El activista mexicano equipara al actual presidente con su predecesor, Calderón, por no dotar de fondos a la norma en el presupuesto de 2014, lo que impide su aplicación
Por Eva Saiz
Durante su primer discurso como presidente de México, Enrique Peña Nieto pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia que desistiera de la controversia sobre la Ley General de Víctimas que había sido vetada por su predecesor, Felipe Calderón, por considerarla inconstitucional. La norma, que busca resarcir los derechos de las miles de víctimas de la guerra contra la droga que se recrudeció durante el sexenio de Calderón, entró en vigor en enero de este año pero la falta de dotación económica prevista en el plan de presupuesto federal de 2014, hace imposible su efectiva aplicación. El poeta y activista Javier Sicilia, uno de los promotores de esa legislación, denunció este miércoles en Washington, el desamparo en el que continúan las víctimas y la hipocresía del actual mandatario mexicano que sigue sin atenderlas.
“El Gobierno de Peña Nieto asumió la responsabilidad hacia las víctimas que no tuvo Calderón y promulgó la ley, pero no ha hecho nada en la práctica. Peña Nieto ha adoptado la misma hipocresía que su antecesor y ha demostrado que tampoco le importan las víctimas”, se lamentó Sicilia. “Al ignorar a las víctimas, el presidente también está ignorando la violencia”, puntualizó.
El poeta, que en 2011 fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tras el asesinato de su hijo, se quejó de la falta de promoción de la Ley de Víctimas durante la presentación del documental A Whisper of Solace, que narra la gestación de esta legislación gracias a la presión de movimientos ciudadanos como Alto al Secuestro, México SOS o el encabezado por Sicilia. La película, dirigida por Stephania Sferra, una estudiante mexicana de la universidad de Georgetown, analiza a través de entrevistas con líderes de asociaciones de víctimas como Miranda de Wallace, Alejandro Martí y el propio Sicilia, abogados especialistas en derechos humanos y uno de los redactores de la ley, Julio Hernández Barros, la movilización ciudadana en protesta por la impunidad ante la inmensa ola de violencia que asoló México durante la guerra contra las drogas, que se cobró 60.000 vidas inocentes, y los potenciales beneficios que la nueva norma puede aportar a las víctimas.
El artículo 132 de la Ley de Víctimas impone la obligación al Estado de asignar el 0,014% del presupuesto federal sólo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que contempla la norma. Sicilia explica que desde el Gobierno le han señalado que este año no se ha destinado aportación alguna porque cuando se estaban preparando las cuentas para 2014 aún no se había constituido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y no sabían con exactitud el “tamaño de la dotación”. “Entiendo su argumentación, pero deberían haber dotado a la ley con un mínimo, porque sí saben de qué tamaño es la tragedia”, señaló el activista a EL PAÍS.
Sicilia espera que las denuncias que los activistas y asociaciones de víctimas están realizando sea suficiente para que los “senadores y diputados presionen al Gobierno para que doten a la ley de al menos una parte de los recursos que necesita para poder empezar a aplicarla”. Esta misma semana varias personalidades y los movimientos ciudadanos que promovieron la redacción de la ley emitieron un comunicado en el que solicitaban que se contemple en el presupuesto de 2014 los recursos suficientes para la efectiva ejecución de la disposición. “Las víctimas no pueden esperar más. La negación de recursos convertirá la ley en un mecanismo ilusorio para el acceso real de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señala el documento.
Para Sicilia, sin embargo, el problema va mucho más allá de asegurar la reparación de las víctimas de la guerra contra las drogas. El activista defiende la necesidad de regular las drogas y de apoyar los esfuerzos del presidente de EE UU, Barak Obama, a favor de un mayor control de armas. “Peña Nieto debería implicarse en la iniciativa que está impulsando Obama, ésa debería ser una prioridad de su agenda bilateral. Debería abrir la discusión y explicar por qué a México le interesa que se ponga coto a la venta de armas en EE UU. Y en esa agenda también sería necesario discutir la regulación de las drogas y la política de lavado de dinero”, señala el escritor.
El activista alberga esperanzas de que, finalmente, el presupuesto de 2014 destine una asignación para financiar la Ley de Víctimas, pero desconfía del sistema de protección de derechos humanos de su país. “Las Comisiones de Derechos Humanos que hay en cada Estado son un desastre, están sometidas a sus respectivos Gobiernos. La Ley de Víctimas deberían haberla impulsado estas comisiones, pero las violaciones de los derechos humanos las visibilizamos las víctimas. Nosotros caminamos y marchamos sin un centavo, ellos, que tienen un presupuesto de miles de dólares, no hacen nada, somos nosotros los que estamos mostrando el dolor”.
Fuente: El País
