Por Luis Javier Valero Flores
Perdida en el tráfago de las declaraciones y hechos posteriores a las recientes elecciones, el 16 de julio, el Gobernador César Duarte expresó enfáticamente que no se impondrían cuotas escolares: “No estamos jugando, no es un tema de generar de nuevo concesiones graciosas a algunos. Es una decisión generalizada a todo el sistema educativo público, que de ninguna manera se pueden imponer cuotas a los estudiantes”.
Más aún, anunció la imposición de sanciones administrativas, o cese definitivo, a quien exigiera cuotas escolares en la inscripción en las escuelas públicas.
“Quien asuma el cobro indebido de cuotas escolares, será sancionado”, afirmó enfático el ballezano, precisando que se hará, “conforme a lo estipulado desde hace meses cuando a través de la Secretaría de Educación se establecieron módulos para recibir las denuncias respecto a este tema”, y en seguimiento de una comunicación publicada en los medios impresos, días antes de las elecciones, en las que, incluso, se publicaron los números telefónicos para hacer las denuncias.
Tal precisión, del titular del Poder Ejecutivo, era necesaria y con esa rotundez, pues en los días previos se habían dado otras expresiones que dejaban lugar a dudas, sobre todo las provenientes de las agrupaciones de padres de familia y de algunos otros actores políticos y sociales que, con el pretexto de que el Estado “no cuenta con los recursos suficientes para el mantenimiento y rehabilitación de los centros escolares”, debería acudirse a la “participación” de los padres de familia a fin de otorgarles a los educandos todas las instalaciones necesarias para la buena impartición de la educación.
Pero tales posturas van exactamente en sentido contrario de lo que hasta ahora había sido una de las premisas básicas de los gobiernos de la república, y a partir de la descentralización educativa, también de los gobiernos estatales.
Sin embargo, durante décadas se había permitido, o solapado, el contubernio entre autoridades educativas y agrupaciones de padres de familia que, en plena opacidad -muchas de ellas-, ejercían inconmensurables presiones a los jefes de familia a fin de obtener las multimencionadas cuotas escolares, de cuyo destino y manejo -con excepciones- nunca se daba cuenta.
Pero ahora, encubriéndose con una línea de la reforma educativa aprobada recientemente, en la que se hace mención a que las agrupaciones de padres de familia podrán ejercer la libertad para agenciarse recursos económicos para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones escolares, se pretendía abrir una rendija para acabar con la gratuidad de la educación impartida por el Estado.
Y tal gratuidad incluye -debe incluir-, además del sostenimiento del personal académico y administrativo, las instalaciones adecuadas para la educación. Todo eso no puede estar sujeto a las capacidades económicas de los padres de familia (de ahí, por ejemplo, la sugerencia del uso de uniformes escolares, para que no se evidencien, en el salón de clases, las diferentes capacidades económicas, y no puedan generarse de este hecho acciones discriminatorias), tal y como de repente algunas autoridades expresan la posibilidad de establecer, por ejemplo, trabajos “voluntarios” de los padres de familia que no cuenten con los recursos necesarios para cubrir, por ejemplo, el pago de clases extras de inglés o computación.
Bueno, pues tales clases se pueden impartir a quien quiera tomarlas, o a que sus padres envíen a sus hijos, pero de ninguna manera se pueden impartir -si se cobra- en las instalaciones de las escuelas oficiales, porque entonces el negocio educativo se hará usando los recursos de toda la sociedad en beneficio de unos cuantos.
Y contra la opinión de quienes sostienen que “el gobierno no se puede hacer cargo de todo”, esta es una de las actividades que más señaladamente forman parte de las obligaciones irrenunciables del Estado, la impartición de la educación, además de gratuita y obligatoria en el caso de la básica, debe ser prioridad de cualquier gobierno, y la vigilancia acerca de la verdadera gratuidad, uno de sus objetivos centrales, más si se toma en cuenta que el tema de la educación es uno de los ejes centrales de la actual administración estatal, razón por la que evitar que aparezca cualquier signo discriminatorio, exactamente cuando los infantes inician su educación.
Es un asunto que repercutirá seriamente en el futuro, no solo mediato, sino inmediato, en ello va empeñada la palabra del gobernante.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: luisjaviervalero.blogspot.com
Twitter: /LJValeroF
