El comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, responsabilizó a la sociedad del nivel de violencia e impunidad que prevalece en la capital de Guerrero, al señalar que las autoridades requieren de una denuncia para actuar, y las personas, a pesar de que saben quiénes son los delincuentes, guardan silencio.
Por su parte, comerciantes y empresarios capitalinos cuestionaron al general de brigada por la falta de seguridad en la capital de la entidad, donde la narcoviolencia persiste a pesar de la presencia del Ejército y policías de los tres niveles.
Al respecto, el empresario materialista Carlos Bahena Wences dio a conocer que recientemente fue secuestrado, por lo que criticó la indolencia gubernamental al argumentar que de todos los casos de plagio registrados en esta ciudad y que han sido denunciados ante autoridades ministeriales, en ninguno de ellos se ha hecho justicia.
Lo anterior durante una reunión privada entre representantes del sector económico de Chilpancingo con el jefe militar designado en el cargo en diciembre, en sustitución del general Alejandro Saavedra Hernández, quien fue ascendido como comandante de la IX Región Militar en Guerrero.
El divisionario Saavedra Hernández ha sido cuestionado públicamente por su presunta omisión o complicidad en el caso de la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Durante su administración como comandante de la 35 Zona Militar, Saavedra Hernández era el jefe directo del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuyos mandos han sido señalados por sus presuntos nexos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.
El encuentro, realizado esta mañana en un restaurante al sur de esta ciudad, fue convocado por el líder de la Coparmex en Chilpancingo, Jaime Nava Romero, quien asumió funciones de vocero gubernamental, y por ello anunció un nuevo operativo federal, donde Ejército y Policía Federal (PF) se van a encargar de confrontar las protestas sociales por el caso Ayotzinapa para “restablecer el orden y reactivar la economía”, indicó.
Nava Romero festinó la decisión del gobierno federal de enviar más de mil agentes federales y 3 mil soldados a Chilpancingo para contener las manifestaciones porque, aseguró, pareciera que en Guerrero no hay ley.
Al término del encuentro, el dirigente de comerciantes dijo que espera que la estrategia federal para evitar expresiones de inconformidad social por el caso Ayotzinapa también revierta la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en Chilpancingo y el resto de la entidad.
Además, consideró que la narcoviolencia es consecuencia del nivel de corrupción y omisión de las autoridades, pero dijo que no le corresponde al sector empresarial presentar denuncias ante autoridades ministeriales para que se investiguen los presuntos nexos de políticos con la delincuencia.
Cuando se le preguntó si esa postura no representa un acto de complicidad de los empresarios con los delincuentes, como lo sugirió el jefe de la 35 Zona Militar, quien exhortó a la sociedad a denunciar los delitos, Nava Romero admitió que se ha limitado a utilizar medios de comunicación para hacer denuncias públicas.
Pero reiteró que es deber de las autoridades investigarse entre ellos mismos para deslindar responsabilidades.
Por su parte, miembros de la Coparmex informaron a Apro que durante la reunión, el comandante de la 35 Zona Militar fue cuestionado por la ausencia de autoridad que prevalece en la capital, donde la delincuencia sigue cometiendo impunemente asesinatos, secuestros y extorsiones.
La respuesta del general Raúl Gámez a las quejas de este sector fue prácticamente un deslinde de su responsabilidad, al argumentar que las autoridades requieren de una denuncia para actuar, y la sociedad sabe quiénes son los delincuentes pero no dice nada, indicó.
Fuente: Proceso
