El Tribunal Permanente de los Pueblos documentan una serie de violaciones del Estado, desde Salinas hasta Peña Nieto. Estableció un “desvío de poder”, por lo que se han violado múltiples derechos. La sentencia hace un llamado a la refundación de México.
Luego de un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebró -el sábado- una audiencia final sobre libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.
Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, en una serie de audiencias, el Tribunal señaló los derechos violados en el país y concluyó que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El lo que se refiere al Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, establece que tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana.
La sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana y con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas, para revertir lo que calificaron como un “desvío de poder”.
Fuente: Aristegui Noticias
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