La defensa de la candidata del PAN a gobernadora Maru Campos y sus dos acusados pidió al juez de control no vincular a proceso a los tres imputados este jueves, pero de ser así advirtió que se irán a un amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que a su juicio se violentaron derechos fundamentales y se procederá a buscar la reposición del proceso.
En su alegato final ante el Tribunal durante la audiencia de vinculación de este miércoles, el abogado Gómez Ibarra solicitó al juez desestimar las copias de los cheques, polizas, testimoniales y declaraciones de testigos protegidos con los que el Ministerio Público trató de fundamentar la imputación de cohecho.
El abogado insistió de nuevo en que la Fiscalía nunca entregó completos los registros de la carpeta de investigación y sostuvo que existen dudas sobre la transparencia en los mecanismos que utilizó para declarar a testigos de identidad reservada.
“Los testigos protegidos son co-imputados, pues tuvieron puestos de altísimo nivel y participaron en los mecanismos de desvíos que pretenden imputar a nuestras representadas”, sostuvo el litigante.
La también alcadesa de Chihuahua con licencia, Maru Campos, enfrenta cargos penales por haber recibido más de nueve millones de pesos procedentes de las arcas estatales por la vía de la nómina secreta de César Duarte. La audiencia de imputación contra la candidata panista se estuvo aplazando durante cuatro meses, merced a la interposición sucesiva de amparos y recursos incidentales. Ella ha negado repetidamente las acusaciones y declara su inocencia.
Faltan los testigos llamados a declarar. Durante la larga audiencia de este miércoles, la defensa intent derrumbar los puntos más cruciales de la imputación que le hizo la Fiscalía General de Chihuahua, si bien por Segundo día consecutiva no se pudo tener presentes a todos los testigos protegidos llamados por la defensa: dos de ellos mostraron justificantes medicos y uno más no respondió al citatorio. Sólo se presentó un elemento de la Ministerial.
La bursatilización de Duarte. La defensa de María Eugenia Campos Galván presentó datos de prueba para demostrar que su representada ya no era diputada de la LXIV Legislatura local cuando se aprobó la bursatilización de 6 mil millones de pesos solicitada al Congreso estatal por el entonces gobernadora César Duarte.
Sin embargo, el Ministerio Público lo que imputó es que “entre 2014 y 2016 en su calidad de diputada local de la LXIV, junto al diputado César Jáuregui Moreno, Maru Campos solicitó y recicbió de forma indebida del gobernador César Duarte diversas sumas de dinero desviado del patrimonio para la autorización de la constitución de la empresa Fibra Estatal Chihuahua Dicha empresa fue constituida en 2015, mientras que la bursatilización de los ingresos carreteros, efectivamente se aprobó por el pleno en julio de 2016.
La declaración escrita del notario. El notario Público No. 4, Luis Raúl Flores Sáenz, que actualmente se encuentra suspendido de su función, declaró por escrito a la defensa de Maru Campos que nunca ha visto los recibos originales que presuntamente firmó la candidata del PAN como parte de la nómina secreta, y por ello no puede asegurar que haya sido él quien certificó las copias que fueron publicadas en un medio de comunicación.
Un abogado de la defensa cuestionó al notario si, con relación a los 34 recibos que le fueron puestos a la vista por el Ministerio Público, estuvo presente el día que se suscribieron, si estuvo presente cuando se entregó la cantidad de dinero que en ellos se señala, si tuvo a la vista los documentos originales, si realizó la certificación y si deseaba agregar algo sobre el asunto. A las tres primera preguntas, la respuesta del notario fue no. En cuanto a si fue él quien certificó las copias, señaló que tendría que tener que constatarlo con los documentos originales, y sobre la quinta pregunta dijo no tener nada más que agregar.
Desechan grabación de César Jaúregui. El juez de control, Samuel Uriel Mendoza Loya desechó como prueba de la defensa una entrevista realizada el 22 de marzo de 2021 a César Jáuregui Moreno, la cual incluye también la grabación que el secretario del Ayuntamiento hizo de su conversación con el ex secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y un dictamen pericial sobre la autenticidad de dicha llamada.
El Ministerio Público atajó que dicha grabación de Jáuregui Moreno representa una violación a los derechos fundamentales del testigo, pues fue hecha sin su conocimiento ni consentimiento, además de haber sido difundida en medios de comunicación, exponiendo sus datos personales cuando tiene calidad de testigo con identidad reservada. En este sentido, la agente informó que el propio Herrera promovió una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la que hace referencia a estas violaciones y acusa a Jaúregui Moreno de descontextualizar la conversación e inducir las respuestas que dio durante la misma.
El juez subrayó que es una disposición legal que se preserve la protección de la identidad de los testigos protegidos, además que el propio Jáuregui se encuentra imputado por los mismos delitos. Y sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el juez manifestó que en ningún caso se admitirán aquellas grabaciones que violen el deber de confidicencialidad que establezca la ley, como en el caso presente, donde se expone a un testigo de identidad reservada.
Con información de Entre Líneas y Tiempo
