Abogados defensores de Genaro García Luna reiteraron que el juez encargado del caso debería de anular los cuatro principales cargos en contra del ex secretario de Seguridad Pública porque el estatuto de limitaciones sobre los supuestos delitos que cometió ya había caducado cuando se presentó la acusación judicial estadunidense en 2019.
En argumentos por escrito presentados ante el tribunal federal en Nueva York encargado del caso, el equipo de abogados de defensa responde a los argumentos de los fiscales federales en contra de la solicitud de García Luna de desechar los principales cargos de conspiración de narcotráfico que enfrenta, y reitera que el hecho de que García Luna se retiró de sus funciones públicas -primero como director de la Agencia Federal de Investigaciones y después como secretario de Seguridad Pública- en 2012 y por lo tanto ya no podía participar en la supuesta conspiración con el narcotráfico por lo cual está acusado.
Los cargos en su contra, recuerdan los abogados, acusan que García Luna usó sus puestos de alto funcionario para beneficiar las operaciones ilícitas del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios, pero ese supuesto papel ya no lo podía cumplir después de retirarse de la vida pública en el 2012. Por lo tanto, los cargos formulados en su contra en 2019 ya no pueden ser válidos porque se presentaron más de cinco años después de su supuesta participación con el narcotráfico.
Descalifican el argumento de los fiscales que García Luna continuó su trabajo ilícito con el narcotráfico desde 2001 hasta 2020, indicando que los fiscales aun no han presentado ninguna evidencia para sostener la acusación [https://www.jornada.com.mx/2022/11/06/politica/006n1pol].
El equipo de abogados defensores encabezados por César de Castro argumenta que, al contrario de los fiscales, la decisión sobre si los cargos aun son válidos por los límites de tiempo sobre este tipo de acusaciones debe estar en manos del juez Brian Cogan, y no un asunto que se debe resolver en el juicio de García Luna.
Subrayan que los fiscales federales contemplan un juicio de dos meses de duración con el testimonio de decenas de testigos, y un costo sustancial -incluyendo el equipo de defensa que el tribunal está pagando y el traslado de testigos, algunos que vendrán de otras partes del país y hasta del extranjero- y por lo tanto argumentan que antes de proceder a juicio este asunto sobre la vigencia legal de las acusaciones debería de ser determinado por el juez.
Cuestionaron si los fiscales federales tienen pruebas de que entre 2014 y 2019 su cliente continuó en contacto con el cártel de Sinaloa y brindó apoyo de algún tipo, ya que si éstas fueran presentadas esta solicitud de desechar los cargos no podría prosperar. Afirman que las acusaciones de que mintió a las autoridades estadunidenses sobre su supuesta participación en la conspiración de narcotráfico en su solicitud de naturalización y sus comentarios después de su arresto no deben de ser usadas -tal como lo hace la fiscalía- como prueba de que continuó colaborando con el narcotráfico.
Por otro lado, la defensa reiteró su queja de que la Fiscalía no ha compartido las pruebas e información que debe divulgar para permitir la preparación plena de la defensa del acusado, incluyendo cualquier evidencia sobre la supuesta conducta criminal de García Luna posterior a su retiro del gobierno en 2012.
Esta disputa legal sobre la solicitud de la defensa ahora será resuelta por el juez Cogan del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York quien podría emitir su decisión y/o convocar un debate presencial entre los fiscales y la defensa sobre el asunto en su tribunal la próxima semana.
García Luna fue arrestado en Dallas y trasladado a Nueva York en diciembre de 2019 para enfrentar cargos criminales federales en Estados Unidos de que como alto funcionario público brindó asistencia al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.
Su juicio está programado para iniciar el 9 de enero.
Fuente: La Jornada
