Por Javier Corral Jurado
A lo largo de mi experiencia en el Congreso mexicano nunca me había tocado presenciar un proceso parlamentario de ratificación a un funcionario público tan rápido y expedito como el que avaló por unanimidad en el Senado a Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República; un auténtico fast track, no obstante que la trayectoria del hidalguense está marcada por una acción política muy partidista. Sin embargo, se confía en que siendo Murillo un político confiable, respetable y con peso propio, sepa también separar sus convicciones partidistas del deber de imparcialidad e independencia que le impone su delicada y –según él–, desmantelada función.
En contraste con esa colaboración y expeditez senatorial –reflejada también en las ratificaciones de los subsecretarios de Hacienda–, el procesamiento de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no ha corrido con igual suerte y ha encontrado en el Senado de la República un rechazo entre los partidos de izquierda y Acción Nacional. Serias preocupaciones se producen por las modificaciones que propone, partícularmente el rediseño que plantea llevar a la Secretaría de Gobernación la administración de la policía federal y encargar esa fusión a otro hidalguense, el licenciado Miguel Osorio Chong. Concentrar facultades y atribuciones de naturaleza distinta, prácticamente incompatibles, no sólo puede terminar distorsionando la eficacia de ambas, sino poner otra vez en riesgo los avances que hemos tenido en la asunción y respeto de los derechos humanos como valor universal. Ese esquema puede devolvernos, ni más ni menos, que a la policía política que durante décadas el PRI usó para reprimir a sus adversarios políticos.
En ninguna parte del mundo democrático tenemos un antecedente de un órgano que concentre facultades y atribuciones en materia de política y seguridad interior. Mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática, la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza.
No debemos olvidar que actualmente la Secretaría de Gobernación tiene facultades y atribuciones en materia de vigilancia de los contenidos en los medios de comunicación impresos y electrónicos de radio y televisión, así como de clasificación de contenidos en cinematografía, sobre gobernabilidad democrática, promoción y defensa de los Derechos Humanos; lo mínimo que debemos hacer es proponer controles democráticos.
Aunque la Cámara de Diputados la aprobó prácticamente como la envió el presidente Peña Nieto –sólo unos cambios menores–; la propuesta se detuvo en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y se sometió a un análisis más riguroso. En realidad encontró la minuta –así se le llama a una iniciativa aprobada por una sola cámara–, un rechazo generalizado en los senadores del PAN, PRD, PT y MC, pero resolvimos dejar que transitara el nuevo modelo planteado por el Presidente de la República si a éste se le adicionaban algunos controles políticos parlamentarios que obligaran a rendir un informe del ejercicio de las nuevas atribuciones, así como requerir la comparecencia periódica del secretario de Gobernación al Senado y que los altos funcionarios de la policía sean también ratificados por ésta cámara.
Aprobar en lo general la nueva organización de la administración federal y poner mínimos controles fue una muy difícil pero importantísima decisión entre los senadores de oposición que el equipo de Peña Nieto no supo valorar en justa dimensión, ni alcanzaron a comprender la importancia de un aval así. El propio secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fue personalmente a presionar a los senadores priístas hasta su sede el miércoles pasado para hacerlos recular del compromiso público que en voz de Emilio Gamboa Patrón hicieron de aceptar las adiciones y modificaciones al proyecto de dictamen.
En la bancada del PAN hemos resuelto no obstaculizar al nuevo gobierno del presidente Peña Nieto, ni ponerle piedras en el camino o diques a su desempeño; continuar con la actitud mezquina con la que los priístas le regatearon a México reformas necesarias sólo para demeritar el trabajo de nuestros gobiernos, conduciría a la perdida de oportunidades para todos. Pero tampoco entregaremos un cheque en blanco; colaborar entraña también un deber de contrapeso, de equilibrio, de crítica y denuncia, sobre todo, ante abusos, excesos o intentos de regresión, como ésta indebida concentración de poder. Esta ha sido nuestra mayor preocupación.
Hemos estado de acuerdo en el fortalecimiento de la Oficina de la Presidencia de la República, una reorganización de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el cambio de denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Propusimos diversas modificaciones entre las que se encuentran: que en el Diario Oficial de la Federación no sólo se publiquen las leyes que aprueba el Congreso y los reglamentos que expida el Presidente de la República, sino también los proyectos no devueltos con observaciones a las Cámaras por parte del Titular del Ejecutivo Federal; que el titular de la dependencia con nuevas atribuciones en materia de seguridad pública comparezca cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública; eliminar una fracción que pretendía que el secretario de Gobernación regulara y autorizara la portación de armas de fuego a los empleados de la Federación en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional; esto nos recordó de inmediato los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad, esa instancia que sirvió por un lado como brazo armado protector de narcotraficantes y por el otro, como policía política para reprimir a los adversarios del régimen priísta.
Al eliminar esa fracción hemos incorporado la obligación del secretario para comparecer cada seis meses a la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
Se eliminó la propuesta que preveía la administración del Archivo General de la Nación, en virtud de que la Ley Federal de Archivos establece otra naturaleza jurídica a dicho órgano, se propuso que las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos sea en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que quede excluida la materia electoral de las atribuciones de promoción de la participación ciudadana que compete en exclusiva al IFE, así como que los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean ratificados por el Senado.
En eso se centró el desencuentro que se pudo apreciar en la tribuna el pasado 6 de diciembre, mientras PAN y PRD propusimos que estos cargos fueran ratificados por el Senado de la República, el PRI se oponía y nos aseguraba que después podríamos incluir esta ratificación desde la Constitución, sólo que así como nos han propuesto esta reforma constitucional nos han prometido otras y no nos han cumplido.
Estoy cierto que Emilio Gamboa Patrón sí participaba de la ratificación que proponíamos y por ello lo ofreció públicamente: “Desde finales de la semana pasada estábamos de acuerdo. El PRI aceptó la ratificación del jefe de la policía, entonces si no pudo aprobarse fue porque la Cámara de Diputados ya no estaba sesionando desde el miércoles. Esta semana podemos enviarla a la Cámara para que lo podamos resolver lo más pronto posible”.
El 29 de noviembre, en rueda de prensa, Gamboa también dijo: “Y lo que llaman controles democráticos, todos se aprobaron. ¿Cuáles eran sus controles democráticos? Que el comisionado General de la Policía Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, vinieran a la ratificación aquí al Senado de la República, lo aprobamos”. E insistió: “nosotros no nos negamos a que vinieran aquí a la ratificación el comisionado de la Policía Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo aprobamos. Es una mentira que nosotros nos negamos a esos controles democráticos, completamente mentira”.
¿Entonces? ¿Qué pasó en la bancada del PRI?, ¿Por qué se desdijeron y este jueves votaron en contra de la ratificación? No hay duda de que la inesperada visita de Osorio Chong modificó la visión parlamentaria del nuevo PRI en menos que canta un gallo.
Este hecho es muy lamentable porque contamina el ambiente de diálogo y acuerdo político con el que inició el nuevo gobierno federal con la suscripción del Pacto por México. Ensancha las desconfianzas, refuerza los señalamientos de la conducta doble del PRI. No dejan de tener algo de razón, pues es difícil creer que busquen el ejercicio de una Presidencia democrática y el sometimiento de los poderes fácticos, cuando ni siquiera son capaces de someter a la ratificación del Senado a dos funcionarios de policía.
Twitter: @Javier_Corral
Fuente: Sin Embargo
