Pedro Miguel
Señoras y señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Magistrados José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López:
Como hace seis años, el organismo que ustedes integran tiene ante sí la tarea de juzgar la validez, la legalidad y la legitimidad de una elección presidencial. En 2006 el TEPJF dio por bueno un proceso electoral viciado, irregular y oscuro, proclamó presidente electo a Felipe Calderón. Ante las inconformidades, las autoridades electorales se negaron a exhibir las pruebas del supuesto triunfo del aspirante panista –esto es, rechazaron el conteo voto por voto– y la instancia que ustedes encabezan decretó la validez de unos comicios en los que, según los propios magistrados el entonces presidente Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial y el partido que está a punto de dejar el poder cometieron transgresiones a la legislación electoral.
Ese fallo causó, con ello, un gravísimo daño a las instituciones republicanas y al país en general. Generó una fractura política en la sociedad, erigió una presidencia ilegítima a ojos de un importante sector de la población, sentó un precedente de impunidad para delincuentes electorales y minó severamente la confianza de la gente en los procedimientos democráticos como generadores de consenso y de solución pacífica de las diferencias. El sexenio que termina deja un saldo catastrófico de estancamiento o regresión en todos los ámbitos de la vida nacional y buena parte de ese saldo es atribuible a la ilegitimidad de origen del propio Calderón.
En el momento presente ustedes enfrentan la disyuntiva de repetir aquella decisión trágica y validar unos resultados electorales oficiales asentados sobre una montaña de irregularidades y de presuntos delitos o de sanear la vida republicana y garantizar la estabilidad política e institucional mediante la nulificación del proceso.
Ustedes no ignoran que los poderes fácticos pretenden, entonces como ahora, revestir con una cáscara de legalidad un resultado electoral obtenido por medios ilegítimos: desde el inicio de una campaña de facto con seis años de antelación, con la ayuda de los medios electrónicos, hasta la inyección masiva de dinero de dudosa procedencia –recursos públicos, en algunos casos– para obtener millones de votos a cambio de dinero. Esta inadmisible corrupción de la voluntad ciudadana se realizó en los sectores más pobres del país, aprovechando las circunstancias de necesidad y miseria de los votantes.
Ustedes están conscientes de que las prácticas referidas son manifiestamente ilegales y en su momento no fueron evitadas, investigadas ni sancionadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) ni por la Fiscalía Especializada en la Atención a delitos electorales (Fepade), organismos que ostentaron un comportamiento manifiestamente omiso.
Para ustedes, como para todos, es claro que si no se hubiera recurrido a métodos como los señalados, es decir, si los comicios de julio pasado hubieran sido realmente libres, el aspirante presidencial priísta no habría obtenido la mayoría de los sufragios. Para el país, ustedes incluidos, es claro que un candidato impopular y rechazado no puede ganar unos comicios, a menos que se recurra a acciones ilícitas para adulterar la voluntad popular y simular que los ganó.
Es de suponer que ustedes estarán sometidos –como está sometido el país en su conjunto– a intensas presiones para que decreten, pese a todo, la legalidad y validez de la elección del 1 de julio es legal y válida.
Señoras y señores magistrados: Resistan a esas presiones, dejen de lado los intereses particulares que pudieran tener en este caso y obedezcan a su conciencia. Otórguenle una oportunidad al país, a la democracia, a la estabilidad y a la gobernabilidad, a la credibilidad del alto organismo jurisdiccional que integran, a la propia respetabilidad y honorabilidad de ustedes como jueces.
Invaliden estos comicios presidenciales viciados e inverosímiles y sienten un precedente contra los poderes fácticos que han venido ensuciando y distorsionando los procesos electorales en el país. Abran las puertas a la renovación de la vida republicana del país que puede iniciarse en el lapso de una presidencia interina. De ustedes depende. Ahórrenle al país otra catástrofe.
Artículo publicado originalmente en La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/15/opinion/028a1mun
