El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa, informó que el gobierno incorporará el contenido del informe de la CIDH a la investigación que actualmente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014. Y dijo que habrá una prórroga de seis meses para que los expertos puedan terminar su trabajo.
Al presentar, en la sede europea de Naciones Unidas, los avances de México en materia de derechos humanos, el funcionario reiteró la voluntad del Estado Mexicano “por seguir colaborando de manera propositiva con los organismos internacionales de derechos humanos”.
Dijo que un ejemplo de esta apertura, fue la solicitud de asistencia técnica que México hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la citada Comisión presentó su informe el pasado 6 de septiembre, el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, indicó.
Señaló que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de este Grupo, así como analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”.
“Y teniendo en cuenta que éste ha sido un ejercicio de coordinación con organismos internacionales sin precedentes, se solicitará la prórroga del mandato por seis meses, para que el Grupo de Expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos”.
Esta mañana, el titular del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitará México en el mes de octubre, celebró al informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH sobre los 43 estudiantes desaparecidos hace un año.
En su intervención, durante la apertura de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Campa reiteró “el irrestricto compromiso de México en la promoción y protección de la libertad de expresión”.
“De forma congruente con el enfoque integral que hemos promovido en el seno de este Consejo, hemos llevado a cabo acciones para la promoción de medios libres y diversos, el fomento al acceso a la información, la búsqueda de accesibilidad a nuevas tecnologías de la comunicación sin discriminación y la protección de periodistas y comunicadores”, señaló.
En lo que se refiere a la protección de periodistas y comunicadores, dijo que México ha tomado una serie de medidas que incluyen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
A partir de una reforma constitucional, esta Fiscalía ahora tiene la facultad de atraer investigaciones sobre delitos del fuero común cometidos en contra de cualquier periodista, refirió.
De igual forma, Campa subrayó que se han realizado importantes mejoras en la operatividad del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Con este fin, se está trabajando con Freedom House en este proceso para mejorar la metodología y procedimientos internos del Mecanismo, logrando superar el rezago en el análisis de los casos.
“A esta fecha -destacó Campa-, el mecanismo protege casi a 450 defensores y periodistas, sin un solo incidente grave en los últimos 12 meses”.
Asimismo, subrayó que se trabaja en un proyecto de Ley General contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes que estará basada en los estándares internacionales, y buscará atender las diversas recomendaciones que ha recibido el país.
El proceso de elaboración de esta ley “se desarrolla sobre la base de consultas incluyentes con los actores interesados”.
El funcionario habló asimismo sobre desapariciones forzadas, “otro tema prioritario para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.
Uno de los avances más recientes en esta materia es la reforma constitucional al artículo 73, publicada el pasado 10 de julio, la cual faculta al poder Legislativo para aprobar leyes en materia de desaparición forzada y tortura, y determina un plazo de 180 días para contar con un marco normativo que atienda las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho sobre el tema.
Está lista la propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y por supuesto, atención a víctimas y sus familiares.
Señaló que dicho proyecto tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Notimex
