Por Luis Javier Valero Flores
Impedidos, no sólo por algún mandamiento legal, sino también por el respeto que nos merece el ánimo ciudadano, para que los electores “reflexionen” acerca del sentido de su voto en estos días previos a la elección, otros asuntos, diversos a la contienda electoral, llaman nuestra atención.
El de las cuotas escolares, que ahora se presenta en peores condiciones a las del año pasado, fruto de la reforma educativa aprobada tan orgullosamente por los partidos del Pacto por México; y el de las consecuencias de haber desmantelado el Poder Legislativo de Chihuahua.
Es una frase muy socorrida decir que los días que faltan para la elección servirán para que los ciudadanos tomen su decisión; así lo dicen, en público, muy convencidos, la mayoría de los candidatos. La verdad es que los ciudadanos decididos a votar lo resolvieron días o semanas atrás y solo unos cuantos lo decidirán en las próximas horas.
Más bien este tiempo es el de la mayor utilidad para preparar la “movilización” electoral, es decir, el uso de todos los recursos a su alcance para que partidos y candidatos “lleven” a votar a los ciudadanos interesados en su triunfo.
Todo está bien, siempre y cuando no se condicione la emisión del voto a la obtención de algunas canonjías, y ésta puede ser una simple despensa, así que los partidos deberán andar con mucho cuidado para evitar caer en tal ilegalidad.
Como todos los años, empiezan a filtrarse a los medios de comunicación las informaciones proporcionadas por algunos ciudadanos -preferentemente madres de familia- acerca de las inmensas presiones, en algunos casos, ejercidas por directores de escuelas y dirigentes de sociedad de padres de familia, para que éstos paguen las cuotas “voluntarias”, aprobadas por estos organismos, cuya característica principal es la opacidad con la que manejan los recursos económicos obtenidos de la “voluntariedad” de los padres de familia.
La desventaja es que ahora las autoridades educativas contarán con un instrumento legal, con el cual pretenderán orillar a los padres de los escolares a aportar económicamente al sostenimiento de las escuelas.
Y es que en la reforma educativa, aprobada recientemente por los legisladores, existen unas cuantas líneas mediante las cuales intentaron darle la vuelta a la obligación del Estado acerca de la gratuidad de la educación impartida por éste.
En ellas se habla de que ahora los padres de familia tendrán la libertad de efectuar todas las actividades posibles a fin de aportar recursos económicos a las escuelas de sus hijos.
¡¿Ah, qué bonito, verdad?!
Bueno, dentro de esa libertad está la de cobrar cuotas para “el mejoramiento de las escuelas”, o para la impartición de algunas materias extracurriculares, como podría ser el inglés.
¡Momento! Diría Clavillazo. En lugar de insistir ante el Estado para que esa extensión académica, o el cuidado de las instalaciones, o la compra de más equipo, etc. sea a cargo de la dependencia educativa, se opta por la vía aparentemente más sencilla: Que paguen la educación de sus hijos.
Nada más que se les olvida, o no lo supieron, que esa obligación los ciudadanos se la dejamos al Estado, al igual que el de la seguridad pública, porque eso de andar pagando cuotas en las escuelas gubernamentales es como si debiésemos pagar el salario del policía del barrio (cuando existían, o cuando vuelvan a existir), o tuviésemos que pagar la adquisición de llantas y la compra de gasolina de las patrullas.
Es un asunto que no puede estar bajo negociación.
Por otro lado, a quienes niegan la disminución de la calidad de la actual legislatura local con la sustitución de la friolera de ¡Once! diputados, sirva de ejemplo de los niveles de sumisión ante el Poder Ejecutivo de quienes se quedaron (por supuesto, no todos, pero hasta ahora nadie ha abierto la boca):
Aprobaron un acuerdo para pedirle al Poder Ejecutivo Estatal, “tenga a bien analizar (y solamente analizar, aportación de LJVF) la posibilidad y viabilidad para la creación de un Instituto u Organismo Estatal dedicado especialmente a la atención de las personas adultas mayores, con características similares al Instituto Chihuahuense de la Juventud o al Instituto Chihuahuense de la Mujer”.
Sólo le pidieron analizar ¡Híjole!
En otros tiempos, por lo menos se atrevían a presentar alguna iniciativa de ley, pero, bueno, ya se van.
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