Por Carlos Murillo González
Ciudad Juárez es tierra paradigmática de violaciones a los derechos humanos (DDHH) por lo menos desde finales del siglo XX a la fecha con sus feminicidios, desapariciones forzadas, masacres, abusos policiacos, torturas militares, gobiernos corruptos presumiblemente ligados al narcotráfico y ejecuciones extrajudiciales por policías encubiertos en tiendas de conveniencia.
De unos pocos años para acá, los DDHH se pusieron de moda en el discurso, pero en la realidad, incluso muchos de quienes los “promueven” son sus principales detractores. Mientras gobiernos, medios de comunicación, empresas y hasta universidades se disputan eventos y expresan opiniones a favor de los DDHH, para la gran mayoría de la sociedad juarense, sigue siendo una frase abstracta y lejana al habitus de violencia desafortunadamente ya típica de esta ciudad vapuleada, manteniéndose como una de sus principales problemas sociales y de gobernabilidad.
Precisamente es este ambiente de impunidad que viene de las “técnicas” de investigación judiciales para “producir” resultados a base de tortura; de la “metodología” policiaca basada en los golpes y allanamientos de morada; de los miles de casos, denuncias y querellas por atender en los juzgados (¿justicia rápida y expedita?) y, no menos importante, por la parcialidad de jueces incapaces de tomar libremente decisiones autónomas apegadas a derecho. La “guerra” contra el narco tan sólo vino a magnificar esta situación en contra de la sociedad juarense y actualmente se sigue viviendo al desamparo de la ley (anomia).
Abuso policiaco: vuelta a la cultura autoritaria (si alguna vez se fue)
Los niveles de violación a los DDHH por parte del Estado a través de su poder policiaco-judicial (lo cual no excluye a políticos(as) empresarios y transnacionales) reconocido por su incapacidad y/o complicidad en materia de seguridad, son altos (el gobierno mexicano recibió casi ciento ochenta recomendaciones del segundo Examen Periódico Universal de la ONU por violaciones a los DDHH) muchas de estas recomendaciones tienen su lugar en Ciudad Juárez.
La transición hacia el Estado policiaco se hace presente en la figura de Julián Leyzaola durante la segunda gestión de Héctor Teto Murguía como presidente municipal de Juárez. Las violaciones a DDHH cometidas por el ejército y la Policía Federal ahora se trasladan a la policía municipal y luego a la ministerial. Desde antes del 2008, pero de manera explosiva a partir de ese año, la represión policial ya existía, pero ahora aumenta contra ciertos grupos sociales, principalmente jóvenes, pobres, activistas, artistas, maestros(as) y periodistas.
El fenómeno Leyzaola, es un claro ejemplo de la imposición de una persona en un cargo, sin consensar o a pesar de venir arrastrando un proceso penal en su contra por su desempeño en la ciudad de Tijuana. Se impone una lógica de mano dura y de sórdida guerra de baja intensidad en contra de los sectores antes mencionados. pese a las evidencias de la forma de aplicarse la justicia.
La herencia de Leyzaola
A mediodía del jueves 20 de febrero del 2014, los jóvenes Vanessa Vargas y Joaquín Ang, socióloga y abogado, respectivamente, fueron interceptados por una patrulla de policía para realizarles una “revisión de rutina” (sic) cuando se dirigían en bicicleta a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; ante la negativa de estos, fueron sometidos y llevados a una estación de policía.
La detención generó movilización de universitarios, amigos y personas de diferentes organizaciones, principalmente de la Liga Socialista Revolucionaria, de la cual Vargas y Ang son miembros. Ese mismo día por la tarde salen libres y al día siguiente se plantan frente a la presidencia municipal para manifestar lo que es sabido por todos y todas las juarenses: la herencia de Leyzaola para criminalizar y extorsionar a la sociedad continúa en la nueva administración del priista Enrique Serrano.
La sociedad juarense, ante su evidente analfabetismo político, está expuesta al abuso policiaco que favorece la continuación de acciones en contra de los derechos humanos con aprobación tácita del gobierno municipal y estatal. El caso de Vargas y Ang evidencia que sólo ante la organización social el poder del Estado se detiene, por lo menos, para guardar las apariencias de una democracia escasamente decente. Pero quien no conoce sus derechos no puede acceder a la justicia y ese es el caso del 99% de las personas que se detienen y encarcelan sin justificación alguna más allá del instinto violento de las y los uniformados y de la recaudación monetaria resultado de ello.
Hacia el Estado policiaco
Las evidencias de la actuación policiaca nos da una idea de la consolidación de un Estado cada día más alejado de la aceptación de la sociedad y totalmente sumergido en un proyecto hacia un autoritarismo clasista basado en la proliferación del miedo, la militarización de la policía y el despotismo político. Esto se puede detener si de parte de la sociedad las personas se organizan, reaprenden sus derechos y los defienden como a su vida, de lo contrario vamos sin remedio hacia la pérdida de derechos y libertades, hacia la consolidación del autoritarismo.
