La bancada del PAN en el Senado se dividió entre el bloque de legisladores calderonistas y los que están alineados con el dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya, que se oponen al nombramiento de Raúl Cervantes como primer fiscal general de la nación, que sería transexenal; mientras que el PRI, bajo la batuta del veterano Emilio Gamboa Patrón, se alista a cumplir ese último encargo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
El endurecimiento del PRI se percibió claramente desde el 24 de agosto pasado, cuando su coordinador en el Senado, Gamboa Patrón, dejó claro que sólo le faltaban tres votos para quedarse con los dos órganos de gobierno (la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política), pero también para definir por mayoría simple (65 votos) el futuro de la Fiscalía General de la Nación.
“Ya es el año de la sucesión presidencial. Vamos a hacer valer lo que somos en la Cámara de Senadores. Somos 55 senadores del PRI y siete del Partido Verde; sumamos 62. Es un número muy importante; nos faltan tres para ser mayoría simple, pero espero conseguir los votos”, sentenció Gamboa Patrón, quien defendió a Raúl Cervantes como posible aspirante a fiscal general y aclaró que su bancada no había definido si optaba por modificar el artículo transitorio del 102 constitucional para eliminar el llamado “pase automático” del actual procurador.
La plenaria de los 55 senadores del PRI culminó el 30 de agosto y la bancada más grande del Senado no definió como prioridad modificar el “pase automático”. Las plenarias del PAN, PRD y PT-Morena, las tres principales fuerzas opositoras, acordaron ir por la reforma al artículo 102 constitucional y se comprometieron a impulsar tanto en la Fiscalía General como en la Fiscalía Anticorrupción a “personas que carezcan de militancia partidista”.
Sin embargo, desde el 29 de agosto quedó claro que Gamboa Patrón no sólo había obtenido sus tres votos necesarios de la bancada del PAN para tener mayoría simple en los temas de la integración de la Mesa Directiva y de la Fiscalía General.
La fractura del PAN es de entre 10 y 12 senadores, de un total de 38, que decidieron separarse de la línea política marcada por Anaya para aliarse con el PRI y el Verde en los temas de la próxima agenda legislativa, especialmente el “pase automático” del procurador general.
Ave de tempestades, el exsecretario del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón, retornó al Senado después de haber pedido licencia apenas el 31 de enero de este año para integrarse al gobierno de Puebla.
En su retorno, Lozano salió a defender al aspirante presidencial panista Rafael Moreno Valle, denunciado el 24 de agosto en la PGR por encabezar un sistema de espionaje y de “eliminación” de adversarios, pero también para advertir que existen 12 senadores que están en contra de Anaya.
“Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con el PRI”, sentenció Lozano en una sorpresiva conferencia de prensa en el Senado para sacar adelante temas de la agenda legislativa como el fiscal anticorrupción, el fiscal general, la Ley de Seguridad Interior y el mando policial mixto, entre otros.
“Lamentablemente, Ricardo Anaya está arrastrando al PAN por su defensa y ambiciones personales. Arrastra al PAN, a sus grupos parlamentarios y a todo el partido lo puede llevar hasta un tercer lugar si seguimos con estas necedades”, remató.
Ese mismo día el coordinador de la bancada panista, Fernando Herrera, designado por el propio Anaya, y el senador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel reiteraron que el procurador Raúl Cervantes Andrade no pude ser fiscal general los próximos nueve años y que esta decisión fue tomada por la Comisión Permanente del PAN.
Herrera advirtió que el PRI había abierto “tres frentes: quieren un fiscal general a modo, quieren dinamitar el Frente Amplio y están desesperados porque están en tercer lugar en todas las encuestas, y entonces están tratando de golpear de manera permanente, sistemática, al Partido Acción Nacional”.
El coordinador panista aprovechó para atacar al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, a quien llamó “borracho de cantina” y “corrupto” por demandarle a Ricardo Anaya que diera a conocer sus bienes inmuebles, a raíz del escándalo de presunto enriquecimiento ilícito de él, de su suegro y de sus parientes políticos.
La fractura
La fractura de la bancada del PAN quedó clara en la tormentosa sesión del 31 de agosto para elegir al presidente de la Mesa Directiva y al de la Junta de Coordinación Política. Tras 10 horas de negociaciones con el jefe de la bancada del PRI, Gamboa Patrón, y otros coordinadores, cuatro senadores del blanquiazul votaron en contra del acuerdo de 38 legisladores panistas y se sumaron a los priistas y del Partido Verde para elegir a Ernesto Cordero, calderonista exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social, como nuevo presidente de la Mesa Directiva.
Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, quienes fueron colaboradores del gobierno de Calderón, votaron en medio de gritos de “traidores” que provenían de correligionarios suyos, como el colimense José Luis Preciado, excoordinador de la bancada, y el propio Fernando Herrera.
“Lo que lamento es que a veces pueda más la cartera que la camiseta. Lo que lamento es que hay compañeros aquí que no se han dado cuenta, a cinco años de haber dejado el gobierno de Calderón, que sigan pensando que son gobierno; que sigan pensando que son parte del gobierno de Peña Nieto y que tienen la delegación de traicionar al PAN”, les reprochó Preciado en la sesión.
Herrera afirmó en rueda de prensa que son “traidores que le han dado la espalda al pueblo mexicano” y acusó de “esquirol” a Javier Lozano, a quien, según él, “lo llamó el gobierno para infiltrarlo nuevamente en el PAN”.
La elección de Ernesto Cordero no fue casual, advirtieron legisladores del PRD y del PT. Como presidente de la Tercera Comisión en la Comisión Permanente, el senador calderonista apoyó la posición del PRI para que no se llamara al procurador a informar sobre el escándalo de corrupción Odebrecht, donde también se involucra a funcionarios del gobierno anterior.
La coordinadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que el PRI quiere controlar el Congreso de la Unión en el último año del gobierno peñista para concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, “pero nada más y nada menos que nombrando al fiscal anticorrupción y al fiscal general de la República. En automático quedaría nombrado el actual procurador (Cervantes Andrade) como fiscal general. Eso significaría permitir la impunidad, eso significa que nadie pueda ver para atrás y tenemos, de acuerdo con los últimos datos de una encuesta, 99.7% de impunidad”.
En vísperas de la instalación del tercer año de la LXIII Legislatura, Gamboa Patrón negó que hayan condicionado el apoyo a Cordero a cambio de que voten por Raúl Cervantes como fiscal general transexenal, pero recordó: “Ellos votaron la reforma constitucional a favor del pase automático; fueron 96 diputados federales que votaron a favor”. Entre esos legisladores estaba el actual líder nacional panista, Ricardo Anaya.
El argumento de Gamboa fue prácticamente el mismo que el de Roberto Gil Zuarth, expresidente del Senado también, quien señaló a los senadores fieles a Anaya de haber votado a favor del artículo transitorio que estableció el “pase automático” del procurador.
El enredo de la Fiscalía General
La reforma constitucional en materia político-electoral se publicó el 10 de febrero de 2014 e incluyó la autonomía del Ministerio Público, pero dejó un régimen transitorio que ha generado una airada reacción entre especialistas; y existen nueve iniciativas “congeladas” en el Congreso para modificar el artículo 102, Apartado A, de la Constitución. Entre esas iniciativas está incluso una enviada por el Ejecutivo federal.
Un estudio jurídico, cuya copia obtuvo Proceso, señala que “la autonomía constitucional aprobada en el papel en 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del servicio”.
En dicho estudio, “Vamos por una fiscalía que sirva”, también se advierte que “una fiscalía desmantelada no se maquilla, se transforma”, y señala que actualmente la procuraduría “está capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano”.
A partir de este estudio jurídico, el martes 29 de agosto dos colectivos que agrupan a más de 200 organizaciones ciudadanas, #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, encabezaron una protesta en el Ángel de la Independencia y propusieron una iniciativa más al Senado, que entre otras cosas prevé reducir de nueve a seis años “improrrogables” el periodo de gestión del fiscal general y que se garantice su completa independencia respecto de cualquier partido político.
Hasta ahora ninguna de las bancadas del Senado ha asumido como propia la iniciativa presentada por las más de 200 organizaciones civiles, entre las que se encuentran muchas apoyadas por grupos empresariales y fundaciones que antes estaban aliadas al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este reportaje se publicó el 3 de septiembre de 2017 en la edición 2131 de la revista Proceso.
