Por Víctor M. Quintana S.
Mientras el gobierno de Peña Nieto despliega mediáticamente su Cruzada contra el Hambre y conjuntamente con el gobierno francés presume la liberación de Florence Cassez, dos movimientos sociales, uno en el centro y otro en el norte, le hacen ver a este país las inconsistencias de dicha cruzada y que hay otra hambre muy lejos aún de ser satisfecha: la de justicia.
En ayuno desde el 30 de enero, los campesinos de UNORCA y de la Vía Campesina exigen al gobierno mexicano la no autorización de la siembra masiva de maíz transgénico, a punto de liberarse para 2 millones 400 mil hectáreas de Sinaloa y Tamaulipas. Provenientes de 20 entidades de la República, los ayunantes advierten que las trasnacionales Monsanto, Pioneer-Dupont, Dow Chemical y su filial nacional Agrobío pueden utilizar la Cruzada contra el Hambre como coartada –las cruzadas siempre son coartadas– para vender la idea, y tras ella sus semillas patentadas, de que en el maíz transgénico está la solución para el hambre en este país. Así, los primeros beneficiados de la cruzada peñanietista no serían los habitantes de los 400 municipios declarados como prioritarios, sino estas trasnacionales, los comerciantes y los grandes agricultores que lucran junto con ellas.
Los campesinos de UNORCA acuden al ayuno, una de las acciones preferidas de la estrategia no violenta para sacudir las conciencias. No luchan por reivindicaciones inmediatas y gremiales, circunscritas al ámbito campesino. En su actuar cuestionan un modelo de tecnología productivista, excluyente, lesivo a la salud de la naturaleza y de los consumidores, a la vez que destructor de la producción campesina y conculcador de la soberanía nacional. Combaten pacíficamente, sí por su derecho a producir, pero también por la justicia ambiental, por un modo de vida justo y sustentable para toda la sociedad. Por eso su acto reviste un gran significado ético y simbólico.
Al mismo tiempo en Chihuahua, parientes de personas víctimas de desaparición forzada, feminicidios, de homicidios dolosos, a la par que campesinos barzonistas y comunidades indígenas, comienzan este viernes sus Jornadas por la Justicia con varias caminatas, una cabalgata y una tractorada que confluirán en la capital del estado el 5 de febrero. Quieren denunciar que sigue impune el asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, así la fiscalía del estado señale que el autor material fue ultimado en un enfrentamiento con la policía estatal. Que no se ha solucionado el problema de los aprovechamientos y perforaciones ilegales del río Santa María. También quieren hacer público que no se ha hecho justicia para familias como la de los Alvarado, del sufrido pero no doblado ejido Benito Juárez, o la de los Muñoz, de colonia Anáhuac, que llevan muchos meses buscando a sus jóvenes y hombres desaparecidos por el Ejército y la policía. A ninguno, a ninguna de ellas, les llega la justicia, como tampoco llega a los parientes de los 15 jóvenes asesinados en la masacre de Villas de Salvárcar, que cumplió tres años de impunidad este 30 de enero. Como tampoco hay justicia para las familias de los 13 jóvenes asesinados en Creel el 16 de enero de 2008, ni para las madres de tantas jóvenes desaparecidas o asesinadas; ni para la comunidad rarámuri de Bakéachi, que sigue demandando castigo para los asesinos de su defensor, Ernesto Rábago.
El hambre de justicia moviliza a toda esta gente, porque a pesar de las celebraciones del gobierno, los propios datos oficiales señalan que durante 2012 fueron asesinadas dolosamente 255 mujeres en el estado de Chihuahua, la mitad de ellas menores de 30 años. En el mismo periodo fueron reportadas como desaparecidas 544 personas: 107 mujeres y 419 hombres.
UNORCA y la Vía Campesina se ponen en acción porque el gobierno federal escucha antes a las trasnacionales agroquímicas que a los agricultores pequeños que producen la mayoría de nuestros alimentos. En Chihuahua, parientes de víctimas y campesinos barzonistas se ponen en marcha porque se pospone indefinidamente su demanda de justicia, en contraste con la exoneración apresurada de una extranjera –no la reposición de un proceso plagado de vicios– debido al afán del gobierno mexicano por legitimarse internacionalmente.
El ayuno de UNORCA y las Jornadas por la Justicia en Chihuahua nos revelan al país olvidado por los pactos y las cruzadas. La defensa del maíz y la demanda por justicia de las víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas y despojo de recursos naturales son mucho más que luchas defensivas. Más que luchas coyunturales son verdaderos movimientos que apuntan al país que queremos, al otro país que es posible con base en referentes de verdad, de sustentabilidad, de justicia para todas y para todos. De ahí la importancia de que no se queden solos.
