Por Luis Javier Valero Flores
¿Qué hacer en diciembre con las posadas y el tráfico vehicular?
Restauranteros, propietarios de antros, centros de espectáculos y empresarios de los negocios afines, amén de, por supuesto, los vendedores, fabricantes y distribuidores de bebidas alcohólicas, presionan y obtienen de la autoridad la tan ansiada ampliación en la venta de bebidas alcohólicas, hasta por dos horas más.
A su vez, la misma autoridad, en el caso de Juárez, y una distinta, la estatal, en el caso de Chihuahua, dan luz verde a los operativos de control de los conductores ebrios y se llega el caso de hasta plantear la puesta en vigor del encarcelamiento pasajero de quienes fueren detenidos con altos niveles de ingesta de alcohol. Al mismo tiempo, los taxistas se dan vuelo en esta época. Como prestadores de un servicio sin control alguno se despachan con la cuchara mayor al grito de que ahí viene la Navidad.
Mano dura contra los ebrios, claman los gobernantes al tiempo que a los concesionarios les amplían los períodos de venta y, además, en la práctica, dejan por la libre a los agentes de Tránsito que, al igual que los taxistas, en la temporada se llevan su “Navidad” a costa de los usuarios de las dos urbes mayores que, ya sea por ser poseedores de algún vehículo, o por no serlo, son “clientes cautivos” de las mafias del transporte urbano.
Sí, porque el servicio de transporte de taxis está concesionado a los mismos grupos “sindicales” del transporte urbano de pasajeros (el de los camiones) y aquí aún peor pues las tarifas brillan por su ausencia, a pesar de que desde el gobierno de Reyes Baeza se anunció la instalación de taxímetros con el fin de eliminar el caos existente en las tarifas por este servicio, evidenciado de manera mayúscula en los paros realizados recientemente por los concesionarios o por los choferes, cuando elevaron los cobros salvajemente, en tanto en Juárez por trayectos ínfimos los taxistas cobran por lo menos 100 pesos.
La irracionalidad existente en el servicio de taxis en el antiguo Paso del Norte lo ilustra palmariamente el hecho de que la totalidad de las unidades que lo prestan tienen una antigüedad superior a los 10-15 años y son automóviles de ¡8 cilindros!
Así, si el viaje supera las 15 cuadras la tarifa sube, por lo menos, 50% ¿Y quién pone orden a esto?
Acertó, nadie.
Igual sucede en la capital. ¿Por qué no impulsar la instalación de taxímetros e imponerles a los prestadores del servicio las necesarias condiciones para que lo hagan del mejor modo posible?
Pues porque se oponen los mismos que han controlado el transporte urbano en el estado de Chihuahua.
En tanto, en Chihuahua capital las cúpulas sindicales ponen en jaque al gobierno estatal, al grado de casi orillarlo (si no se lo impide la decisión popular) a aprobar un esquema diferenciado de tarifas, que de hacerlo echará abajo el proyecto del ViveBús, consistente en que la tarifa de 6 pesos se mantenga en la ruta troncal y aprobará, en los hechos, un aumento en las rutas alimentadoras (las que soportan el mayor número de usuarios diariamente), sin que se documenten, en ninguno de los dos casos, las razones para mantener la tarifa o para elevarla.
Peor, si aprueban tal adefesio, deberán desaparecer el esquema vigente (que no sabemos, hasta la fecha, si funcionó o no) del pago de 6 pesos en el primer viaje, 2 en el segundo y 0 en el tercero.
Pero, ya sea el servicio de camiones, o el de taxis, una cosa es indispensable: Que el gobierno estatal ponga distancia de las dirigencias sindicales, en primer lugar y preponderantemente, de la CTM y su líder, Doroteo Zapata, al que una mayoría de representantes de la CTC han denunciado en sendos desplegados el día de ayer.
¿Que lo anterior no tiene relación con el elevado número de conductores ebrios presentes en estas épocas? Algunos podrían sostener que no, pero el servicio de taxis debería ser de tal modo que apareciera como la opción deseable para quienes desearan disfrutar de las fiestas navideñas y de la ampliación de los horarios.
Y si de verdad se piensa en desalentar tan letal combinación, entonces la mejor opción será la de la detención “administrativa” de 24-36 horas, sin el pago de multa alguna. Porque se trata de bajar el número de conductores ebrios, y de ninguna manera elevar la recaudación por concepto de aplicación de multas, ¿verdad?
Para constatar la eficacia de tales operativos no hace falta que funcionario público alguno deba viajar al extranjero, bastará con darse una vuelta a la capital mexicana para llegar a la conclusión de que esa detención está cumpliendo con los propósitos buscados.
