Desde que saltó de Villa Kennedy al estrellato en el 2004, el ‘Gran jefe’ y rey del reguetón Daddy Yankee ha vendido unos 20 millones de discos, ha ofrecido cientos de conciertos alrededor del mundo, lanzó dos disqueras y líneas de ropa, perfume, relojes y zapatos, ha protagonizado una película y campañas publicitarias internacionales, sin embargo, durante esa fructífera trayectoria sus empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. han reportado mayormente un capital anual de menos de un millón de dólares o pérdidas.
Solo sus conciertos dejan enormes cantidades de dinero después de los gastos de rigor, ganancias que fluctúan, pero que superan los doscientos mil dólares por cada uno de ellos, según documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A las ganancias de los conciertos se agregan las regalías de sus discos, los auspicios de marcas como Pepsi y Reebok, su participación en programas radiales y televisivos, y las ventas de todo tipo de artículos de la marca del artista, entre otros productos comerciales creados por su emporio familiar de negocios.
El cuadro financiero que las dos compañías han pintado ante el erario durante la década de éxitos comerciales y giras mundiales de King Daddy, contrastan además con su estilo de vida. Al 2015, el cantante, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala, y su esposa Mireddys González Castellanos tenían un total de ocho propiedades en Puerto Rico, incluyendo su residencia en Vista Mar Marina y su finca El Cartel en la Hacienda Carabalí de Luquillo, y dos propiedades en Florida, según declaró el propio cantante a la corte federal en un interrogatorio.
Asimismo, alquila periódicamente para sus paseos de placer el yate de 100 pies Now We Are Here en la marina Puerto del Rey de Fajardo, que tiene un costo semanal estimado de US$ 30.000, informaron dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.
El nombre de Daddy Yankee salió a relucir junto a una larga lista de ricos, poderosos y criminales del mundo vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca (MF) en la megainvestigación internacional ‘Panama Papers’ del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés). La organización periodística obtuvo 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca –incluyendo récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad– que fueron analizados durante un año por 376 periodistas de 109 medios aliados alrededor del mundo, entre los que figura el CPI en Puerto Rico.
MF es un despacho multinacional que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias ‘offshore’ para sus clientes, y en proteger a toda costa su identidad.
Ayala surge dentro de la pesquisa como eje de un complejo esquema corporativo montado para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú a cambio de la transferencia de US$ 350.000 a una cuenta bancaria en el extranjero. El entramado de empresas incluye a una compañía llamada Arion Investments LLC incorporada en Nevada en el 2006 por personal de MF como un “shelf company”.
Arion adquiere los derechos del citado concierto por US$ 250.000 del entonces representante de Ayala, Cárdenas Marketing Network, y dos días más tarde los revende a una empresa peruana, Expectar Producciones SRL, por US$ 350.000. La compañía Arion Investments fue incorporada a petición de un “cliente”, según trasciende en los intercambios de los correos electrónicos de empleados de MF, que nunca lo identifican por nombre sino por un número.
Los US$ 350.000 serían transferidos por la productora, según el contrato en manos del CPI, “72 horas después de la presentación del espectáculo” de Daddy Yankee a una cuenta a ser informada “oportunamente” por Arion. El documento estipula que Expectar también pagaría US$ 70,000 directamente al artista, así como la negociación de una compensación económica adicional no estipulada, y otras condiciones como el pago de los traslados y dietas del artista y su equipo, más los gastos de producción.
El concierto finalmente fue celebrado el 10 de junio de 2006 en el Estadio de la Universidad San Marcos de Lima y los dineros fueron transferidos en pagos a Arion el 19 de enero, el 5, 12, y 25 de septiembre, y el 29 de diciembre de 2006 por $ 226.753, y el 10 de enero, 16 y 20 de marzo de 2007 por $ 123.247, según detallan documentos de la Fiscalía Peruana relacionados con un caso contributivo posterior contra la productora.
El mencionado contrato establece que el artista tenía un contrato adicional con Arion, pero dicho documento no figura entre los expedientes de MF obtenidos por el CPI.
Cuando se busca quién o quiénes son los dueños y oficiales de la entidad corporativa Arion para saber el destino final del dinero, resulta que son otras dos corporaciones, pero esta vez sociedades anónimas panameñas, Hillard Enterprises S.A. y Fergus International S.A., también registradas por personal de MF. Es decir, no es posible dar con el beneficiario último de las ganancias del contrato por el concierto del reguetonero boricua. Las tres empresas fueron creadas por MF para propósitos no especificados, y ninguna realiza actividades comerciales conocidas. Los oficiales firmantes en las tres corporaciones son las mismas personas: empleados de MF que han participado en la creación de decenas de miles de otras corporaciones registradas por la firma, según revela la investigación de ICIJ.
Arion Investments fue adquirida por un cliente al cual no se identifica y a nombre de quien MF y su personal realiza todas las gestiones, incluyendo el envío de cartas al banco de Curazao Exprinter Bank, con sucursal de Nevada, para la creación de una cuenta bancaria un mes después del concierto, según se desprende de correspondencia interna de MF. El contrato entre Arion y Expectar en poder del CPI fue enmendado para incluir presentaciones adicionales del artista en Perú por lo menos hasta el 2009, pero se desconoce si se realizaron transferencias de fondos a través de Arion por conciertos posteriores.
Ayala declinó conceder una entrevista al CPI para contestar preguntas sobre el tema de sus finanzas corporativas y aclarar su relación con estas compañías a través de su relacionista público, Helga García. Tampoco proveyó información solicitada sobre sus conciertos en los pasados 10 años. García indicó que la solicitud del CPI era “complicada” y que Daddy Yankee se encontraba fuera del país participando de ‘La Voz Kids’. Solicitó señalamientos específicos para que los asesores del cantante, incluyendo a su abogado Edwin Prado, pudiesen evaluar y responder, lo cual el CPI hizo de inmediato por escrito, pero tampoco fueron contestados. Prado representó en el pasado a otro de sus clientes del mundo del reguetón, Raphy Pina de Pina Records, quien fue convicto a nivel federal por un esquema de fraude y lavado de dinero.
Posterior al contrato con la productora peruana Expectar, Daddy Yankee contrató en el 2010 con la compañía de producción Argentina Five Live Entertainment para realizar una gira de 10 conciertos por US$ 1,3 millones. Nuevamente, el monto solo correspondía a los derechos de la venta de los conciertos, ya que el productor se comprometía en el contrato a asumir todos los gastos de los eventos, incluyendo promoción, alquileres, transportación, equipo y hospedaje. En esta ocasión, representó al artista la empresa Ícaro Services, Inc., incorporada en Florida en 2008 por el colombiano Edgar Baldiri Martínez.
Los dineros fueron transferidos a una cuenta de Citibank en Florida, según corroboró el CPI en una multimillonaria demanda federal que el artista perdió en el 2013 por la cancelación de los conciertos, difamación y la presunta apropiación de $ 800.000 equivalentes a los dineros prepagados al artista por Argentina Five. El jurado le impuso una sentencia a Daddy Yankee, a El Cartel Records, y a su agente Icaro Services por $ 6 millones, que la corte luego redujo a $ 2,2 millones que no han sido pagados. El caso está en apelación, pero la corte está en el proceso de embargar cuentas y activos para garantizar el pago de la sentencia.
Tanto la información sobre las transferencias de pagos del concierto de Perú, como las de la fallida gira de Argentina revelan la magnitud de las sumas que los productores de cada país pagan solo por los derechos de los conciertos. En el citado pleito federal el propio cantante declaró bajo juramento que los pagos por sus espectáculos varían, pero rondan los $ 100.000 por cada concierto a él y otros $ 100.000 a El Cartel Records, según declaró la contralora de la empresa y su cuñada, Ayeicha González.
Las empresas domiciliadas en Puerto Rico tienen que informar al Departamento de Hacienda todos sus ingresos, incluso los que generen por ventas o servicios fuera de la Isla, según afirmó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, a preguntas del CPI sobre las leyes contributivas que aplican en general a las empresas que hacen negocios en el extranjero. Asimismo, indicó que dichas corporaciones tienen que conservar sus libros contables y tenerlos disponibles para inspección de la agencia.
Reacciona MF a la filtración de los ‘Panamá Papers’
En declaraciones escritas al ICIJ sobre las operaciones de su firma para crear corporaciones y cuentas ‘offshore’, las imputaciones de que facilita la evasión contributiva y el lavado de dinero, y sus clientes con expedientes criminales, la empresa afirmó que “no promueve actos ilegales”.
“Sus alegaciones de que proveemos a los accionistas con estructuras supuestamente diseñadas para ocultar la identidad de sus dueños reales no están sustentadas y son falsas”, indicó MF. Ramón Fonseca Mora, cofundador de la firma y hasta hace un mes asesor activo del presidente de Panamá Juan Carlos Varela, quien pidió una licencia indefinida al puesto para defender la honra de su firma.
Fuente: El Tiempo