Osorio Chong a Radio Fórmula). Lo publican tal cual. He leído: ‘No se va a renovar’. No. Esa es su opinión, es su insumo. Es como si yo dijera que esta entrevista no se va a publicar en la revista Proceso. Yo no mando en la revista Proceso; su director y sus editores determinan eso, no yo”, subraya.
La labor de seis meses del GIEI como coadyuvante en las investigaciones del caso Ayotzinapa finalizará el último día de este mes. Cuando eso ocurra, el GIEI deberá entregar un documento con las conclusiones de su trabajo.
Por eso el presidente de la CIDH también se sorprende por lo que afirmó categóricamente Osorio Chong: “Antes de recibir el informe del GIEI, el gobierno de México ya no quiere que siga. ¿Por qué? Debería por lo menos escuchar lo que van a decir los expertos. Fue el Estado mexicano el que solicitó que se creara el GIEI, lo ha financiado. Es interesante y muy curioso que ya no quiera que continúe colaborando”.
–¿El gobierno de México no acepta la autoridad de la CIDH? –pregunta el corresponsal.
–Es una situación un poco más complicada. México tiene una relación bien compleja y complicada con la CIDH. Por una parte es un Estado que por su normativa nacional, por la reforma constitucional, reconoce las instancias internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión. Es un Estado que nos buscó para montar el GIEI cuando lo necesitaba o cuando surgió el incidente.
“Había mucho interés por parte del Estado. Ha financiado al GIEI, ha facilitado las investigaciones en muchos momentos, si bien es cierto que a la vez no le ha permitido el acceso al 27 Batallón (de Infantería) –de Iguala– y no le ha permitido al GIEI entrevistarse con los soldados”, responde.
Al mismo tiempo, Cavallaro dice que quedó “atónito” cuando hace unos días en México se presentó una demanda civil contra Álvarez Icaza Longoria, y más porque la Procuraduría General de la República (PGR) no la eliminara al instante.
“¡No puede ser! Es una averiguación previa sin fundamentos, sin base, sin ninguna razón de ser. La PGR la ratificó y le dio trámite. ¡Caramba! ¿Cómo se explican estas acciones contradictorias? El término tendría que ser contradictorio para describir la posición del Estado mexicano frente a la Comisión”, fustiga.
Fuente: Proceso
