Organizaciones ambientalistas pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocar la autorización ambiental del proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas y frenar el daño ambiental que se está ocasionando en la laguna Tajamar, Cancún.
Organizaciones como la internacional Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), así como otras asociaciones en defensa de los derechos de los animales, pidieron también a la Profepa que actúe de manera inmediata y aplique las sanciones correspondientes por “el daño irreparable ocasionado al equilibrio ecológico en la zona”.
En un comunicado plantearon que una de las condicionantes que la Semarnat exigió fue el rescate de fauna en la zona, lo cual no fue llevado a cabo de manera adecuada por el promotor del proyecto, “toda vez que, como se ha podido constatar, durante la remoción del manglar murieron diversas especies –como cocodrilos, iguanas, garzas, entre otras, algunas de ellas en alguna categoría de riesgo–, y muchas otras han sido afectadas de forma irreparable al haber perdido su hábitat natural”.
Pidieron a la Profepa realizar un peritaje en el predio, actuar de manera rápida y con un sentido de urgencia para proceder con las sanciones correspondientes. De ser necesario, dijeron, debe dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conarino y Greenpeace, entre otras agrupaciones, pidieron que se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Recodaron que el promotor del proyecto ha incurrido de forma reincidente en violaciones a la normatividad por lo que la Semarnat está obligada a revocar la autorización en materia de impacto ambiental.
Tan sólo en agosto de 2015, la Profepa dictaminó la Suspensión Total Temporal de todas las actividades y obras de cambio de uso de suelo en 10 lotes del proyecto Malecón Cancún-Tajamar, por incumplir los términos y las condicionantes respectivas a las autorizaciones otorgadas al margen de la ley por la dependencia en 2005 y 2006.
Fuente: La Jornada
