Defender la naturaleza en México le cuesta la vida a los activistas medioambientales y tiene un bajo costo para la mayoría de los agresores que por lo general quedan impunes. En los últimos 12 meses, fueron asesinados al menos ocho defensores del medio ambiente, según un recuento de Reforma, aunque serían más de 11, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que alista un informe al respecto.
Los casos se siguen acumulando en este sexenio, desde Samir Flores, quien se oponía en Huexca a la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM) y fue asesinado el 20 de febrero de 2019, hasta Raúl Hernández, defensor de la mariposa monarca hallado sin vida el pasado 1 de febrero en Michoacán, tres días después de que fuera encontrado el cuerpo de Homero Gómez, quien combatía la tala clandestina en la misma reserva.
A casi un año del asesinato en Amilcingo de Samir Flores, su compañera de lucha Samanta César lamenta que el caso no avance en la Fiscalía de Morelos y que no haya sido atraído por la Fiscalía General de la República.
“No hay avances, creemos que está estancada la investigación, esperando no sé qué; hace un par de meses citaron a declarar a compañeros del pueblo, pero no sabemos que hayan citado a quienes los testigos señalaron”, comenta en entrevista.
“Nos preocupa esta situación de quietud y de inacción de la Fiscalía de Morelos, por eso continuamos exigiendo que el caso sea atraído por la Fiscalía General”.
Samir Flores fue asesinado a tiros afuera de su casa, tres días antes de que el Gobierno federal realizara una consulta en Tlaxcala, Puebla y Morelos, sobre la continuidad o no del PIM, un megaproyecto que en campaña Andrés Manuel López Obrador prometió parar y que contempla la planta termoeléctrica de Huexca, un acueducto hacia el Río Cuautla y un gasoducto que pasa por los tres estados.
“La resistencia continúa, la lucha y la organización sigue”, asegura Samanta César.
Explica que el PIM tiene varios impactos ambientales, pues el óxido de nitrógeno que se generará con la termoeléctrica podría hacer menos productiva a la tierra y afectaría a algunos animales endémicos de la región como la tortuga casquito.
“También, las turbinas de las termoeléctricas son enfriadas con agua con ciertos químicos que son metales duros, y eso va a dar al Río Cuautla, que alimenta a miles de campesinos en el Municipio de Ayala”, comenta.
“Y el gasoducto atraviesa el mapa de riesgo volcánico, y está cercando a muchas comunidades entre el Popo y las rutas de evacuación, y hay que recordar que el epicentro del sismo de 2017 fue muy cerca de esta zona, lo que aumenta el riesgo”.
Jorge Velázquez, habitante de Amilcingo y amigo cercano de Samir Flores, reprocha la falta de avances en la investigación y asegura que, para el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el asesinato tuvo que ver con la labor en contra del PIM.
Para Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, existen factores estructurales que vuelven peligrosa la defensa del medio ambiente, como la impunidad, la presencia del crimen organizado y la ausencia de Estado en núcleos rurales.
Como el caso de Samir, ningún caso del año pasado ha sido resuelto, sólo en el asesinato de la bióloga Nora Patricia López León, quien coordinaba un proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico Aluxes, en Palenque, Chiapas, las autoridades detuvieron a dos individuos.
La especialista fue hallada sin vida en un hostal sobre la carretera Palenque-Ocosingo, y según la Fiscalía de Chiapas el móvil del homicidio fue un robo, sin vínculo aparente con su labor profesional, aunque el crimen fue condenado por Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex Secretaria de Medio Ambiente.
Para la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todas las investigaciones oficiales deben tener una hipótesis sobre la labor de los activistas.
“Los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente son la culminación de otras muchas agresiones como amenazas, agresiones físicas y campañas de desprestigio”, indicó la ONU-DH, consultada al respecto.
“En ocasiones, las autoridades encargadas de investigar estos casos afirman que las agresiones no están vinculadas con la defensa del medio ambiente, pero en la práctica la mayoría de las investigaciones no concluyen con el esclarecimiento de los hechos”.
Isaías Cantú Carrasco fue asesinado el 11 de octubre en Guerrero. En ese entonces, era presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec, y llevaba 7 años en oposición de la explotación minera.
Andrea Cerami, Coordinador de Derechos Humanos del Cemda, indica que en los cinco años que llevan monitoreando ataques a defensores ambientales han registrado que un tercio de las agresiones provienen de autoridades municipales, estatales o, incluso, federales, mientras que los sectores involucrados son, principalmente, la minería, las energías renovables y el tema forestal.
“Tenemos un enorme agujero negro de datos, puesto que no salen a la luz pública todas las agresiones a personas defensoras. Cuando hablas con los defensores comunitarios, con la gente que está en el campo, te hablan de una cantidad de agresiones inmensa”, explica.
“Lo que hemos notado en cinco años es la falta de adopción de medidas eficaces que puedan llegar al fondo del asunto de las agresiones por parte del Estado mexicano, creemos que muchas de las agresiones vienen de un interés económico en disputa”.
Agrega que han tenido casos en que cambian las autoridades en funciones, los activistas en cuestión, las empresas que buscan desarrollar algún proyecto, pero a pesar de ello la tensión y las agresiones se siguen reproduciendo.
En mayo de 2019, fue asesinado afuera de su casa Gregorio Chaparro Cruz, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El joven de 20 años iba junto con su madre Otilia Martínez Cruz, de 60, quien también murió en el ataque armado.
Medios locales identificaron a ambos como defensores ecológicos, y familiares de Julián Carrillo Martínez, un indígena rarámuri protector del bosque de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahuamara, que se opuso a la tala de árboles y que fue asesinado en octubre de 2018.
A nivel mundial, en 2019, Front Line Defender documentó 304 asesinatos de defensores en 31 países, de los cuales 40 por ciento fue a defensores de derechos ambientales, de pueblos indígenas y de tierra y territorio, siendo América Latina de los lugares más peligrosos.
“En México, documentamos al menos 24 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos en 2019, siendo este tipo de defensores los que enfrentaron mayores riesgos”, indicó Sandra Patargo, responsable de Front Line Defender en el País.
El 10 de junio del año pasado, José Luis Álvarez Flores, reconocido protector del mono saraguato, fue hallado muerto con 5 disparos en Palenque, Chiapas. En 2012 creó, en 345 hectáreas, la Unidad de Manejo Ambiental en Chablé, Tabasco, donde cuidaba el desarrollo del primate.
Como parte de su labor, denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo del río Usumacinta, que era usado en la industria de la construcción. Antes de su asesinato había pedido protección a las autoridades estatales. Junto a su cadáver fue dejada una nota de amenaza contra otros ecologistas.
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, aclara que un defensor del medio ambiente no tiene que ser forzosamente un experto académico, sino que cualquier persona puede ser considerada como tal, aunque realice otras actividades.
En ese supuesto se encuentra el caso del empresario Paul Vizcarra, quien en 2014 fue galardonado con el Premio Nacional al Mérito Ecológico, por su labor en el manejo integral de residuos sólidos en Morelos.
Dueño de una empresa recicladora, el hombre que ayudó también a mejorar la vida de “pepenadores”, apareció muerto y con huellas de tortura en Tlalpan, Ciudad de México, en octubre de 2019.
Aunque no se ha confirmado, organizaciones que documentan el caso no descartan que se trate de un homicidio relacionado con su labor en favor del medio ambiente.
Como él hay más casos en México en los que las víctimas no se asumían como defensoras de la naturaleza, pero que su labor implicaba proteger el medio ambiente.
Fuente: Reforma
