El gobernador Ángel Aguirre Rivero dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) emitió una orden de localización y presentación contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, para que declare sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 26 y que dejaron un saldo de seis muertos y 20 heridos.
La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación.
Este mismo miércoles, en su primera aparición pública en Guerrero, luego del asesinato de seis personas, Aguirre anunció una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que permita localizar a los 43 normalistas que permanecen desaparecidos desde el día de la agresión.
Por su parte, el procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, explicó que la dependencia que encabeza emitió la orden de presentación porque se desconoce el paradero y ubicación de Abarca y Flores.
Apenas ayer, el alcalde perredista acudió a la sede del ayuntamiento en Iguala y solicitó una licencia para ausentarse del cargo por un mes, medida que fue aprobada por el Cabildo de manera unánime.
Minutos después, decenas de policías ministeriales y estatales arribaron al centro de la ciudad y cercaron la sede del ayuntamiento. Posteriormente catearon la casa del alcalde con licencia, que ya no se encontraba, y detuvieron a tres empleadas domésticas y a su chofer.
Esta tarde, Aguirre Rivero convocó a reporteros en la residencia oficial Casa Guerrero para dar un mensaje, pero rechazó las preguntas que se le hicieron.
El mandatario estatal llegó acompañado del procurador de Justicia y el secretario de Gobierno, quienes fijaron una postura y realizaron un recuento de las actuaciones que ha realizado el Ministerio Público del fuero común en torno de los trágicos hechos de Iguala.
Según Aguirre, hasta el momento siguen desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que fueron atacados con ráfagas de metralleta por agentes municipales y sicarios, la noche del viernes 26, y anunció un despliegue policiaco-militar en la zona norte de la entidad, con el objetivo de localizar a los jóvenes.
Hasta el momento las autoridades ministeriales han determinado que al menos 10 normalistas fueron detenidos por policías municipales, permanecieron retenidos en el cuartel policiaco y posteriormente fueron entregados a presuntos sicarios que operan impunemente en Iguala.
Por separado, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció la expulsión de las filas del partido de José Luis Abarca Velásquez.
“No somos tapadera de nadie, por eso, a pesar de que el presidente municipal, ahora prófugo de la justicia, es militante del PRD, ya se está procesando para quitarle sus derechos, de tal forma que queda expulsado del PRD”, anunció desde el Senado, donde se reúnen legisladores con familiares de las víctimas.
Añadió: “Para la dirigencia nacional del PRD está expulsado este funcionario, y por salud social, por salud a la investigación, debe presentarse a dar la cara”.
Asimismo, solicitó al gobernador Ángel Aguirre y al gobierno federal que investiguen a fondo los acontecimientos y se aplique la ley “caiga quien caiga”.
En tanto, estudiantes de las normales rurales del país, encabezados por los jóvenes de Ayotzinapa y padres de familia, marcharon en esta capital para exigir a las autoridades que rescaten con vida a los desaparecidos y castiguen a los responsables de las muertes.
En esta ocasión, los inconformes marcharon de manera pacífica y elevaron una oración para sus compañeros desparecidos en un hecho que sintetiza la dramática situación que se vive en la entidad, hundida en una espiral de impunidad y violencia que ha lacerado a la sociedad guerrerense.
La policía de Iguala, “totalmente infiltrada”
Por la mañana, el gobernador de Guerrero aseguró que la policía municipal de Iguala está “totalmente infiltrada” por grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, en especial Guerreros Unidos, presuntamente relacionado con una célula delictiva dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, hermano menor de la esposa del alcalde José Luis Abarca Velásquez.
Agregó que otras expresiones del crimen organizado como Los Rojos, que básicamente opera en la zona centro del estado, también han querido extender su dominio en ese municipio.
“Varios integrantes de la policía municipal de Iguala estaban vinculados con Guerreros Unidos, tan es así que de acuerdo con la información que me ha dado el procurador, dos de estos policías, también vestidos de negro y encapuchados, hacen parte de los disparos (contra los estudiantes). En ese momento ya no son policías, sino que se convierten en miembros de la delincuencia”, subrayó en entrevista con Radio Fórmula.
Y subrayó que en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos “nos está auxiliando el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía del Estado y un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.
En respuesta a las declaraciones que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, quien demandó a Aguirre que asuma su responsabilidad como gobernador, éste dijo que no se rehúsa a hacerlo, pero la situación en Guerrero, apuntó, amerita la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
Remató: “No voy a entrar en polémicas estériles, hay niveles de gobierno. Cuando un gobierno estatal necesita apoyo, acude el gobierno federal, como (lo hizo) en Tamaulipas, el Estado de México y Michoacán. Sin embargo, en Guerrero ese ejercicio no se ha llevado a cabo”.
Ayer, Peña Nieto ofreció apoyar al estado de Guerrero en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, pero pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asuma su responsabilidad.
“Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades de los gobiernos estatales”, subrayó el Ejecutivo.
Añadió: “Me parece que es muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la investigación a fondo y a profundidad para deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los responsables de la ley en este caso”.
También ayer, el procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, confirmó la consignación por el delito de homicidio calificado contra 22 policías detenidos tras los disturbios del pasado viernes 26.
De igual manera, añadió el funcionario estatal, se investiga “la probable responsabilidad” del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y del alcalde José Luis Abarca, pero también el involucramiento de grupos de la delincuencia organizada en las agresiones contra los estudiantes normalistas.
Según el procurador, las autoridades acreditaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Iguala, además de que su reacción no fue la adecuada e hicieron uso de armas de fuego sin justificación
Fuente: Proceso
