México presentó este miércoles ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Se trata de un litigio que busca que los productores de armas asuman una responsabilidad para prevenir el tráfico de armas a México.
Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el canciller Marcelo Ebrard expuso en una ceremonia transmitida en línea que con esta demanda la Secretaría de Relaciones Exteriores busca que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes por un monto que será determinado en el juicio.
Se busca “que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, dijo Ebrard.
Presentamos demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para segar vidas en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, EU. pic.twitter.com/i1OLojgUAl
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2021
También se busca que los productores de armas desarrollen e implementen estándares razonables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico de armas a México. “Las empresas saben esto. Argumentan que cuando sus productos salen a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quien compra armamento pesado”.
Señaló que además los productores de armas desarrollan armamento para el narco. Hay armas, dijo, “hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y de uso. Esto es parte de la demanda”, dijo.
También se exige que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de armas.
Señaló que esta demanda no sustituye otros esfuerzos que se están haciendo y que se deben continuar. “México debe hacer más y mejor para controlar su frontera, tenemos que pensar en otro tipo de supervisión en la frontera y en eso estamos”.
Añadió que “sin una demanda como esta y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”.
Aseguró que México confía en la calidad de los argumentos legales que está presentado y confió en que se ganará el litigio.
Los abogados responsables del litigio, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, y Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, explicaron que la demanda en materia civil fue presentada ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
Señalaron que se busca remediar con este litigio es que los productores de armas tomen medidas para evitar el tráfico de armas.
“Ellos no tienen ningún cuidado que uno esperaría que cualquier productor de cualquier otro producto tome”, dijo Shadowen.
“Es un litigio estratégico”, expuso. “Hemos analizado y visto que es lo que no se ha hecho y se debería hacer. Hemos decidido que lo que hace falta son los productores y distribuidores de armas. Ellos tienen información y datos en tiempo real de quiénes están comprando las armas. Ellos saben qué distribuidor dentro de su red son los problemáticos. El gobierno de México no conoce esta información, tampoco el de Estados Unidos. Consideraron que los gobiernos de Estados Unidos y de México están haciendo su trabajo para atender este problema, pero que los productores de armas no”.
El senador Ricardo Monreal dijo que la demanda “es un hecho sin precedentes”. Con esta demanda, dijo, “se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive. Estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país”.
Fuente: La Jornada
