Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 88 años y nueve meses de prisión a Jesús José Mina Mina por los delitos de violación y abuso sexual agravados y calificados en contra de nueve niñas rarámuri del albergue-escuela de Arareco, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, localizado en la Sierra Tarahumara.
Mina Mina fue declarado culpable el pasado lunes 18, pero ayer los magistrados Lucero Moreno, Aram Delgado y Luis Alberto Simental individualizaron la sentencia, que además incluye un pago de 100 mil pesos por reparación del daño y una multa de 41 mil 413 pesos con 50 centavos.
El caso fue dado a conocer en 2015, cuando el profesor aún laboraba en la escuela Benito Juárez de la comunidad de San Ignacio de Arareco, a 20 kilómetros del poblado de Creel.
Luego de que los padres de familia denunciaron el caso, la comunidad se unió para proteger la identidad de las niñas que en ese entonces cursaban tercero y cuarto de primaria.
De acuerdo con alumnos de la escuela, el delito era cometido frente a ellos a la hora del recreo, pero por miedo no denunciaron los hechos.
En 2015, uno de los estudiantes de 12 años contó a Apro que la comunidad estaba contenta debido a que supuestamente darían cien años de cárcel al profesor, “porque hizo mucho daño”.
Según habitantes del municipio serrano, Mina Mina fue removido de otras escuelas por el mismo problema. Pero en Arareco la gente rompió el silencio. Posteriormente el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) tomó el caso y logró la sentencia que ahora se conoce.
Los padres de familia destacaron que el violador trabajó en escuelas de Baquiriachi, Satevó y Cusárare, pero para evitar “escándalos” el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sólo lo cambiaba de escuela.
Albergue-escuela de Arareco. Foto: Especial
A un costado del pintoresco templo de Arareco –una de las zonas turísticas más conocidas y visitadas por los paseantes, conformada por grandes formaciones rocosas que han esculpido figuras con el paso del tiempo y han dado nombre a los valles del lugar– se ubica la escuela y el albergue. Ahí, el profesor abusó sexualmente de las niñas, en varias ocasiones frente al grupo.
“Nosotros vimos a veces por la ventana del salón”, relató Ariel (nombre ficticio) a Apro en aquella ocasión. El adolescente, quien apenas iniciaba la secundaria, fue testigo de los actos del maestro cuando estudiaba la primaria.
Extrovertido, acostumbrado a conversar con los turistas, Ariel relató que las niñas aún no estaban bien. “Yo no sé si van a poder estar bien (…) el profe al principio era bueno, pero después no. Les pegaba a todos los alumnos (…) con algunos papás era bueno, porque le ofrecía raid a las hijas que vivían lejos”.
El 29 de abril de 2015, un juez del distrito Benito Juárez vinculó a proceso a Jesús José Mina.
De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhm), emitido ayer, a las niñas afectadas les realizaron pruebas periciales ginecológicas y psicológicas, y se determinó que nueve de 11 fueron víctimas de violación por el profesor.
Al momento de ocurrir los hechos, abundó, las niñas eran menores de 14 años y el agresor ejercía su profesión. Las víctimas tenían un vínculo de confianza con él cuando se suscitaron los acontecimientos.
Para que casos como ese no se repitan, el Estado en sus diferentes niveles debería implementar medidas tendientes a prevenir estos hechos, y diseñar e implementar una política integral para garantizar que niñas, niños y mujeres indígenas víctimas de violencia en la entidad cuenten con un acceso oportuno a la justicia, destacó la organización derecho-humanista.
Asimismo, propuso diseñar un plan de supervisión en los albergues y escuelas de educación indígena para garantizar que sean espacios libres de violencia, especialmente de tipo sexual, contra niñas y niños.
“Adicionalmente, se considera que las autoridades deberían realizar una investigación exhaustiva sobre el estado procesal de todas las denuncias de violación y violencia sexual cometidas contra niñas, niños y mujeres indígenas, para garantizar el debido proceso de las sanciones correspondientes a las personas responsables”.
De igual manera, destacó que la Secretaría de Educación y Deporte debería proveer educación sexual integral a nivel primaria, con el objetivo de contribuir a prevenir el abuso sexual infantil o, en su caso, diseñar talleres en la materia dirigidos a las y los alumnos de las regiones indígenas de la entidad.
“Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres reconocemos la labor de los jueces y de la zona occidente de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, pues se atendieron nuestras peticiones para considerar en el desglose de la sentencia protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, así como para impartir justicia por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, mientras que la FEM (Fiscalía Especializada de la Mujer) brindó un seguimiento oportuno y de calidad durante los días que se llevaron a cabo los alegatos”, puntualizó en un comunicado.
Consideró que el caso es emblemático porque se pudo garantizar el acceso a la justicia para un grupo de niñas indígenas en situación de vulnerabilidad, residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en donde fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces profesor, una figura de autoridad y confianza.
“La violencia sexual genera un impacto en las víctimas, en sus familias y en su comunidad inmediata, por lo que desde que el Cedehm recibió el caso, en junio de 2015, les hemos brindado acompañamiento y atención integrales en las áreas jurídica y psicosocial para que las víctimas puedan restablecer sus proyectos de vida. Además, acompañamos a sus familias y comunidad escolar con talleres psicoeducativos para prevenir y/o detectar abuso sexual infantil. Actualmente las niñas se encuentran cursando sus estudios de nivel secundaria”, sostuvo.
El Cedehm llamó al Estado y a las instituciones educativas a capacitarse en materia de detección y prevención del abuso sexual infantil; incluir en sus programas educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes; anteponer el testimonio de las víctimas frente al de cualquier otra figura de autoridad, y actuar oportunamente en la denuncia de casos de abuso o violación sexual.
Finalmente, exhortó a los medios de comunicación a respetar el derecho a la privacidad, intimidad, seguridad e integridad de las víctimas de delitos sexuales; no estigmatizar ni perpetuar estereotipos sobre las personas sobrevivientes de violencia sexual; divulgar contenidos informativos veraces, objetivos y congruentes, que sean sensibles a los derechos de las víctimas y que contribuyan a visibilizar las problemáticas sociales, pero sin vulnerar en ningún momento los derechos humanos.
Fuente: Apro
