El primer tribunal colegiado en materia de trabajo negó el amparo a los 229 ex sobrecargos jubilados que pretendieron obtener un monto mayor del pactado con el gobierno federal, por lo que ya no existe impedimento legal para continuar con la compraventa de la marca y los bienes de Mexicana de Aviación por cerca de 817 millones de pesos.
Por unanimidad, los magistrados Perla Pérez, Héctor Arturo Mercado López y Adín Antonio de León Gálvez confirmaron la sentencia de un juzgado de distrito que negó la protección de la justicia federal al pequeño grupo de inconformes al prescribir su derecho sobre un laudo que obtuvieron en 2015, ya que su representación legal abandonó el juicio por más de tres años, señalaron representantes sindicales de pilotos y jubilados.
Este fin de semana, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador determinará si concreta la operación que acordó en enero pasado con los cinco sindicatos que aglutinan a ex trabajadores y jubilados de la extinta empresa. El gobierno federal ofreció en esa fecha 816 millones 700 mil pesos por la adquisición de los bienes, pero por seis meses fue paralizada por el recurso de revisión interpuesto por los más de 200 jubilados.
En entrevista con La Jornada, José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), y Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana, señalaron que tras el fallo del tribunal colegiado “hay luz verde” para continuar la compraventa, que incluye la marca, un centro de adiestramiento y un edificio en Guadalajara y otro en la Ciudad de México.
Confiaron en que el sábado –después de la reunión que sostenga en Mérida, Yucatán, con autoridades federales–, el presidente López Obrador anuncie la compra para echar a andar su propia aerolínea del Estado, que pudiera llevar el nombre de Mexicana.
El gobierno federal ya había anunciado el registro de otras marcas para la nueva empresa del Estado, que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, como Aerolínea Maya, a fin de garantizar el nombre de la firma que iniciaría operaciones en diciembre.
“Ya no hay obstáculo para que el gobierno pueda adquirir los bienes y la marca. Esperamos que en los próximos días, el Presidente esté dando el anuncio de manera correcta, formal y puntual, de que esta compraventa sigue su curso y que próximamente podamos resarcir un poco del daño para los más de 7 mil trabajadores”, que por más de 12 años han demandado justicia, dijo el dirigente de ASPA.
Solicitan prórroga
Guerrero Díaz secundó: “Quedó prescrito el derecho (del grupo de inconformes). Nada más le vamos a decir al Presidente que nos dé una prórroga por todo el procedimiento, la protocolización de la resolución”, para lo que se requieren 15 días.
Los dirigentes aseguraron que los 229 ex sobrecargos jubilados “no quedarán fuera del convenio firmado por las cinco organizaciones sindicales, porque en las mesas de trabajo siempre procuraron que todos quedaran incluidos”.
Sobre lo dicho por la representación del grupo disidente de que hay litigios pendientes, Guerrero Díaz aseveró que al resolverse el tema de fondo, “que es el derecho a ejercer la prescripción del laudo, los demás recursos se caen. Quedó en sentencia firme con la determinación de los magistrados del colegiado”.
Gual manifestó que seguirán exigiendo justicia para los ex trabajadores de Mexicana, y recordó que tres días antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, se canceló la orden de aprehensión librada en 2014 contra Gastón Azcárraga
Fuente: La Jornada
