Por Víctor M. Quintana S.
Se han recrudecido en todo el país los ataques contra organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en cualquiera de sus acepciones: cívicos, políticos y sociales. Chihuahua no es la excepción, menos tratándose de una de las entidades donde hay más activismo de organizaciones no gubernamentales y derechohumanistas.
A los ataques perpetrados hace menos de medio año contra barzonistas y dirigentes comunitarios del ejido Benito Juárez se suman ahora las agresiones en contra de las organizaciones de mujeres, y contra la agrupación Plan Estratégico de Juárez, apenas la semana pasada.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, tan conculcados en Chihuahua, se han convertido en las villanas favoritas de aquellos a quienes sus señalamientos, desmentidos y denuncias les escuecen. En la más reciente oleada de ataques varios medios de prensa digital y escrita arremeten contra ellas con el viejo y manido argumento de que “reciben financiamientos del extranjero y lucran con el dolor de las familias de las mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas”. Ya han sido el blanco de estos ataques asociaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres por México y Justicia para Nuestras Hijas. Norma Ledezma, fundadora y directora de esta última organización es especialmente agredida ahora por libelos reproducidos por periódicos que se pretenden serios.
Norma Ledezma es una mujer que de víctima se ha convertido en sujeto. El dolor de la desaparición y asesinato de su hija Paloma, hace once años supo transformarlo en activismo formador, organizador y exigente de cuentas a favor de madres y familias de muchachas desaparecidas. Hace diez años fundó “Justicia para Nuestras Hijas” para acompañar, capacitar y organizar a las mujeres cuyas hijas son víctimas de las múltiples violencias que reinan en nuestro estado.
Norma se ha convertido en abogada, en agente investigadora ante las deficiencias de las autoridades que deberían cumplir estas funciones. Y ha ayudado a que otras madres también se defiendan, denuncien, investiguen. Ella y su organización han ganado varios reconocimientos internacionales, incluso en el concurso “Iniciativa México” promovido por Televisa.
La asociación Plan Estratégico de Juárez ha sido agredida cuando menos tres veces en aquella frontera. Los ataques han adoptado la forma de robos del equipo de cómputo y de comunicación, instrumentos indispensables para el trabajo de esta organización.
Con el asalto violento al automóvil de uno de sus integrantes y el despojo de equipo cibernético asciende ya a casi medio millón de pesos el botín de quienes son enviados a amedrentar a esta organización, molesta para el poder establecido, sobre todo para las autoridades municipales.
En efecto, la labor de Plan Estratégico de Juárez es tal vez única y pionera a nivel nacional. Se ha convertido en un verdadero observatorio ciudadano, crítico de las políticas y de las acciones de gobierno del municipio. Además de realizar evaluaciones de los programas y de los presupuestos municipales, Plan Estratégico realiza una acción de vigilancia sobre las y los regidores, estamento privilegiado, no acostumbrado a la rendición de cuentas. También lleva a cabo talleres, foros y seminarios como el que ahora realiza: “Quién manda en Juárez”. Este tipo de planteamientos y de cuestionamientos seguramente resultan muy molestos para quien busca ejercer el poder sin contrapesos y sin ningún tipo de regulación ciudadana sobre su actuar.
Organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, como Plan Estratégico de Juárez contribuyen a la democratización sustantiva y cotidiana de nuestra sociedad. Aportan a la vigilancia y exigencia de los derechos que constituyen la ciudadanía. Por eso son muy importantes para la población y resultan muy molestas para los gobiernos autoritarios y sus aliados. Su actuar continuo y su no adscripción partidaria las hace mucho más difíciles de controlar o de cooptar.
Es el caso en otras partes del país de organizaciones campesinas ambientalistas, de centros de defensa de los derechos humanos, de comunidades indígenas que defienden su territorio y sus recursos naturales. Por eso son agredidos ahora de muchas formas, porque no se les puede manejar mediante el “Pacto por México” ni controlar mediante un registro de partido político o el otorgamiento de prerrogativas monetarias.
En este sentido resulta muy pertinente la campaña que la Red Nacional “Todos los Derechos para Todos” ha emprendido para defender a las y los defensores de derechos humanos, que se denomina “Defendamos la Esperanza”. Porque defender a quienes actúan como Justicia para Nuestras Hijas, como Plan Estratégico de Juárez es proteger las semillas de otro México posible.
