Por Miguel Concha
El miércoles pasado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dio a conocer la campaña nacional Defendamos la Esperanza, cuyo objetivo es difundir el aporte de las y los defensores de estas garantías en la construcción de una sociedad más justa; la campaña responde a que en años recientes su trabajo se ha visto fuertemente amenazado. Una de las principales preguntas que surgieron para su construcción fue: ¿por qué quiénes buscan la justicia social tienen que enfrentarse a las violaciones a sus derechos humanos? Con ella se trata de poner en claro que defender esta materia no es tarea fácil. Diariamente, las y los defensores acompañan a víctimas de violaciones a sus garantías, denuncian la injustica social, los abusos de la autoridad y la falta de atención del Estado a las personas y grupos más vulnerados por un sistema injusto e incapaz de concebir la trascendencia de la dignidad humana.
Lamentablemente, en el país el derecho a defender los derechos humanos sigue representando un gran riesgo, a pesar de que en junio del año pasado se publicó la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y se creó posteriormente un mecanismo para su aplicación. Las personas que lo ejercen siguen enfrentándose a hostigamientos, difamaciones, robos, amenazas, criminalizaciones en medio de manifestaciones de protesta social, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, durante el primer bimestre de 2013 se han registrado 42 de estos ataques contra defensoras y defensores en el país, en comparación con las 21 ocurridas durante el mismo periodo de 2012. Es decir, se ha dado un incremento del ciento por ciento. Y es importante destacar que los perpetradores de estas violaciones son agentes del Estado. Por otro lado, hay que subrayar también el aumento de agresiones de actores no estatales, como particulares y empresas privadas, de los que sin embargo es igualmente responsable el Estado mexicano, por no cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas y grupos contra terceros. En menos de una semana, en efecto, ocurrieron dos graves agresiones; una de ellas atribuible precisamente a la actuación de empresas. La primera contra defensores comunitarios en Oaxaca, durante el memorial por el asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez. En ese acto se retuvo a integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, opuesto a la imposición de minas, quienes acompañados por diversos defensores de derechos humanos exigieron a la administración estatal esclarecer el homicidio de Vázquez Sánchez.
En el contexto de la política de generosas y numerosas concesiones del gobierno federal a mineras nacionales e trasnacionales, quienes los retuvieron eran grupos afines a la mina Cuzcatlán. La segunda agresión se difundió a través de la acción urgente emitida por Amnistía Internacional, por las amenazas de muerte contra los defensores fray Tomás González, director del Hogar-Refugio La 72, ubicada en Tenosique, Tabasco, y Rubén Figueroa. El trabajo de defensa y promoción de derechos humanos se desarrolla entonces en un contexto nacional poco favorable. Felipe Calderón forjó y heredó a generaciones un país dolido y vulnerado. La situación de violencia en muchos rincones de México es crítica. La militarización del país; el fortalecimiento del llamado crimen organizado; la corrupción de las autoridades; la impunidad; un sistema penal que viola el derecho de acceso a la justicia; la revictimización de quienes padecen la violencia del Estado; la desigualdad económica; la insuficiencia y defectos en la educación; la criminalización de las juventudes, y la protesta social, entre otras, son heridas que en México tomará años sanar. A partir del reconocimiento de esta situación, la Red TDT, integrada por 73 organizaciones en 21 estados de la República, busca con esta campaña sensibilizar y difundir la importancia y el aporte positivo del trabajo de aquellas personas que ejercen el derecho a defender las garantías humanas, pues hay un amplio sector de la sociedad que conoce poco o nada sobre la dedicación y el esfuerzo que realizan.
La campaña no es un lema o un logo. Son historias que se darán a conocer por medio de 20 experiencias de defensa, promoción y acompañamiento a víctimas de violaciones en la materia. Son ciertamente historias dolorosas, algunas de las cuales siguen en procesos de resolución, y otras presentan experiencias fortalecidas que ejemplifican el compromiso que cada defensor y defensora tiene en el anhelo por crear una sociedad más justa.
Cada semana, en el sitio www.defendamoslaesperanza.org.mx se mostrará un caso diferente, en el que se podrá descubrir y apreciar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos. La campaña se propone también sumar y hacer partícipe a la gente de la defensa de estas garantías, pues no se trata de una acción exclusiva y aislada, sino de una estrategia que busca involucrarla y reconocer que todas las personas pueden defenderlas desde sus propias comunidades y espacios, sin que esto sea objeto de criminalización. Frente al desprestigio orquestado contra las y los defensores de derechos humanos, una campaña como ésta nos deja ver que las buenas noticias existen, que la esperanza vive en la gente, y que el trabajo de las organizaciones tiene incidencia en la sociedad.
Fuente: La Jornada
