El fracking en México debe regularse para garantizar el acceso al agua y el cuidado al medio ambiente, exige el CEMDA
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) demandó a los tres poderes de gobierno establecer un marco legal que garantice que la Ley de Hidrocarburos, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, contendrá una regularización de la práctica del fracking y protección al medio ambiente.
La organización de la sociedad civil dedicada a la defensa del medio ambiente, emitió un desplegado en el que demanda que la práctica de fracturación hidráulica con la que se extrae gas shale, conocida como fracking, quede regulada por la autoridad correspondiente, quien se encargará de otorgar una autorización previa para explorar y extraer hidrocarburos.
Con eso buscan que se garantice que el proyecto que pretenda llevar a cabo en determinado terreno, “cuente con una evaluación de impacto ambiental efectiva para prevenir, gestionar y reducir los efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente. Toda manifestación de impacto ambiental que se presente para la aprobación de un proyecto de esta naturaleza deberá informar de manera amplia, continua, proactiva y de buena fe desde la etapa del diseño, su planeación e implementación”, escriben en el documento.
Además, piden que se respeten y garanticen los derechos humanos contemplados en el artículo 1° Constitucional, sobre todo en el caso de los indígenas que pudieran ver violado su territorio, identidad cultural y recursos naturales.
Asimismo demandan que se usen figuras legales que permitan que las personas afectadas sean tomadas en cuenta para las decisiones y reciban el mayor beneficio de la obra o actividad a desarrollarse en sus propiedades.
Por otro lado, el CEMDA entra al tema de la utilización del agua, en el que solicita se procure la reutilización del líquido durante los procesos de extracción, en vez de usar “volúmenes excesivos” de agua potable.
Piden también que demás de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la técnica de la fracturación hidráulica debe incluirse en las demás leyes aplicables, tales como la Ley Nacional de Aguas, priorizando el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, al garantizar, por ejemplo, que en el proceso se utilice una planta de tratamiento de aguas residuales.
Finalmente, en la Ley Federal de Derechos se debe establecer que los costos por el volumen de agua concesionado para el fracking debe reflejar las externalidades negativas, sociales y ambientales.
El comunicado cita al director general del CEMDA, Gustavo Alanís Ortega, quien dice que “la Norma que se expida para regular la forma como deberá llevarse a cabo esta práctica de la fracturación hidráulica debe contemplar como mínimo todos los elementos enunciados anteriormente, a fin de reducir los impactos ambientales y sociales que este método pueda causar, además de brindar certeza jurídica tanto a los inversionistas como a los dueños de las tierras”.
“Es indispensable que la regulación de la fracturación hidráulica tenga como enfoque la aplicación del principio precautorio, tomando en cuenta las diversas preocupaciones que se han manifestado sobre los impactos de este método de extracción. La prioridad y obligación del Estado mexicano es garantizar el derecho constitucional al agua potable para el consumo humano y subsistencia, así como el derecho a un medio ambiente sano. Únicamente así el país avanzará hacia un verdadero desarrollo sustentable”, finaliza.
La extracción de gas shale se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking, que empezó en Estados Unidos en la década pasada y que años después ha ocasionado que miles de familias se encuentren atrapadas en medio de agua potable y aire contaminados. Las pérdidas para los ciudadanos, sólo en ese país, se calcula en miles de millones. Pero las poderosas petroleras no han pagado ni un centavo.
La explotación de este gas es uno de los puntos centrales de la Reforma Energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual senadores y diputados aprobaron sin modificar lo concerniente a esta práctica, que ha sido motivo de debate sobre los daños ambientales, así como a la salud de los pobladores vecinos al terreno a explotar y a la economía.
Fuente: Sin Embargo
