El cártel más joven del país tiene ya presencia en al menos 10 estados; expertos en el tema acusan a los gobiernos de los tres niveles de dejarlos actuar e incluso reunirse con ellos.
Por Jorge Monroy
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizó una alianza con funcionarios federales y estatales para debilitar a Los Caballeros Templarios, apoderarse de sus territorios y, a la par, equiparse con armamento sofisticado en cinco años que tuvo para operar a discreción, antes de hacerse notar con los disturbios que organizó el viernes, que son un mensaje de desafío al Estado en su conjunto, opinaron analistas.
Consultado por El Economista, Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, experto en seguridad en la Universidad de las Américas Puebla, sentenció que los gobiernos de los tres niveles de gobierno “dejaron operar al Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos de una estrategia previa de combate coordinada contra Los Caballeros Templarios. (Servando Gómez Martínez) La Tuta advirtió que las autodefensas del norte de Michoacán eran financiadas por el CJNG y el ex comisionado Alfredo Castillo se reunió en Michoacán con líderes vinculados, financiados con este cártel”, asegura Gerardo Rodríguez.
En abril del 2013, La Tuta acusó en un video que el CJNG armó a los grupos de autodefensa que operaban en comunidades como Buenavista Tomatlán, Tepeque y La Ruana, y acusó entonces a Castillo Cervantes de tener una alianza con dichos grupos. Luego apareció una fotografía de Castillo con Juan José Farías, alias El Abuelo, identificado por la PGR como lugarteniente del cártel de Los Valencia, predecesor del CJNG, surgido en el 2010.
También consultados, Javier Oliva Posadas, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, coincidieron en que los acontecimientos del viernes provocados por el CJNG son un mensaje, no de respuesta, sino de desafío al Estado.
Coincidieron en que se debe investigar la corrupción dentro del Operativo Jalisco, porque quedó claro que los sicarios y halcones del CJNG tenían conocimiento.
“Estamos hablando de un desafío al Estado mexicano que no puede quedar impune. La instrumentación del Operativo Jalisco, se filtró la información antes de que comenzara, por eso no se trata de una respuesta, sino de una advertencia de lo que puede ocurrir si se meten con ellos”, dice Oliva.
“Hay un aspecto más profundo de corrupción, porque no puedes poner un bloqueo si no has tenido información previa, para saber dónde se está moviendo la autoridad federal y estatal. No se pueden poner con tal precisión bloqueos si no se ha hecho una tarea de inteligencia”, destacó Rivas.
El profesor Gerardo Rodríguez, coordinador del primer Índice Global de Impunidad 2015, consideró que los hechos del viernes “pueden caer en la hipótesis de terrorismo cuando busquen crear temor no sólo en la población, sino también en las fuerzas de seguridad del Estado”.
Afirmó que “estamos frente a la confirmación de que hay una guerra de baja intensidad en el occidente del país, que comprende Jalisco, Michoacán y Colima”.
“Si te bajan un helicóptero militar, hubo tres soldados muertos, estamos en un escenario de guerra de baja intensidad controlada”, dice.
Javier Oliva se dijo sorprendido por el equipo lanzacohetes RPG que se utilizó para derribar el helicóptero militar. “(Por el) Bajo nivel de cooperación que hay con las autoridades estadounidenses para el control del tráfico de armas de fuego. Es decir, cómo se venden en Estados Unidos, quién las compra, cómo las transporta y cómo les enseñan a usarlas”.
Los tres analistas coincidieron en que el Estado debe tener apoyo social para enfrentar al grupo delincuencial en Jalisco, pero también está obligado a presentar a la brevedad resultados de una investigación.
Fuente: El Economista
